El joven maestro en Estudios Políticos, Julián Bonilla, ha estado haciendo el seguimiento al proceso educativo desencadenado desde la crisis universitaria nacional que arranca con altibajos desde marzo de 2011. Ahora, él nos remite el programa propuesto por el candidato a rector, el colega Leopoldo Múnera, quien es egresado de la carrera de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctorado en ciencia política por la Universidad de Lovaina, ha sido decano y vicerrector cuando la rectoría de la Universidad Nacional estuvo en cabeza de Víctor Manuel Moncayo.
Consideraciones preliminares
La propuesta permite abrir la discusión en torno a problemas fundamentales, en particular, la institución histórica de la autonomía, así como las relaciones siempre conflictivas entre ciencia y política, el rango de los saberes y las ciencias, y el papel de la ciudadanía y los intelectuales en u lugar como Colombia, donde el orden capitalista tiene una expresión aguda, extremando las distancia entre pobres y trabajadores, por un lado, y elites y capitalistas individuales y colectivos; y cuando el régimen de acumulación global también se ha transformado y se reproduce con una tensión permanente entre guerra y democracia.
Para ser más precisos, Colombia experimenta el tránsito entre el discurso de la guerra como política principal del Estado, que definió los dos gobiernos de Álvaro Uribe bajo la divisa de la "seguridad democrática", y que ahora exhibe un leit motiv diferente, la "prosperidad democrática", que trascurrido algo más de un año muestra qué entiende el presidente Santos y su equipo por tal.
Una de las pocas victorias iniciales contra esta agresiva expansión económica del discurso y la práctica neo-liberal con el manto de la tercera vía, ha sido la lucha estudiantil nacional que logró retirar la reforma neo-liberal, vergozante, del bien común de la educación superior. Este, por lo demás, siempre ha sido un beneficio para pocos, un oligopolio en poder y control de los privilegiados, poseedores de un determinado capital social y cultural, mal distribuido, porque ha sido expropiado del conjunto de la población, cuyas multitudes han sufrido la exclusión, la segregación y la dominación autoritaria.
La Universidad Nacional, en parte, revela esta composición del privilegio, pero al mismo tiempo es el núcleo de la protesta y la rebeldía que tiene concreción en la ampliación hacia abajo de los estratos y sectores de la clase media, que se ha ampliado en los últimos 25 años, legal e ilegalmente. Los estratos 1 y 2, conectan a pobres y clase media, sobre todo en la población que se agolpa en Bogotá, con una representación menguada de las regiones del país, que amerita ser explicitada por reflexiones más puntuales.
En todo caso, en esa composición se resume el papel protagónico que los sectores medios tienen en la vida intelectual y científica del país, con sus deformaciones y potencialidades. Pero, la gran diferencia la hace el que Negri y Hardt, y otros autores actuales llaman el "monstruo político", las multitudes movilizadas globalmente en una revolución democrática sin precedentes, quienes han sacudidos todos los órdenes políticos y sociales, y puesto en entredicho el rumbo de la globalización capitalista.
América Latina es caja de resonancia y espacio-tiempo para la innovación y lo nuevo dinamizada por la presencia activa del monstruo democrática que agrieta el disciplinamiento del populismo y el control neo-populista .
Colombia resulta ser hasta hace poco, un nodo de contradicciones, entre lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, exarcebado por los extremos insultantes de miseria y riqueza, y por la presencia vigorosa, desbordada de una pujante oleada humana, desplazada de sus lugares "naturales", exiliada por la guerra social, y que a la vez anima, contra su voluntad, la miríada de procesos de acumulación "originaria" del capital.
La Universidad Nacional, entretanto, tiene una raquítica presencia en esos procesos que se dan en las cuatro esquinas del país, y sus sedes, con excepciones se hacen eco de estas hondas transformaciones, por lo que, no hay duda, como lo sugiere este programa, es necesario que la Universidad Pública sea nacional, a la vez que regional, latinoamericana y global, añadiríamos nosotros.
Bueno, es tiempo para la reflexión y la discusión, y esta propuesta que publicamos con alguna edición para hacer más legibles párrafos demasiado largos está a la vista de la comunidad universitaria, el país, y la sociedad civil internacional y globalmente interpelada y desafiada por los mismos problemas. N de la R.
Programa para la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, 2012-2015
Candidato: Leopoldo Múnera Ruiz
La Universidad Nacional de Colombia atraviesa una crisis presupuestal y financiera, y enfrenta un desafío a su liderazgo dentro del conjunto de la educación superior colombiana, que implican una amenaza a su autonomía, su carácter público y su nivel académico. En los próximos años tiene el reto de fortalecer su legitimidad social, afirmar su carácter nacional y público y responder con creatividad a los retos internos y externos que tiene el país en términos del conocimiento académico para no insertarse acríticamente en los procesos de globalización.
Únicamente la comunidad universitaria, como sujeto activo de la autonomía institucional y sistémica que define a la universidad, puede convalidar la pertinencia social de un saber científico, técnico y artístico independiente orientado hacia el buen vivir de los colombianos y colombianas.
La universidad-empresa, centrada en la producción de mercancías cognitivas, o la universidad meramente adaptativa, que silencia su voz para evitar los ecos sociales e institucionales generados por la crítica intelectual, están destinadas a desfigurar su horizonte y su sentido histórico. El presente programa se fundamenta en la intención explícita de actualizar la función social que desde su creación le ha sido asignada a la Universidad Nacional de Colombia.
I. Principios orientadores internos.
I.1. Autonomía y responsabilidad pública: La autonomía universitaria, entendida como la facultad regulada de autodeterminación académica, administrativa, presupuestal y social de las universidades, es un principio connatural a su existencia. Además, en América Latina tiene una historia propia, pues a partir de la Reforma de Córdoba de 1918 se constituye en una conquista de la comunidad universitaria, promovida particularmente por los estudiantes, frente a la injerencia indebida de los centros de poder político, económico y cultural en la producción, reproducción y transformación del conocimiento académico.
La autonomía incluye, junto a la autodeterminación, la libertad de cátedra e investigación, y la independencia social y política del saber académico, que desde el surgimiento de la modernidad se configura bajo la pretensión de ser una forma de conocimiento abierta y antidogmática, pues solo debe responder a sus propias reglas, temporales y cambiantes, y cuyas posibilidades de transformación residen en su potencialidad crítica y autocrítica.
No obstante, la autonomía existe en un campo de tensión política, donde los centros de poder externos a las instituciones académicas tienden a restringirla para ampliar sus ámbitos de influencia. En los últimos treinta años a los limitantes impuestos por los actores políticos, particularmente por el Estado, se han venido sumando en forma determinante los limitantes provenientes de las políticas fiscales derivadas de los programas de ajuste económico propios de los ciclos de liberalización de los mercados y de los intentos por convertir la educación superior, como un bien y un servicio cognitivo, en una nueva fuente de acumulación de capital.
En Colombia, las disposiciones legales han reconocido el ejercicio restringido de la autonomía universitaria en cabeza de los Rectores y los Consejos Superiores, y no de las comunidades académicas y universitarias, tal y como sucede en las principales universidades latinoamericanas. En la Universidad Nacional de Colombia la centralización del poder ocurrida en los últimos ocho años ha ido relegando a la mayoría de las comunidades académicas que la conforman a la condición de sujetos pasivos de las decisiones que se adoptan en su nombre.
Sin embargo, cuando las tendencias hacia la heteronomía se convierten en una amenaza para las universidades públicas pues tienden a desvirtuar su naturaleza, solo las comunidades académicas, y la comunidad universitaria en su conjunto, como sujetos activos de la autonomía, pueden garantizar la independencia necesaria para que las universidades existan como tales y para que el conocimiento científico, técnico y artístico no sea reducido a un dogma funcional a los intereses de los centros de poder político, económico o cultural externos a las instituciones de educación superior.
Este reconocimiento como sujetos activos implica que las comunidades asuman plenamente frente al conjunto de la sociedad colombiana, en relación con el cual se constituyen y adquieren sentido sus funciones esenciales, la responsabilidad pública que implica la función social de garantizar la independencia del saber académico, la pertinencia del mismo con respecto al conjunto de la sociedad colombiana y el buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Por consiguiente, la autoevaluación pública, la hetero-evaluación y los planes de mejoramiento efectivos realizados de acuerdo con objetivos previamente establecidos, consensuados, y legitimados socialmente implica un correlato necesario de la autonomía ejercida por las comunidades académicas y la comunidad universitaria. Además, la Universidad Nacional de Colombia debe ser un punto permanente de referencia del sistema universitario colombiano por la transparencia en sus procesos administrativos y académicos, por la formación de profesionales que asuman éticamente su condición de ciudadanas (os) y sujetos sociales y por la producción de saberes científicos, técnicos y artísticos que respondan a las necesidades de conocimiento de la población colombiana.
I.2. Procesos públicos y diversidad de los saberes:
La condición de institución pública de la Universidad Nacional de Colombia no puede limitarse a la financiación por parte del Estado o a su pertenencia orgánica al mismo, a su carácter no confesional y a la prestación de un servicio público, que también suministran las instituciones privadas. Su naturaleza pública debe residir en los procesos que la conforman:
A. La constitución de comunidades regladas con acceso abierto o sujetas a criterios de selección con pretensiones de objetividad, características de los concursos para la vinculación de los profesores y de los exámenes para la admisión de los estudiantes. Empero, la universidad no puede ignorar los mecanismos sociales de selección previa que restringen el acceso de candidatos con bajos capitales económicos y sociales, o incrementan su deserción, con respecto a quienes debe desarrollar acciones afirmativas claras.
B. El carácter irreductible del bien, el uso y el interés común, en virtud del cual la apropiación de lo colectivo implica la disolución de lo público. El conocimiento académico, en general, y los bienes materiales e inmateriales de la universidad no pueden ser sometidos a formas institucionalizadas y sistemáticas de apropiación privada o de mercantilización sin perder su naturaleza pública; por consiguiente, el ánimo de lucro con respecto a la educación superior debe ser descartado, así como la subordinación de las funciones esenciales de la universidad a los principios mercantiles.
C. La formación de pertenencias e identidades colectivas heterogéneas sobre un principio de pluralismo político y social. La universidad debe garantizar institucionalmente, dentro de los principios éticos y de convivencia que la constituyen, la difusión pública de las opiniones de todos sus miembros, sin privilegiar la de algunos de ellos debido a criterios de afinidad con quienes ocupan los cargos directivos.
D. La búsqueda de visibilidad de las decisiones que se toman en nombre de la colectividad y de los procedimientos para adoptarlas. Las normas, los convenios, los contratos, las actas y las decisiones de los cuerpos colegiados deben estar a disposición de toda la comunidad y del público en general.
E. La regulación de las relaciones sociales con pretensiones de universalidad y equidad sobre la base del reconocimiento de la diferencia. La particularidad normativa que tiende a favorecer a un determinado sector en detrimento de los otros, sin que medie ningún principio de justicia redistributiva es contraria a lo público. F. La formación de consensos, en condiciones de libertad e igualdad, de acuerdo con reglas de juego predefinidas, para intentar construir una voluntad común. Los mecanismos democráticos de adopción y legitimación de las decisiones colectivamente vinculantes son inherentes a lo público y su desconocimiento implica la privatización de los procesos que los constituyen.
Los procesos públicos parten de la aceptación de la naturaleza irreductiblemente diversa de cada una de las comunidades académicas que conforman la universidad y de la necesidad de realizar la construcción institucional dentro de la convivencia de lo heterogéneo. Dicha diversidad implica una conflictividad permanente dentro de relaciones de poder que no pueden ser suprimidas en virtud de un principio de autoridad sin que se impongan prácticas dogmáticas.
En consecuencia, la institución universitaria se fundamenta en la garantía para que los saberes diversos se desarrollen plenamente y se vean representados en las decisiones que se adoptan a nombre de la colectividad y para que las comunidades que los producen o hacen circular puedan participar en forma activa y decisoria en la definición del sentido institucional.
I.3. Integridad académica y solidaridad presupuestal:
La excelencia académica es una condición de existencia de la Universidad Nacional de Colombia. En consecuencia, la comunidad universitaria necesita evaluar las reformas que se han implementado en los últimos años, los efectos de la ampliación de la cobertura con una planta docente congelada, la renovación de la misma en casi una tercera parte y las modificaciones en la planta administrativa, a partir de una concepción integral de la academia. En virtud de esta, el rigor académico debe ser entendido como parte de un conjunto unitario, junto a las condiciones básicas de bienestar para todos los miembros de la comunidad universitaria y a la interrelación con los otros actores sociales, en función de las necesidades de la mayoría de la población colombiana. Por tal razón, es indispensable definir criterios claros y consensuados para realizar dicha evaluación, con el propósito de reforzar los procesos que apreciemos como acertados y corregir los que valoremos como equivocados.
En tal sentido, debemos considerar al menos los siguientes aspectos que nos permitan hacer una comparación con las principales universidades de América Latina: pertinencia de las actividades académicas para el país; flexibilidad, fortalecimiento disciplinar y apertura interdisciplinaria; condiciones materiales e institucionales en las que se está realizando la investigación, la docencia y la extensión; perfil concreto de los profesionales, científicos y artistas que estamos formando; integración entre las tres funciones básicas de la universidad: investigación, docencia y extensión; diversidad de la política investigativa; tipo de interrelación con los demás actores sociales; modelos pedagógicos implementados; sentido burocrático o académico de las reformas administrativas y las políticas de mejoramiento de la gestión y participación de los profesores y estudiantes en la construcción colectiva del proyecto académico.
El plan de mejoramiento resultante debe constituir uno de los ejes para definir las prioridades de inversión, de acuerdo con una solidaridad presupuestal interna que sin desconocer el esfuerzo individual de cada una de las unidades académicas de la universidad permita crear un fondo común para enfrentar los principales desafíos de la Institución. Asimismo, debe convertirse en un elemento de legitimación de un programa de inversiones que será presentado al gobierno central como un requisito indispensable para desarrollar una academia pública de excelencia en Colombia.
II. Proyección hacia el sistema educativo nacional.
II.1. Misión histórica de la Universidad Nacional de Colombia: La U.N debe asumir plenamente su misión histórica como núcleo del sistema educativo nacional. Para tal efecto, es necesario que se convierta en el eje de articulación del subsistema de educación superior mediante sinergias académicas con las universidades regionales, que ejerza el liderazgo en los órganos que definen las reformas, los planes y las políticas públicas para el sector, y que proponga un plan ambicioso de integración sistémica, tanto para la educación superior como para el conjunto de la educación.
II.2. El subsistema de educación superior: El carácter nacional de la universidad debe ser entendido de acuerdo con los principios siguientes:
II.2.A. Integralidad: La Universidad Nacional debe ser una institución de referencia para la investigación, formación e interrelación con el conjunto de la sociedad. En tal medida, debe coadyuvar para que se generen procesos regionales de diferenciación sistémica alrededor de nodos que cumplan con las tres funciones básicas de la universidad, en los cuales todas las sedes están llamadas a jugar un papel fundamental, y posibilitar que se haga el tránsito de lo regional a lo nacional dentro de lógicas de cooperación y solidaridad institucional y académica.
II.2.B. Inclusión: Como ya lo ha hecho con las sedes de frontera, pero de forma aislada, la Universidad Nacional debe facilitar la integración cultural de las regiones del país donde la educación superior está ausente. No obstante, la Universidad debe flexibilizarse para ayudar a construir nuevas instituciones técnicas y tecnológicas, y para unir esfuerzos con otras universidades públicas destinadas a conformar los nodos regionales.
II.2.C. Participación: La Universidad y, en general el conjunto de las universidades públicas, no puede ser un actor marginal en los organismos de definición de los planes, las políticas públicas y las reformas para el sector. Por consiguiente, es necesario que promueva la reorganización institucional de todas las instancias de acreditación, aseguramiento de la calidad, promoción de la educación y la investigación, interrelación entre lo público y lo privado, inversión y subsidios o créditos para los estudiantes, de tal manera que la presencia de las universidades públicas en el gobierno externo de la educación superior sea determinante.
II.2.D. Proyección e integración: La Universidad Nacional debe dinamizar las redes de trabajo de las universidades públicas latinoamericanas con el propósito de crear y fortalecer sinergias académicas, construir indicadores complejos y regionales de calidad que nos permitan tener planes de mejoramiento basados en una hetero-referencia que no desnaturalice el carácter público de la institución, crear o consolidar sistemas públicos de evaluación y acreditación con un alcance regional, e incluso proponer un sistema público de educación superior para América Latina que garantice la movilidad de profesores y estudiantes. Desde luego, sin que este propósito vaya en desmedro de la cooperación con universidades de otros continentes o de otras tradiciones lingüísticas.
II.2.E. Diversidad: La diversidad cultural y étnica de Colombia obliga a la Universidad Nacional a participar en forma decidida en la creación y consolidación de la universidad o pluriversidad de los pueblos indígenas y afrocolombianos y de las comunidades campesinas, dentro de una lógica intercultural.
II.3. El Sistema Nacional de Educación: La universidad no puede seguir institucionalmente de espaldas a lo que está sucediendo en la educación media y básica. Lo cual, además, repercute indirectamente en la superior. En consecuencia, debe emprender la tarea de analizar y hacer recomendaciones para el conjunto del sistema nacional de educación.
III. Propuestas concretas
III.1. Gobierno Universitario: Entre las principales universidades de América Latina, el gobierno de la Universidad Nacional de Colombia es uno de los que menos garantiza la participación de la comunidad académica y universitaria, generando así problemas internos de legitimidad e impidiendo la construcción de un sentido común compartido. Por consiguiente, para reforzar la autonomía de las comunidades académicas y de la comunidad universitaria y dentro del contexto del Decreto 1210 de 1993 se propone:
III.1. A. Nombramiento reglado del rector, los decanos y directores de los institutos inter-facultades o inter-sedes de acuerdo con los criterios siguientes: consulta a la comunidad universitaria (55%), trayectoria académica (25%), experiencia administrativa (10%), entrevista por el órgano nominador (10%). La evaluación de la trayectoria académica y la experiencia administrativa debe realizarse y publicarse antes de la consulta, de acuerdo con criterios objetivos y públicos. En las Facultades para nombrar a los Directores de Departamento y de los Programas Curriculares se tendrá en consideración la consulta a los profesores (60%), la trayectoria académica (30%) y la entrevista (10%).
III.1.B. Otorgarle poder decisorio y consultivo obligatorio a los claustros y colegiaturas de acuerdo con los criterios siguientes: a. La iniciativa de las reformas estatutarias, académicas y administrativas y los mecanismos de evaluación de la calidad y pertinencia debe estar en cabeza del Rector, el Consejo Académico (en el cual se ampliará la representación profesoral y la estudiantil a tres miembros; los vicerrectores participarán con derecho a voz, pero no a voto) o la Colegiatura Nacional, con la aprobación de la mayoría absoluta, mitad más uno, de los asistentes.
En cualquier caso, para que el Consejo Superior adopte una de estas reformas debe contar con la mayoría absoluta de los miembros de la Colegiatura Nacional, a menos que esta no pueda reunirse por motivos ajenos a la dirección de la universidad o no llegue a formar el quórum necesario para su funcionamiento. b. La aprobación de los planes de desarrollo institucional deben contar con el voto mayoritario de los asistentes, en sus respectivos niveles, a la Colegiatura Nacional, las Colegiaturas de Sede o los Claustros de las Facultades.
Si por razones ajenas a la dirección de la universidad estos organismos colegiados no se pueden reunir o no tienen el quórum necesario para su funcionamiento un mes antes de la adopción del plan respectivo se omitirá este requisito. c. Para la aprobación del presupuesto y la creación o supresión de programas académicos es necesaria la consulta previa a la Colegiatura Nacional, en el primer caso, y a la Colegiatura de Sede, en el segundo.
III.1.C. Los Consejos de Facultades serán reformados de tal forma que en su composición queden con la estructura siguiente: representantes de la comunidad universitaria (55%): profesores (55%), estudiantes (35%) y egresados (10%). (Las minorías deben estar representadas).
III.2. Cobertura, bienestar y redistribución: En 2010, el 42% de los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional correspondía al “estrato socioeconómico uno y dos” de la población colombiana. De acuerdo con la investigación más rigurosa sobre la deserción estudiantil que se ha realizado en la Universidad, este grupo concentraba las dos características principales que llevaron a la pérdida de la calidad de estudiante en las cohortes que ingresaron entre los primeros semestres de 1996 y 1998 y cuya permanencia fue observada hasta el primer semestre de 2005: la “vulnerabilidad económica” y la “vulnerabilidad académica”. Asimismo, el estudio registra que el 49% de los estudiantes de la Universidad Nacional se desvincularon al menos una vez en su trayectoria académica y que el 29% desertaron definitivamente.
El informe, a partir de un análisis complejo, hace una serie de recomendaciones relacionadas con el bienestar de los estudiantes que no han sido consideradas para formular políticas coherentes. Una deserción cercana al 30% implica la pérdida de un enorme esfuerzo público y la disminución efectiva de la cobertura en casi doce mil cupos, sobre un total cercano a los cuarenta mil. La Universidad Nacional está en mora de superar los fantasmas del bienestar ligados a su pasado y de formular una política agresiva que le permita ampliar la tasa de permanencia y graduación. Políticas nutricionales y de vivienda, así como la revisión de los préstamos-beca deben generalizarse en la Institución. En el mismo sentido la ausencia de cafeterías institucionales para los profesores y trabajadores administrativos no tiene ninguna justificación.
En el caso de los postgrados, los egresados de la Universidad son los que tienen menores posibilidades de ingresar por motivos económicos, especialmente los provenientes de los estratos uno y dos; en consecuencia, se debe garantizar que un 30% de los cupos de especializaciones y maestrías se reserven para los estudiantes en opción de grado que pasen los exámenes de admisión, de tal manera que puedan cursar la totalidad del programa, incluida la graduación, pagando la matricula que les corresponde en el pregrado. En esta misma dirección, la reforma del estatuto estudiantil debe estar inspirada en la consideración de los estudiantes como sujetos activos de la construcción colectiva de la Universidad y no como simples usuarios de un servicio público.
III.3. Condiciones de la docencia, la investigación y la extensión:
En los quince años comprendidos entre 1995 y 2010, el número de estudiantes de pregrado en la Universidad Nacional creció en un 49.6% (de 26.272 a 39.314) y el de postgrado se triplicó (de 2.341 a 7.439). Entre 2000 y 2010 los grupos de investigación aumentaron de 113 a 876 y, solo en la Sede de Bogotá, entre 2000 y 2008, los productos de nuevo conocimiento pasaron de 192 a 1.992. Este crecimiento institucional se hizo con una planta docente congelada en términos de tiempo completo en la cual, entre el 2000 y el 2010, el número de profesores de planta descendió de 3.412 a 2.985, evidenciando el aumento de los profesores de dedicación exclusiva, los ocasionales y los auxiliares en desmedro de todas las demás dedicaciones.
La Universidad no ha hecho el balance colectivo de lo que ha implicado este cumplimiento de metas de cobertura impuesto desde el exterior sobre las actividades académicas y sobre las condiciones en que estas son realizadas por los docentes. Sin embargo, resulta evidente que ha llegado al límite máximo de su crecimiento y que debe concentrarse en la estabilización y racionalización de los programas existentes y en el fortalecimiento de las sedes de frontera que ya están funcionando.
De una de las pocas investigaciones que se han realizado sobre el tema se puede inferir la pérdida de autonomía de los profesores e investigadores y la sobrecarga en labores adicionales a las académicas, las cuales les dificultan la participación en la construcción colectiva de la Universidad y encierran a los profesores en sus proyectos individuales. Por consiguiente, el estudio de las condiciones del trabajo docente, investigativo y de extensión y de la consecuencia de las mismas sobre la excelencia académica y la autonomía universitaria constituye una prioridad para enderezar el rumbo y permitir procesos más cualificados de identificación institucional.
III.4. La articulación dentro de la autonomía:
La autonomía de las comunidades académicas debe confluir en la articulación institucional y no llevar a la fragmentación de la Universidad en sedes y facultades que actúan como organismos autárquicos sin ninguna conexión sistémica.
La puesta en operación del hospital universitario y la consolidación de una red hospitalaria universitaria en la cual no se sacrifique la autonomía académica en función del negocio de la salud; la atención urgente de los problemas de infraestructura en distintas sedes, en primer lugar la de Bogotá; el desarrollo de las Sedes de Frontera y la promoción desde ellas de nodos de educación superior regionales; la estructuración de una política de bienestar para todos los estamentos como parte de la academia; la consolidación de UNISALUD; el desarrollo de programas institucionales de investigación y extensión respetuosos de la diversidad de saberes, sin sacrificar la iniciativa individual de los profesores, que sean pertinentes para el país y que tengan una financiación adecuada; el liderazgo dentro del sistema de educación superior y de educación en general, del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y en el proceso de reforma de la ley 30 de 1992.
La gestión nacional y departamental para aumentar el presupuesto de la Universidad Nacional y de las instituciones públicas de educación superior; o la consolidación de una red latinoamericana de universidades públicas que permita tener criterios o referentes comunes de evaluación y acreditación exigen una sinergia institucional que no puede naufragar en los esfuerzos individuales de las comunidades académicas por desarrollarse con sus propios recursos. El carácter nacional de la universidad depende de la acción conjunta de todas sus unidades académicas.
. Este tipo de evaluación está orientada a “la producción de sentidos y a la dinamización de procesos de transformación individual, colectiva o institucional” y difiere radicalmente de la que busca simplemente el “aseguramiento de la calidad”. Ver: Rodríguez, José Gregorio, “Evaluación y Autonomía de las Universidades Públicas de América Latina”, en: Revista Ciencia Política N° 12, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011, pp. 41-76, consultado en: http://168.176.26.17/recipo/sites/default/files/3_%20Libertad%20catedra.pdf , el 26 de enero de 2012.
. La interrelación con la sociedad como parte esencial de la Universidad y no como una simple función de la misma es analizada por Gómez de Mantilla, Luz Teresa y Figueroa Chávez, Sandra Patricia, “Trayectos y trayectorias de la extensión universitaria. Aproximación a una tipología de cinco universidades públicas latinoamericanas”, en: Revista Ciencia Política N° 12, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011, pp. 109-146, consultado en: http://168.176.26.17/recipo/sites/default/files/3_%20Libertad%20catedra.pdf , el 26 de enero de 2012.
