SEGUNDA PARTE
DE LA REFORMA POLÍTICA A LA CONTRA-REFORMA EDUCATIVA
Miguel Angel Herrera Zgaib
Profesor Asociado, Unal, Bogotá
maherreraz@unal.edu.co
En educación superior, hoy es 55 por ciento pública y 45 por ciento privada. No se puede hablar de privatización, pues ya hay una importante oferta privada. Esto no quiere decir que no sea necesaria una reforma profunda del sector. María Fernanda Campo, El Tiempo, 13 de marzo 2011, p. 3.
La pregunta es qué pasará con la educación pública, nuestra identidad cultural y los recursos precarios que tenemos frente al poder que tendrán esos monopolios económicos para montar un negocio de educación. El principio es interesante, pero hay que ser cautelosos. Joaquín Sánchez, S.J, Rector de la Universidad Javeriana, El Tiempo, 12 de marzo 2011, p. 9.
Los primeros en "chillar" con el ajuste político al interior del bloque dominante, contra la campaña “moralizadora” de la oligarquía bogotano-antioqueña, fueron los “socios godos”, quienes pretextando una masacre laboral, hicieron estremecer a la flamante Unidad nacional. Estos congresistas venían acicateados con el tábano de los pasados escándalos y desfalcos perpetrados en la Dirección Nacional de Estupefacientes, desde los tiempos del ex coronel Plazas Vega, con los que se pagó la fidelidad al régimen para-presidencial de la seguridad democrática.[1]
El Procurador Alejandro Ordóñez, a la sombra de “la prosperidad democrática”, llamó a los congresistas conservadores a rendir cuentas por sus presuntas fechorías, y las jugosas coimas en dinero y en especie obtenidas, al tomar posesión de bienes confiscados al narcotráfico. Así se lo reportó el nuevo cancerbero de Estupefacientes nombrado por el ministro del Interior.
Entonces la mayoría de la bancada conservadora, consocio principal en la Unidad Nacional, bloqueó la marcha de la reforma política, la locomotora más exhibida ante la opinión pública como botón de muestra a lo que pudiera pasarle al porvenir del proyecto hegemónico que lidera la dupla bogotana Santos-Vargas. El exigido arbitrio presidencial, sin la presencia del Min-interior, enderezó las cargas y ajustó las bielas con pala-freneros liberales y uribistas, más el trabajo complementario de consueta del vicepresidente Garzón. El reparto negro de sillas en “los nuevos vagones” en la reforma institucional, a costa del “voraz” reformador Vargas Lleras, fue la respuesta y el remedio burocrático.
Este será el Congreso que “enfrente” la contra-reforma educativa, maniatado por la corruptela, y premiado con el consabido repertorio del clientelismo con centro en el ejecutivo nacional. Un gobierno que ahora se presenta dizque con “arrestos moralizadores”, cuando tiene inscrita como divisa en la misma banda presidencial “la picardía” como notable cualidad política, y la “tercera vía” anacrónica como ruta de la prosperidad democrática.
Ahora, cuando la locomotora contra la corrupción rueda con mucho ruido, y con poca plata de retorno, está claro que La ciudadanía no recuperará las ingentes sumas despilfarradas en las “fusiones” uribistas. Hoy, el cráter fiscal del neo-populismo de derecha parece un abismo insondable y hediondo. De aquí proviene lo peor de la actual onda recesiva nacional, que la jerga oficialista atribuye, en cambio, a la desastrosa ola invernal.
Enjugar este déficit gigante implica paradójicamente meterle la mano a la educación pública superior, que se repite es la supuesta palanca liberal que soporta el mito de “la igualdad de oportunidades”, que aquí solo funciona para feriar la compra del trabajo inmaterial, el llamado capital humano, por el oligopolio del capital financiero transnacional.
En cifras oficiales, el panorama de la educación superior es estacionario, y se encuentra en la siguiente situación crítica. Hay 80 universidades, de las cuales 32 son privadas. El gobierno entrega 2,2 billones anualmente, una inversión que según la ministra de educación se aumenta hasta 5,67 billones, que corresponden al 1.01 del PIB. La cobertura educativa es hoy del 37 por ciento, para abarcar 1.600.000 estudiantes en programas universitarios, técnicos y teconológicos. Y el doble de estudiantes están por fuera del sistema luego de haberse graduado de bachilleres, tomando en cuenta el último decenio. A lo dicho se suma la tasa de desempleo en el sector juventud, que en edades entre 17 y 27 años es del 21 por ciento.
De aquí partirá la locomotora de la contra-reforma de la educación pública: la Reforma educativa es su nombre y la privatización en materia financiera la premisa. Con la vocería presidencial y de la mano de la nueva ministra de educación, María Fernanda Campo, figura estelar en la dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá, en excelentes migas con los Estados Unidos de América, y sobre todo, en la comercialización de la educación superior estadounidense.
Ella no sólo contribuyó a ofrecer a Bogotá como ciudad global, sino también fue figura clave en la internacionalización de la Universidad de los Andes con el poderoso pool de las universidades norteamericanas, una de cuyas perlas más visibles es la Escuela de gobierno que regenta el economista Carlos Caballero Argaez, una répiica subdesarrollada de la que opera en Harvard.
Los rectores de universidades públicas ya se “espelucaron”. Empezó la cantinela Moisés Wasserman de la Nacional, quien fue pronto vocal en prensa y en radio, y a través de los canales institucionales hizo saber su descontento. Él no está de acuerdo con la financiación privada de la educación superior, pero sí, dice, con puntos específicos de la reforma proyectada. Con él otros se unieron al coro al final de la semana.
Entre otros, también se sumaron el rector de la Universidad de Antioquia, sumado al silencio del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyos terrenos quieren hace rato vender y extirpar ese foco de protestas en el corazón de la Avenida Chile. Desde abajo, en la base de la comunidad universitaria nacional estallaron las protestas en otro punto, la Pedagógica de Tunja, donde el rector elegido fue recibido con una pedrea de marca mayor.
La Universidad Nacional mientras tanto, con la oposición de la representación profesoral y estudiantil en el CSU, espera tensa que la Nación haga desembolso efectivo de los dineros que le adeuda, y que le resuelva de manera clara la responsabilidad sobre la carga pensional, y revise el modo como se pretende evaluar a los profesores universitarios, luego de lo hecho en los otros niveles de la educación pública secundaria y primaria, Asuntos todos que se vienen debatiendo sin solución durante los sucesivos gobiernos Uribe.
No hay luz verde en la estación de la 26 con 45, ni claridad en la efectiva distribución de responsabilidades, y los puntos de fricción empiezan a enrojecer. De no hacerse efectivas estas decisiones llevarán a la Universidad Nacional a una inviabilidad financiera inducida, y a una abierta situación de conflicto. Indirectamente, no poco tiene que ver la quema de billones de pesos en una guerra interna ineficaz, el robo continuado y el despilfarro del erario por los políticos; y la rapaz captura de rentas por el empresariado nacional y transnacional, el capital financiero, descarado evasor institucional de cargas tributarias.
La Universidad Nacional tiene al respecto, entronizado en el campus el edificio inteligente, el caballo de Troya, así lo llaman, de la privatización, construido sólo en parte con dineros, producto de exenciones tributarias del grupo financiero que lidera un ilustre egresado de estos claustros, el ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo, honrado en vida, esculpido su nombre en piedra y cemento,
El otro esperpento de la privatización es la construcción dentro del espacio vital de la Universidad, anunciado con bombos y platillos, de un centro de servicios y polideportivo como generosa contribución de Cafam, para compensar el edificio que pronto estrenará Colsubsidio en una esquina de la martirizada lechuza que dio forma al proyecto de Ciudad Universitaria concebido en 1937, bajo los auspicios del presidente López Pumarejo, y el ministro de educación Germán Arciniegas, quien había sido adalid de la Reforma de Córdoba de 1918 desde las páginas de la revista Universidad.[2]
[1] La Procuraduría inició investigación preliminar contra 13 políticos, y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia . La razón, entrega “irregular” de bienes de la DNE.
[2] Consultar al respecto el libro HERRERA ZGAIB, Miguel Angel et al. Educación Pública Superior, hegemonía cultural y crisis de representación política en Colombia, 1842-1984. Colección Gerardo Molina 20. UNIJUS/UNAL. Bogotá, 2009
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