ESCENARIOS
(PRE) ELECTORALES Y TERCERÍA CONSTITUYENTE
Miguel Angel Herrera Zgaib
Profesor asociado, C.
Política, Unal. Catedrático Mtía Estudios Políticos, U. Javeriana. Bogotá.
Director Grupo Presidencialismo Participación, Unijus/Colciencias.
“…que otros se feliciten por
la guerra; yo, Juan Manuel Santos – con la esperanza de 47 millones de colombianos en mi corazón – me la
juego por la paz.” En el discurso de
instalación de la última legislatura del Congreso, 20/07/2013.
¿Paz o dinamita
en las elecciones?
En un escrito reciente, Paz o
dinamita en las elecciones, el analista de centro izquierda León Valencia
señala que el principal tema del año 2014 girará en torno a un dilema: paz o
guerra frente al conflicto armado que negocian gobierno y Farc-ep. Es un dilema que nos muestra al país
político desnudo, alinderado en dos orillas: la salida negociada, o la derrota
y rendición de la guerrilla.
El
articulista invita a los lectores de Semana que se pronuncien con respecto a
los tres posibles escenarios que él contempla de aquí a noviembre/diciembre. Es
el plazo perentorio para llegar a un acuerdo con las Farc-ep que le ponga fin a
la segunda fase de lo pactado desde agosto de 2012.
Los tres escenarios, empezando
por el más optimista, son la firma del acuerdo y el inicio de la tercera fase
de la negociación de paz. Aquí Santos tiene la iniciativa, el uribismo busca el
no en la refrendación de lo convenido en La Habana; y las guerrillas se hacen
contar electoralmente con otras fuerzas.
En el segundo, los
negociadores llegan a las elecciones sin acuerdo cerrando la segunda fase de la
negociación de la paz. Emerge una tercería de centro desmarcada de la izquierda
con discurso y candidato propio con la opción de ganar la presidencia.
El tercero y más pesimista
escenario: “las negociaciones se enredan”. La protesta y la confrontación
armada crecen. La ofensiva la tiene el uribismo, y Santos auspicia otro
candidato para responderle. El resultado en el Congreso es una gran bancada
parlamentaria (congresional) del Centro Democrático, y la posibilidad que su
candidato presidencial gane. En la otra orilla extrema las fuerzas radicales y
extraparlamentarias crecen y recaen en la ilusión del triunfo militar
revolucionario.
El
marco para la paz
“el gobierno está metiéndoles a los
colombianos el marco jurídico para la paz con vaselina”. [k1] Alejandro
Ordóñez, Procurador de la Nación.
El constitucionalista Gustavo Gallón, con credenciales de izquierda, autor en los tiempos del Frente Nacional de La república de las armas, en ejercicio ahora de la acción de (in)constitucionalidad, −de la que es titular cualquier ciudadano colombiano de los inicios del siglo XX−, demandó la Ley marco para la paz. Alegó la existencia de una sustitución constitucional que afecta de modo principal los artículos 2 y 93 de la Constitución vigente.
Él concluye que declarar
exequible dicha ley consagraría la impunidad en las violaciones de los derechos humanos de las
víctimas. A él se unió la vocería del procurador general, durante la audiencia del
jueves 25 de julio, reclamando que “no debe exonerarse a los actores” de las
violaciones, cualesquiera sea su rango, autoría o participación.
José Miguel Vivanco de
HRW, señaló que “esta enmienda niega la
posibilidad de obtener justicia a miles de miles de personas…y a más de 4.7
millones de desplazados”. Debatió la aplicación del principio de selección y
priorización porque contraría el Pacto de derechos civiles y políticos, el
Tratado de la Corte Penal Internacional, así como lo dispuesto por la Corte
interamericana, y el propio CICR en cuanto a crímenes de guerra.
Cuestionó el decir del
Fiscal Montealegre, por confundir las instancias internacionales y las
nacionales, porque en estas no hay lugar a la sanción de los líderes solamente;
así ocurrió, por ejemplo, con la masacre
de Pueblo Bello. Recordó también lo dispuesto por la Corte Interamericana de
D.H. en la masacre de El Mozote, que la
investigación y juzgamiento de guerra “no podrán estar encubiertos por una amnistía.”
Alejandro Ordóñez insistió
en pedir la inhibición de la Corte, de
lo contrario, declarar la inconstitucionalidad de lo demandado: o en últimas,
que la exequibilidad sea condicionada para no sacrificar el derecho de las
víctimas. Ordóñez señaló de modo
sentencioso que “la paz no lo justifica
todo…se estaría privilegiando al victimario y no a la víctima”.
El
bloque por la paz negociada
“No se trata de sacrificar
la justicia para lograr la paz, sino cómo lograr la paz con un máximo de
justicia.” Intervención del presidente Santos.
El bando que defiende el marco jurídico de la paz tuvo la vocería en el
mismo presidente Santos, quien enfatizó
el enfoque político de la ley. Señaló que se trata de “una justicia transicional en caso de un
proceso de paz con las guerrillas…”, y puntualizó que “La paz en 1990 no es lo mismo que en 2013”.
Él insistió que este modelo
se construye de manera abierta, busca poner fin al conflicto, y crea las
condiciones para satisfacer los derechos de las víctimas con una estrategia
realista. Ahora, después de veintidós años de la Constitución, busca cumplir su
propósito fundamental: construir la paz, proteger todos los derechos de los ciudadanos y de las
víctimas. Más aún, sin este marco jurídico previo no hubiera sido posible la
negociación de paz en La Habana.
Sergio Jaramillo, Alto comisionado
para la paz, enfatizó que el marco jurídico es una pieza esencial de una
política integral; no se puede plantear a
priori la hipótesis de la sustitución constitucional, “observaciones sobre
supuestos no cumplidos,” alegando una impunidad de facto. Jaramillo cuestionó
la concepción de la demanda, que parte
del supuesto de un Estado de paz que
no tenemos. La de Colombia es, en cambio, una situación excepcional que exige
medios excepcionales.
Por último, Jaramillo cita
al relator de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, en el sentido que las
medidas de transición tienen que ser coherentes,
para garantizar la eficacia de una paz
global.
El presidente del senado,
Juan Fernando Cristo, −víctima por el asesinato de su padre por el Eln−, alinderado en la misma orilla, ponente de la
ley marco en disputa, solicitó que la Corte no condicione al Congreso para el
trámite de la Ley estatutaria; y recordó el criterio de reparación integral que
no se circunscribe a la sanción penal de las violaciones.
En la audiencia, bajo ropaje
jurídico constitucional se expresan dos bloques de aspiraciones electorales que
lideran uribistas y santistas. Los uribistas del Centro Democrático con la
vocería de Jaime Arturo Restrepo coinciden con el llamado maximalismo en D.H. que representa Gustavo Gallón, y del
cual se hace eco el ex Uribe Vélez vía twitter.
El santismo defiende, según
J.C. Palou, la justicia transicional global, donde ningún componente es
prevalente; postura que elabora Pablo de Greiff desde el pasado intento de
negociación de paz entre Pastrana y las Farc-Ep.
Pendientes
del desenlace
Por último, de acuerdo con Restrepo del Centro Democrático, las Farc-ep mantendría un enfoque minimalista, oída la
respuesta de Jesús Santrich sobre la responsabilidad
de la guerrilla como victimaria: ¡quizás, quizás, quizás!
Cómo
se falle este primer round se sabrá en agosto,
cuando ya habrá mayor claridad
sobre acuerdo en el segundo punto de la
agenda, la participación política de las Farc-ep, que mucho depende del
pronunciamiento favorable sobre el marco jurídico. Este posibilitará la
intervención directa de la guerrilla en los procesos electorales del 2014, lo
cual no ocurre desde el genocidio de la UP.
La sumatoria de la audiencia
del jueves marca 17 intervinientes a favor, y 12 en contra. Igualmente, se
comenta que el ponente Jorge Pretelt rendirá ponencia favorable, pero
condicionada. Así, la Corte Constitucional prefijará el rumbo de la ley
estatutaria amarrando la acción del Congreso, y de contera el poder negociador
del gobierno Santos,
Entonces, la participación electoral de la guerrilla, que
ya tiene ofrecimientos, mantiene “las
barbas en remojo”. La delegación de La
Habana, y el comandante Timochenko nada dicen pendientes del trámite final de
esta ley que enmienda la plana a la ley de justicia y paz.
Guerra,
Parapolítica y fuerza pública
“…debemos comenzar por
reconocer los errores del pasado.” J. M. Santos, discurso al recibir la memoria
de la violencia colombiana “ ¡Basta Ya!”
La aplicación de la ley de Justicia y paz, el “parto de los montes” de
la seguridad democrática, trajo impunidad para el grueso del paramilitarismo, y
la falsa desmovilización de “la Cacica Gaitana”, que puso en fuga al
excomisionado Luis Carlos Restrepo.
Este es otro antecedente
relevante para el presente manejo de la
paz, que afecta el curso de las elecciones de 2014. A ocho años de promulgada
la Ley de justicia y paz se han librado copias para investigar a por lo menos
1.124 miembros de la fuerza pública, que según las autodefensas ellos pagaron, y/o
les permitieron la entrada a las Auc en los pueblos donde perpetraron masacres,
violaciones y un sinnúmero de
desplazamientos. Solo ha habido 14 sentencias, y de ellas apenas 6 quedaron en
firme.
En virtud de la mencionada
ley se compulsaron en el mismo lapso copias a 14.897 personas, entre ellas, 1.215
políticos conectados con la llamada para-política, 417 servidores públicos, y
12.081, que de modo general se relacionan con esta situación.
En la lista de señalados por
las Auc hay cinco generales sin siquiera una sindicación. Hasta hoy sólo hubo
condenas para Rito Alejo del Río, en Colombia, y Mauricio Santoyo, en la corte
de Virginia (EUA). Salvatore Mancuso refiere también en sus declaraciones como
responsables al excomandante Carlos A.
Ospina, en la masacre paramilitar del Aro, 25 de octubre 1997, en la población
antioqueña de Ituango. También aparece el general Mario Montoya, excomandante
del ejército involucrado en las acciones de copamiento de la comuna 13, la
operación Orión. Y aparece una lista de oficiales de menor rango.
Los resultados del último
periodo de esta guerra legal e ilegal, −en la que se juntaron los paramilitares
de las Auc con políticos regionales y nacionales−, en la actividad para-política, en vigencia de
Justicia y Paz son escalofriantes: 39.546 hechos perpetrados, de ellos, 1.046
son masacres, y 25.757 homicidios. Las víctimas civiles directas de la guerra
“sucia”: 420.989, cuya proporción es 3 hombres por 1 mujer. Hasta el presente
se han encontrado y excavado 4.077 fosas
comunes, y se han exhumado 5279 cadáveres.
Al cuadro específico de los
últimos años se suman ahora las cifras calculadas y documentadas para los años comprendidos entre
1958-2012, es decir, 54 años. Las macabras cifras son: 220.000 muertos, 160.000
civiles (73%), y 60.000 (27%) combatientes, según se consigna en el informe
“¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad”, rendido por el Centro de memoria
histórica que orienta el historiador Gonzalo Sánchez.
Perspectivas
electorales
“Que el informe no se quede
en letra muerta y se refleje en verdadera reparación.” Pastora Mira,
sobreviviente de la masacre de San Carlos (Antioquia).
“El primer paso que debemos
dar es aceptar que la democracia en Colombia ha sido asediada por la
violencia.” Presidente Santos, 23/07/2013.
Así,
descarnadamente, se ponen cifras a la “democracia” colombiana, antes de la
Constitución de 1991, y en particular, al tiempo de su degeneración manifiesta,
es decir, los años transcurridos entre 1999 y 2010. Cuando se hizo de la guerra
una política pública, una vez rotas las negociaciones de San Vicente del Caguán,
con el apoyo manifiesto del gobierno estadounidense y su Plan Colombia.
Se había pactado la
Constitución en 1991, con pretensiones de paz, que incluyó con el bipartidismo
tradicional junto a la guerrilla que selló la paz parcial en el gobierno del
liberal Virgilio Barco. Eligieron en listas plurales 19 delegados a la
Constituyente, presentándose como Alianza Democrática-M 19 obtuvo la segunda
votación nacional, un resultado sin precedentes históricos que muy pronto
bloqueó y despilfarró.
Entretanto, en medio de la guerra, avanza a contracorriente la revolución democrática de las multitudes, que tiene manifestaciones electorales y de hecho, fragmentadas social y políticamente en los espacios rurales y urbanos. Con su concurso el PDA ganó la alcaldía de Bogotá en dos oportunidades, y consiguió la segunda votación en la elección presidencial en la que Carlos Gaviria compitió contra Álvaro Uribe Vélez.
También pudo ganar la gobernación de Nariño con Antonio Navarro, y conformar una bancada de oposición real al bipartidismo y sus nuevas microempresas electorales, dándole cabal existencia a una oposición efectiva. Recientemente, la multitud incorporada al movimiento Progresistas en Bogotá, después del derrumbe político y moral del PDA, contribuyó al triunfo del alcalde Gustavo Petro, quien representa una coalición ciudadana de izquierda y centro.
Para el ciclo electoral de
2014, las encuestas favorecen a un
candidato presidencial de una coalición dirigida por la izquierda con el 28 y
el 30 por ciento de intención de voto. Ello hace posible pensar en un escenario
liderado por una fuerza transversal a dos de los escenarios contemplados por el
análisis, y en respuesta a la pregunta abierta por León Valencia.
Las opciones que Valencia
llama extremistas, tienen como fiel de la balanza lo que pareciera ser la reelección
del presidente Santos, un puente que junta a dos orillas. Lo ratifica ya la
disponibilidad del partido de la U, que lidera el remedo de frente nacional
llamado “Unidad Nacional”; después de su
reunión a puerta cerrada en Paipa, el
pasado jueves.
Con la codirección del
senador Aurelio Irragorri, de la vieja guardia liberal, y el representante,
Jaime Buenahora, defensor de la séptima papeleta y la Constituyente años atrás,
y la presencia de 73 congresistas, por boca del corifeo Roy Barreras clama: “es
el partido de gobierno...y sabe que tiene que reelegir a su mandatario.”
Aunque el Partido de la U,
de estirpe uribista, pero sobre todo hecho del agregado voraz de las
microempresas electorales tiene todavía que resolver la polémica interna con
las voces discordantes de los senadores Juan Lozano y Juan Carlos Vélez, a quienes algunos sugieren expulsar de la U.
En paralelo, el PDA, con su
candidata presidencial Clara López realiza su cumbre nacional de cara a la
elección de 2014. Hay la inyección de momentánea popularidad que le ha traído
el quehacer del senador Robledo en los espacios de la protesta, junto a la
dirigencia de Dignidad Cafetera, que orienta otro militante del Polo, compañero
de lucha en el Moir, Oscar Gutiérrez Reyes; y de modo particular, a raíz del
triunfo obtenido en el debate de control
político motivado en la disposición y compra ilegal de baldíos a favor del
ingenio Riopaila; operación en la que jurídicamente participó la firma del ex embajador Carlos Urrutia, que a raíz del
debate de control político presentó su
renuncia.
El PDA tiene, sin embargo,
que superar la cota de 500.000 votos, si quiere mantener su registro electoral,
pero la popularidad del senador Robledo
no le será suficiente; así resultara el senador con la mayor votación para Congreso.
Lo cual obliga que su candidata Clara
López se asocie con una propuesta compatible con el programa polista, si quiere
sobrevivir a una agonía anunciada por los descalabros descomunales y robos al
erario bogotano en la alcaldía de Samuel
Moreno, y el bipartidismo de la coalición del carrusel de la contratación.
Así que el Polo tiene que
poner atención e inteligencia a lo que haga el movimiento Progresistas, con la
conducción nacional de Antonio Navarro, una vez que supere el descalabro de las
basuras, donde la alcaldía Petro puso en juego su inmediata permanencia como
político. A hoy, su suerte depende de lo que disponga la Procuraduría, al
fallar el pliego de cargos que ha presentado en su contra, de lo cual puede
resultar su destitución y su inhabilidad para el desempeño de cargos públicos.
Igualmente, está la
debilitada fuerza del partido Verde, que no logró incorporar a su nómina al
exalcalde Alonso Salazar, alter-ego del gobernador Sergio Fajardo, en serias
dificultades con los paros de mineros, y donde está ausente el ministro
consejero Lucho Garzón, a lo cual se sumó la muerte intempestiva de Gilma
Jiménez, la senadora con mayor votación. Le quedan las iniciativas variopintas
de los senadores Sudarsky y Restrepo,
junto a la representante Ángela Robledo.
Está también la iniciativa político intelectual llamada “Pido la palabra”, que junta a varias figuras prestantes de la oposición liberal, socialdemócrata y de centro izquierda. Allí Cecilia López ha insistido en su interés de ser candidata presidencial junto a aspiraciones como la del brillante economista samperista José Antonio Ocampo.
En la dinámica de los nuevos
movimientos sociales, descuellan las figuras de Piedad Córdoba, líder de Marcha
Patriótica, pero inhabilitada políticamente, que espera el fallo del Consejo de
Estado, y Feliciano Valencia, el indígena Nasa, líder del Cric, que aspiraría a
mover las simpatías del Congreso de los pueblos.
Y el movimiento estudiantil,
que tiene expresión y simpatía en esos movimientos, donde la Mane ha sido la
organización que lo lidera hasta ahora; y que una vez presente el proyecto de
ley de reforma a la educación tendrá que contemplar una participación electoral
para impulsar con su propia voz y presencia el proyecto para obtener la
adhesión ciudadana y popular.
Tercería electoral y paz democrática
Tercería electoral y paz democrática
Todos estos agrupamientos
separados no harán posible una propuesta democrática de la izquierda, la otra opción, que proviene de una tercera
orilla, la imaginada por las multitudes que animan la revolución democrática,
que reclaman la igualdad social.
Es una tercería que le
corresponde juntar dos banderas, que el PDA no fue capaz de unir en sus mejores
tiempos, la constituyente social y la paz democrática, que resuelva el nudo
gordiano que separa los caminos entre la izquierda legal y la oposición armada
ahora que esta está dispuesta a negociar la paz.
Hoy más que nunca, la
izquierda requiere atravesar el espejismo de la prosperidad, que se dice democrática,
pero, que por lo pronto reparte beneficios mezquinamente con las de arriba, y placebos entre los sectores
populares para allegar votos a favor de la reelección de Santos, primero; y
luego la candidatura futura de Germán Vargas Lleras, que se muestra obediente a
la sucesión arreglada con el partido de la U, o a ser el emergente en caso que
naufrague la primera opción en lo que resta de este año.
El mejor mecanismo para
hacer viable la tercería con el liderazgo de la izquierda, que es la verdadera
alternativa frente a la división en el bloque dominante en las alas santista y
uribista, no es otra que una consulta democrática para la escoger candidat@ a
la presidencia, y que igual se haga, conforme a las debidas proporciones en la
confección de las listas para congreso.
Así que será la ciudadanía
movilizada la que exprese en su pluralidad el curso actual de la revolución
democrática que animan los trabajadores, los campesinos, los pobres, las
minorías, y la pequeña burguesía intelectual que ha visto como se arrugan sus
sueños de inmediata prosperidad.
Será la participación de los
muchos combinada con una representación sujeta a revocatoria directa, la que
abra las compuertas de esta, una real tercería liderada por la izquierda
contra-hegemónica; la que saque a la ciudadanía de su papel de víctima de los desastres
de la guerra, que enriquece a unos pocos oligopolios (trans)nacionales; y de
títere estratégico en las contiendas electorales, donde el clientelismo armado
y desarmado ha hecho su marzo, mayo y agosto año tras año, repitiendo hasta el
hastío la fórmula de Lampedusa.