El investigador político y social, Juan Carlos García, trae a la liza de la discusión actual de los procesos de restitución de tierras este caso, en el cual aparece un pez gordo, uno de los primeros de varios en la cadena de expropiar lo común, la riqueza social de Colombia. Y tiene pedigree, porque Germán Efromovich viene de Bolivia, donde consiguió su principal fortuna. Habrá ya oportunidad de indagar por el expediente de la contra-reforma agraria boliviana.
De lo cual en su tiempo escribió René Zabaleta, quien inventó el concepto de la "sociedad abigarrada" para referirse a la revolución de y en la diversidad; y también lo hizo Antonio García Nossa, cuando se aproximó a la dinámica de las reformas agrarias en América Latina, en los tiempos en que la democracia cristiana de Eduardo Frei ensayaba una "contra-reforma" con visos de reforma, que le abrió las puertas al triunfo de la Unidad Popular con Allende a la cabeza, y que a la postre se hundió porque no fue apta para darle cabida al "signo de los tiempos" de modo suficiente, esto es, a la multiplicidad.
Es una temática que para los años 60 y 70 empezaron a "recuperar" y reinventar figuras como Foucault, Deleuze, Guattari, impactados por lo ocurrido en el 68. Y sobre este asunto, en los tiempos actuales, escribe Maurizio Lazzarato, sobreviviente de la múltiple experiencia autonomista italiana.
Él tiene un conjunto de reflexiones publicadas en libro bajo el título Por una política menor. Acontecimiento y política en las sociedades de controL, QUE NOS PERMITIRÁ LEER DE MODO DIFERENTE lo que hoy acontece delante de nuestros ojos, con los aparentes procesos de reforma agraria, que descubren la realidad del despojo impune de lo común, como se ilustra con el caso de Efromovich, por una parte, y de AIS y el ministro Arias, por la otra. No se le puede echar tierra a esta problemática, y añadirle más muertes. N de la R.
La Nación reclama predios vendidos por ex embajador
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Son 1.500 hectáreas que Carlos A. Marulanda negoció con Germán Efromovich por US$ 22 m
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) acaba de ordenar la recuperación de 1.500 hectáreas de tierra en el Cesar que considera baldíos de la Nación indebidamente ocupados, que están a punto de desatar una monumental pelea jurídica con reconocidos empresarios.
Aunque la decisión no ha salido a la luz pública, EL TIEMPO estableció que quedó en firme este 2 de diciembre y que afecta a siete predios vinculados a la Hacienda Bellacruz, célebre en los 90 por el desalojo violento de 200 familias campesinas por paramilitares.
En el 2008, el ex embajador Carlos Arturo Marulanda -procesado por este caso- y su familia les vendieron al empresario Germán Efromovich y a un fondo de inversiones extranjero 6.300 hectáreas de las 22 mil que conforman la hacienda. Y es en esa tierra, negociada en 22 millones de dólares y rebautizada La Gloria, en donde se centra la controversia.
El Incoder notificó a los nuevos dueños -reunidos en la firma Dolce Vista- la decisión de establecer la ubicación de los baldíos y su posterior recuperación.
Y hay dos documentos que sustentan esa decisión. Uno de ellos es una resolución de 1994 en la que el antiguo Incora determinó que "los títulos aportados (por los Marulanda) son insuficientes y no acreditan dominio frente al Estado".
El otro documento es una decisión del Consejo de Estado, de 1996, en la que inadmitió una demanda de la familia del ex embajador que pedía declarar esa tierra propiedad privada y anular lo actuado por el viejo Incora.
Pero Dolce Vista -la firma que le compró a Marulanda y que ya ha invertido 180 millones de dólares en el desarrollo de un ambicioso proyecto de palma- ha interpuesto en los últimos 20 días dos recursos en contra de la decisión.
En el último, radicado el jueves, sus abogados insisten en que antes de comprar se verificó la plena titularidad que Inversiones Marulanda Martínez Ltda. (firma de los Marulanda) tenía sobre los predios y que hay títulos de propiedad privada de hace más de 50 años.
Alegan, además, que el Incoder no ha hecho un estudio que muestre en dónde están los supuestos baldíos y que no hubo inspección ocular, como dice la resolución, o al menos no una oficial. A eso atribuyen que en la resolución se incluyan predios que ya no son de Bellacruz y que incluso el Incora compró. Y dicen que el proceso fue mal notificado, violándoles el derecho a la defensa y a la contradicción.
El argumento final es que el Incoder modificó la resolución del 2 de diciembre para sanear irregularidades -como la motivación del proceso- sin tener competencia para ello y que la resolución de 1994 no cumple requisitos de ley.
'Incoder se equivoca'
"Estamos bien soportados jurídicamente. Todo lo que hicimos fue de buena fe y sabemos que lo hicimos bien. Iremos ante la justicia con documentos en mano para demostrarlo", dijo Germán Efromovich.
Y el ex embajador Marulanda calificó de absurda la reclamación. Pero señaló que permitirá "demostrar a plenitud que toda la hacienda es propiedad privada".
Agregó que prueba de ello es que, en 1995, el Incora tuvo que comprarle a su familia 2.060 hectáreas "para repartir entre los quejosos y campesinos de la región".
También reiteró que la investigación en su contra por la incursión paramilitar -en febrero de 1996, que desencadenó una orden de extradición en su contra- le fue precluida y que su hermano Francisco fue declarado inocente por el Tribunal Superior del Magdalena.
Además, hay un reciente dictamen de la Superintendencia de Notariado en el que, según la tradición de los predios que aparecen en sus registros, son propiedad privada. Pero en la resolución del Incoder se insiste en que en Bellacruz hay baldíos y nadie explica por qué su clarificación estuvo engavetada más de 17 años.
Según fuentes del Gobierno, se espera que en 6 meses se termine el proceso de identificación de los baldíos y si existen, desalojarlos y adjudicarlos a campesinos que seleccione un comité vigilado por la Procuraduría.
El gerente de Dolce Vista, Ramiro de Francisco, dijo que acata el proceso, pero que irán ante el Consejo de Estado para demostrar que actuaron legalmente. Además, dijo que se debe indagar si este es un caso similar al de la hacienda las Pavas, en donde supuestos desplazados llevaron al Estado a incurrir en errores.
Denuncia de falsos desplazados
Asocol, que reúne a 98 familias campesinas, reclama parcelas en Bellacruz, argumentando que son despla- zados de la incursión 'para' y llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de DD. HH. Pero Jesús Pérez, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Alonso, dice que Asocol pide plata para hacer pasar a campesinos por desplazados. Fredy Rodríguez, líder de Asocol, replicó que sí hubo despojo, que el Gobierno es quien decide a quiénes adjudica y que la gente que lo acusa recibió plata de empresarios, señalamiento que Pérez negó.
Efromovich: 'No compramos ningún baldío'
El empresario Germán Efromovich manifestó que no hay baldíos en el predio adquirido a los Marulanda. Y agregó que si bien la Ley de Tierras es un excelente instrumento para clarificar la propiedad rural del país, hay que tener presente que "entre los vivarachos y entre quienes compraron de buena fe con documentos falsos hay inversionistas serios que hicimos bien la tarea de verificación". Y agregó que si no se aplica correctamente esa Ley, el daño sería grande y desestimularía a inversionistas que les apuestan al país y a la reactivación de la agricultura tras la guerra. "Estamos generando más de mil empleos en La Gloria. Entes oficiales verificaron la legalidad de los títulos para aprobarnos la zona franca", enfatizó. Y aunque no se quiso referir al tema de los campesinos que reclaman parcelas en Bellacruz, dijo que hay gente que ha salido de la nada a reclamar tierra con testigos falsos.
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