CUARTA PARTE
Miguel Angel Herrera Zgaib
La alianza público-privada es tan importante que las universidades estamos en eso desde hace rato, porque ayudan a desarrollar conocimiento y ciencia. Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, El Tiempo, 16 marzo de 2011, p. 15.
Regresemos a la historia reciente. El escenario de las privatizaciones tiene un punto de quiebre, al terminar la segunda rectoría de Víctor Manuel Moncayo, una administración famosa y popular porque el rector aplicó su saber jurídico administrativo en defensa del presupuesto de la Nacional. Moncayo fue asesor jurídico externo del DNP por muchos años, una institución vedada, por lo demás, a la mayoría de los egresados de la Universidad Nacional, un fortín de los Andes que controla la marcha económica del país, y otros nichos privados complementarios.
Tal fue el momento estelar de su rectoría, y de la coalición de izquierda tradicional que lo respaldó en dos oportunidades. Hizo jurídicamente exigible y viable, en teoría, las bondades presupuestales de la Ley 30. Se reclamó litigiosamente el pago de los porcentajes pactados y el ajuste del IPC no cubiertos por la nación. Aquella ley en cuya formulación intervino otro exrector, Ricardo Mosquera, buscaba promover la igualdad real y efectiva para la población colombiana, no solo jurídica y política, que establece la Constitución de 1991. Pero la sentencia sigue sin cumplirse a cabalidad hasta el día de hoy.
Acreditación, mercantilización y cambio de rumbo
Acceder a un título que muestre que se han dado al “individuo opciones de movilidad y (…) als competencias necesarias para insertarse competitivamente en ámbitos socio-ocupacionales”. Jorge O. Melo, ¿La educación como negocio?, en El Tiempo, 17 de marzo, 2011, p. 21.
Moncayo compitió por un tercer periodo, y perdió como Uribe, eso sí, conquistando la mayoría de los estudiantes y profesores que votaron la consulta. Pero la mayoría del CSU que elige escogió a Marco Palacios, una suerte de “bete noire” para la izquierda tradicional, señalado como priovatizador, y abucheado durante el debate público en el auditorio. Él, junto con Mockus, completó la apertura académica de la Nacional, apoyado en la acreditación aceptada por la última administración Moncayo, y usando parte de lo adeudado a la Nacional, recaudado del Estado abrió una convocatoria internacional de profesores investigadores.
Palacios, con el concurso de jóvenes tecnócratas, profesores desafectos a las dos administraciones de Moncayo y sus aliados, con antiguos exmilitantes sesenteros que apoyaron su nominación, reestructuró la Universidad en lo académico y administrativo, siguiendo la departamentalización heredera del Plan Atcon. Impulsó con firmeza los posgrados en objetivo detrimento de los pregrados orientados ahora, sobre todo, a la formación de competencias y la reducción en la permanencia a través del sistema de créditos/hora. El profesorado constituido y corporativizado, así como quienes regresaban del exterior pronto crearon y recrearon los espacios de las maestrías, doctorados y posdoctorados; aplicados también a las consultorías, asesorías y contratos interadministrativos.
Un caso ejemplar, un botón de muestra de esta transformación es la facultad de Derecho y Ciencia Política (que sigue incluyendo Sociales en su nombre). Ésta se resistía a articular la carrera de Ciencia Política con el IEPRI creado por la rectoría de Marco Palacios, quien puso al frente a Francisco Leal Buitrago, exmilitar, sociólogo de la Nacional, quien hizo carrera como politólogo de prestigio en los Andes.
De allí vino con un grupo de profesores, que juntó a investigadores de la Nacional. Todos sin carga académica específica dedicados en forma exclusiva a la investigación, publicaron libros sobre la violencia y la revista Análisis Político, hasta lograr reconocimiento nacional e internacional.
El nuevo híbrido intelectual, el IEPRI, dedicado a los estudios políticos y las relaciones internacionales, apoyó de entrada la causa de la paz oficial durante las administraciones Betancur y Barco, que firmó los acuerdos con el M-19, el Quintín Lame, el PRT, las Farc-EP. Apadrinó la polémica inter-generación de los violentólogos, que cambió el rumbo “izquierdista” en las ciencias sociales.
Ellos polemizaron luego, abiertamente, con las llamadas “causas objetivas” de la violencia, que “legitimaba” el quehacer armado de la insurgencia. Aunque hasta el propio presidente Betancur hablaba de ellas, y fue propulsor de los No Alineados y el Grupo de Contadora. En suma, se produjo un quiebre en el bloque intelectual de la vanguardia forjada en las luchas de los años 60/70, proclive a la opción revolucionaria para Colombia, que tenía interpretaciones armadas y desarmadas.
El cierre y la reapertura
Eran los tiempos del gobierno Betancur, y se dispuso la "limpieza" interna de la U, donde se movía impunemente la ilegalidad, apoyada por el argumento de la autonomía. En el campus se mezclaban el quehacer delincuencial y subversivo, que convertía a la Nacional en un escenario de prácticas mafiosas, que producía rechazo en sectores del estudiantado, o la indiferencia reforzada con el temor a ser agredido o “señalado”.
El cierre y reapertura trajo la supresión del bienestar estudiantil que perdió las residencias y la cafetería central. El nuevo bienestar de la primera rectoría Palacios focalizó el pago de los auxilios educativos y gradó la matrícula con pagos diferenciales según declaración de renta fijando unos topes, modalidad que se ha incrementando, sin que los rectores sucesivos la hayan cambiado en lo sustancial. Ninguno se ha atrevido siquiera a hablar de gratuidad en la educación. Todos aceptan sumisos el credo neoliberal: la educación es un bien transable, una mercancía, y la desmercantilización aparece como una política imposible hasta el día de hoy.
Lo hecho condujo a cambios en la llamada "profesión" estudiantil; y en la militancia política como tal, con el consiguiente reclutamiento para las luchas en curso. Definida como una forma y un estilo de vida sin frutos académicos reconocibles. Los "privilegios” de techo, comida y recreación estaban a merced de “mafias” internas que favorecían, de acuerdo a sus feudos e influencias, quiénes disfrutaban de tales privilegios, tuvieran o no el estatus de estudiantes regulares. Durante los convulsos años setenta circuló también la especie, por probar, que había tráfico en la admisión, practicado mediante la sustitución de los aspirantes por "profesionales" internos que con la complicidad de quienes cuidaban las pruebas contestaban los exámenes de los aspirantes a cambio de elevadas sumas.
Estas situaciones existían, y sirvieron como caldo de cultivo para anécdotas, y a la postre para que la reacción señalara el desvío de la actividad educativa superior. Y reclamar luego, no solo que la universidad pública fuera intervenida sino suprimida de plano, lo que de contera beneficiaba la privatización y el negocio lucrativo de la educación superior, tal y como lo conocemos en su frondoso florecimiento.
Tales arbitrariedades inexcusables, fueron aprovechadas para barrer con el bienestar universitario, y lo conseguido para servir a los estudiantes casados y de provincia, no pocos de escasos recursos. Fue una ventaja clausurada a partir de 1984. Lo único que que aún subsiste, "a trochas y mochas", es el remedo auto-gestionado de la unidad residencial inacabada del complejo habitacional Antonio Nariño, cerca a Corferias, cuyo pago de parqueaderos sirve para acopiar recursos insuficientes.
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