EXCEPCIONALIDAD PRESIDENCIAL Y REPÚBLICA CONSTITUYENTE.
Miguel Ángel Herrera Zgaib
Profesor Asociado, Unal
www.praxisur.blogspot.com
miguel.herrera@transpolitica.org
El asunto Maza y estrés de expresidentes
Mi pelea no es con el expresidente Samper, no pretendo acusarlo. Mi reclamo se origina en las profundas inquietudes que me generaron las declaraciones del general Maza Márquez". César Gaviria Trujillo. Vientos de guerra en el liberalismo, p 1-4, El Tiempo, 23 de agosto 2009.
El escándalo de los narcocasetes produjo el llamado proceso 8.000, que sacudió al país durante todo el gobierno de Samper. Ha sido la más prolongada y costosa crisis que haya vivido Colombia en el último medio siglo…” Enrique Santos Calderón, ¿Pa, ¿qué es un casete?, El Tiempo, p 1-21.
Todas las maniobras falaces que hoy pasan como componentes de la vida democrática: el uso discrecional del miedo y el terror oficial que cumplen de modo sistemático agentes del Estado es inocultable e insoportable. Ellas se hicieron patentes, cuando para salvar de la impunidad definitiva el asesinato de Luis Carlos Galán, la Fiscalía lo calificó como un crimen de lesa humanidad.
De una parte, al hacer tal calificación, también se derivan de ésta una serie de hipótesis que condujeron al arresto del ex general Miguel Maza Márquez, ex director del DAS, aunque éste rechaza toda responsabilidad en "la pecaminosa pero eficaz alianza que se engendró entre la fuerza pública colombiana, los narcos enemigos de Escobar...y los propios gringos".
Así lo recordó Santos en Contraescape, mientras que durante las siguientes semanas existe un rifirrafe a raíz de aquella captura, primero, entre los expresidentes liberales Gaviria y Samper a un mes de la consulta para escoger el candidato presidencial. Gaviria recordó que Maza adhirió a la campaña presidencial de Samper en casa del periodista Alberto Giraldo, el relacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela jefes confesos del llamado cartel de Cali.
Samper ripostó recordándole a Gaviria la relación con la banda de los "Pepes" en la muerte de Pablo Escobar. El episodio parecía cerrado esgrimiendo la máxima perversa, cuando se proclama que la suerte del partido Liberal está por encima de la verdad.
Pero después vino la escaramuza enemiga provocada por el ministro de la protección social. Este nuevo episodio puso a discutir al un expresidente conservador, Andrés Pastrana también opuesto a la reelección, y al liberal César Gaviria en relación con el manejo dado a los narco-casettes que denunciaban dineros ilegales en la campaña de Ernesto Samper presidente cuya procedencia última desconocemos desde 1994.
Estado Policíaco y excepcionalidad presidencial
Sería perfectamente posible emprender un análisis comparativo de los sistemas político y para-político, o bien considerar ambos como los referentes primarios de un análisis conceptual...El objetivo primordial del análisis político es comprender de qué modo logran subsistir los sistemas políticos. David Easton. Esquema para el análisis político. Ed. Amorrortu, p. 80
El libro, El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia, al enfrentar analíticamente las reveladoras realidades de la para-política, estableció una caracterización del actual régimen político nacional como para-presidencial, a partir de la trayectoria estratégica asumida por el bloque en el poder que puso fin abrupto a las conversaciones de San Vicente del Caguán al fin de la administración Pastrana.
Para sacar tal conclusión obtuvimos sostén en las reflexiones de David Easton, el politólogo canadiense-estadounidense que tiene un estudio sistémico de la política moderna que perfecciona desde 1953.
Con el referente de los sistemas para-políticos indagamos sobre el carácter perverso que viene adquiriendo nuestro orden político establecido en 1991, y que, por lo demás, se auto-define como democrático y participativo.
La verdad sea dicha. El nuevo sistema político ofrecía desde un comienzo una tensión manifiesta en todos los niveles, dada por la coexistencia en un mismo marco constitucional de formas políticas democráticas y autoritarias bajo las figuras de la participación ciudadana y la representación presidencialista.
Dicha tensión político-constitucional, a la vez, se encuentra sobre-determinada por la existencia por casi dos siglos de vida independiente colombiana de un manifiesto orden económico y social de desigualdad y privilegios insultantes. De lo cual es indicativa la medición establecida por los indicadores de pobreza y miseria actuales.
Lo que la realidad enseña quedó por demás consagrado en el mismo texto constitucional, que en su artículo 13 establece que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.
Ahora bien, desde una perspectiva sociológica-política, el principal documento político nacional que pretendió refundar en 1991 la república autoritaria promulgada desde 1886, establece que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad contrahecha por los privilegios, un lugar impermeable por dos siglos a la igualdad social. Y, por consiguiente, una realidad que de no modificarse mina cualquier arreglo democrático antiguo o moderno.
Así nos lo enseñó la experiencia de la lucha por los derechos civiles y contra la pobreza durante la mitad del pasado siglo XX en la cuna del presidencialismo moderno, los Estados Unidos de América.
Esta contradicción plasmada con sangre en la gramática constitucional que enuncia las fuerzas realmente existentes en Colombia, en presencia y ausencia, como lo enseñó el socialista liberal Ferdinand Lasalle en ¿Qué es una constitución?; un rival ideológico de Marx como lo registró su crítica al Programa de Gotha.
Con todo se ha pretendido resolver este entuerto histórico político y social con el expediente de usar antes de la sanción de la Constitución todas las formas de lucha, incluido el terrorismo de estado, practicadas antes y después intensamente en las dos últimas décadas.
El punto de arranque fue diciembre de 1990, cuando el expresidente Gaviria y su flamante ministro de defensa civil en funciones, Rafael Pardo, hoy su predilecto candidato presidencial. Éste ordenó el intempestivo y fracasado blitzkrieg contra Casa Verde, el cuartel general del secretariado de las Farc, para darle comienzo a la denominada guerra integral contra éstas.
Lo que resultó de la nueva carta de batalla, actualizando los estudios constitucionales de Hernando Valencia Villa, es la duplicación complementaria del naciente sistema político colombiano, articulando en su interior un sistema para-político que no cesa de incidir de modo perverso y “eficaz” en el quehacer cotidiano de la política doméstica para imponerlo a los grupos y clases subalternas que lo resisten por todos los medios a su alcance, legales e ilegales.
Peor aún, ahora, cuando su líder/caudillo visible insiste en ser reelecto de modo personal blandiendo la fórmula guerrera de la seguridad "democrática", que de democrática ya no conserva nada más que su cínico sabor retórico.
O qué podemos concluir, después de la cadena de fraudes constitucionales perpetrados con el ejercicio preliminar de la “participación popular” directa y de sus representantes luego, para firmar y aprobar la convocatoria al actual referendo reeleccionista.
La pretensión que tiene la mayoría espúrea del Congreso es que sea votado otro referendo, que ahora adelanta cuatro años la autorización de la posible segunda reelección de Álvaro Uribe.
Todo vale para el subsistema parapolítico que define el núcleo del régimen para-presidencial. Es la cara autoritaria del sistema político nacional establecido en 1991. Se va desde la agresión armada intempestiva en la aurora de su proclamación hasta el genocidio en masa durante su tragicómica existencia para ganar elecciones e imponer reelecciones de modo discrecional.
Para combatir a los opositores políticos civiles recientes se instrumentó el dispositivo de espionaje del G-3, con la cadena de directores del DAS, escogidos por el mismo presidente Uribe. Ha sido una réplica peor del que implementó el expresidente G.W. Bush con el pretexto de combatir el terrorismo global.
Antes, el combate a los rivales políticos legales y ilegales se apoyó por acción u omisión con el concurso de las mafias del narcotráfico y sus ejércitos paramilitates sumados a las alianzas para-políticas para refundar la nueva Colombia, sin que se renunciara nunca a la tortura y la desaparición, a las fórmulas del terror y el miedo para ahogar cualquier respiro democrático.
Ahí tenemos en curso, como clave de bóveda, los antecedentes del para-presidencialismo en ciernes desde los tiempos del Estatuto de seguridad. El patético caso del coronel Plazas Vega, que se remonta a 1985, cuando éste se autoproclamaba defensor de la democracia empotrado en una tanqueta.
Después de un cuarto de siglo se miente a la opinión pública hasta la saciedad, mientras el ex presidente de entonces, el conservador Belisario Betancur, y el ministro de gobierno, el liberal Jaime Castro, siguen guardando silencio en sus escritos.
Prensa libre y opinión pública
Entretanto la poca prensa libre de Colombia vive el naufragio de esta falsa democracia, mientras los pocos grandes diarios exhiben columnas de opinión plagadas de lugares comunes y auto-censura de lo fundamental del régimen para-presidencial que quiere perpetuarse en la reelección en camino.
Pasmada y ridiculizada está la minoría de los opinadores libres en el autoproclamado estado de opinión, enfrentada a la urgencia de rechazar de plano estas conductas delictivas e inmorales.
Por ejemplo, el equipo de Noticias Uno, premiado por revelar imágenes claves de la toma cruenta del Palacio de Justicia, se hace en cambio eco de la campaña contra Chávez, quien se opone a la descarada presencia militar estadounidense en Colombia y Suramérica, que viola nuestra Constitución. Tal y como lo explica Jaime Araújo, expresidente de la Corte Constitucional.
Chávez también favorece el estado de beligerancia para las Farc, porque se rehusa a calificarlas como un grupo terrorista, en lo cual lo acompañan la mayoría de Unasur. Pero, sobre todo, Chávez está en la mira porque ensaya en su tierra lo que él llama el socialismo del siglo XXI, que pareciera tomar en serio lo que dice le artículo 13 de la Constitución de Colombia, que también dice: "El Estado adoptará medidas en favor de grupos discriminados y marginados". Pero, claro, ésta es una política que moviliza en su contra amplios sectores de la clase media venezolana que piensan que él despilfarra las grandes ganancias de la renta petrolera. Y en Colombia ni se diga, peor aún, cuando nuestros caos al comando del capital financiero colegislan en materia laboral y educativa.
Sí a la República Constituyente.
Que todo el mundo ponga la baraja sobre la mesa. ¿Usted tiene un acuerdo con Rusia? Bueno, póngalo sobre la mesa. ¿Usted con los E.U? Póngalo sobre la mesa. Es una muestra de confianza y por eso pediremos revisarlo y revisar el libro blanco que tiene una serie de elementos que convergen con el acuerdo, pero mire: lo importante es sentarse a dialogar. Gustavo Márquez marín, embajador de Venezuela, en: Entrevista con Yamit Amad, 13 de septbre de 2009. El Tiempo, p 1-8.
Las apreciaciones de J. E. Gaitán, antes de morir, exigiendo con el silencio de las multitudes la restauración moral de la república son urgentes razones que motivan un primer acto ciudadano: denunciar dos hechos: la reelección ilegal e inconstitucional y la presencia directa y abierta de un centinela extranjero: los Estados Unidos.
Estos son hoy el garante principal de un estado de cosas inmoral y mentiroso, con Barack Obama al comando. Como si nada hubiéramos aprendido en Colombia de los muchos episodios sufridos por su expansión imperial en la arena internacional desde la creación de la OEA hecha en la Conferencia Panamericana de 1948, de la cual fue excluida el mismísimo Gaitán.
Desde el 28 de agosto en Bariloche, los países de Suramérica, sus ciudadanías en movimiento proyectaron un reto político: avanzar al fin en procura de una segunda independencia regional y local del hegemón imperial. Este es un reto tronchado por las muertes de J. E. Gaitán, Camilo, y Galán en Colombia.
La siguiente reunión de cancilleres del martes 15 de septiembre en Quito, puso las cartas sobre la mesa. El objetivo es restaurar moral y políticamente el rumbo autónomo de Suramérica en el presente siglo, para en simultánea trabajar por la supresión sostenida, con concurso democrático, la estructura de privilegios heredada y consolidada desde la larga noche de la conquista y dominación coloniales.
La historia pasada de Colombia y el Continente está mancillada por tantas agresiones y exclusiones que no bastan Las Venas Abiertas de América Latina para describirlas con sangre, sudor y lágrimas.
Es necesario que paremos la insensata carrera del miedo regional que incrementa de modo exponencial el gasto público en armamentos, y llena los bolsillos de los industriales de la guerra, a contramano de la atención y solución a la creciente miseria y pobreza de los muchos en nuestro Continente.
Puesto que en lo interno, por dos votos de más los congresistas en la Cámara no pusieron fin a la farsa democrática del referendum popular, sólo queda la Corte Constitucional de Colombia para que impida esta acción inconstitucional y autoritaria como último poder de representación, y permita que lo que queda de la democracia liberal sobreviva en este desmantelamiento institucional autoritario.
Si no, sólo queda el camino más eficaz: el ejercicio directo de la República constituyente. Reclamando en la calle y por todos los medios democráticos directos la corrección de este rumbo siniestro y desastroso.
Es la hora de la participación ciudadana. Los estudiantes han encabezado una vez más las protestas de la semana que pasó, y antes las movilizaciones de la minga nacional indígena. Pero seguimos a la espera, inaceptable por su cerrazón y adocenamiento, que los partidos de oposición y las fuerzas sociales y políticas organizadas repliquen y multipliquen estos esfuerzos en forma oportuna.
El miércoles, hace dos semanas ya, se fijaron en la calle, a pesar de los disturbios, gases lacrimógenos, golpizas y destrozos a la propiedad común y personal, las pautas para resistir con la movilización pública este zarpazo autoritario que se exhibe impunemente.
Así mismo las deliberaciones del 11 de septiembre en el auditorio Luis G. Vélez del Congreso ayudaron a entender la coyuntura y lo que significan las bases a compartir con Colombia, cuando los militares norteamericanos salen de Manta.
L@s intervinientes ofrecieron nuevos y bien documentados argumentos y denuncias en el marco de la Conferencia Internacional contra las bases militares norteamericanas en Colombia, que presidió la académica y luchadora social Lilia Solano, quien aspira a ser elegida al senado de Colombia; y es acompañada por el educador Javier Díaz, quien hasta hoy sigue en la Picota como preso de conciencia y político. Tod@s insisten al unísono que la vida digna ¡es posible! Y no se equivocan.
