CONSTITUYENTE, CONTRA-REFORMA EDUCATIVA Y PRIVATIZACIÓN
A propósito de una visita presidencial
Miguel Angel Herrera Zgaib[1]
maherreraz@unal.edu.co, maherreraz@hotmail.com
LA ANTESALA
Dos grandes transformaciones introdujeron el periodo histórico contemporáneo a escala mundial: el pasaje de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo el dominio imperial estadounidense, y el pasaje de un modelo hegemónico regulador a uno neoliberal. Esta combinación provocó un enorme retroceso histórico y modificaciones fuertemente regresivas en la relación de fuerzas entre los campos fundamentales de enfrentamiento político en los ámbitos local y mundial. Emir Sader, El posneoliberalismo en América Latina, en: El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. CLACSO/Siglo XXI. Buenos Aires, 2009, p. 59.
El presidente Santos, un oligarca a la colombiana, hijo dilecto del cuasi-monopolio mediático de El Tiempo,[2] a través del ministro del interior, Germán Vargas, le ajusta “las cuarenta” a sus compañeros de viaje, el hacendado Álvaro Uribe Vélez y sus muchachos.
Unos y otros son expresión del neopopulismo de derecha, que utilizó el régimen para-presidencial para aclimatar a sangre y fuego un proyecto hegemónico local, que lidera también el capital financiero bajo el comando compartido de voraces inversionistas provenientes de España y Estados Unidos, ahora interesados en la privatización regresiva de la revolución informática, y de la “sociedad del conocimiento”.[3]
AsÍ, el actual presidente anunció el 10 de marzo, con bombo y platillos la (contra) reforma de la educación superior que su antecesor no pudo realizar, a pesar del empeño de Cecilia María Vélez, quien ensayó sin éxito la contra-reforma del sistema financiero de las universidades, artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en abril de 2010. Archivado este proyecto regresivo contra la educación superior, la ministra de educación optó a la fuerza por reorganizar la educación elemental y secundaria nacional siguiendo el dictado internacional de formar en competencias, trabajar las destrezas en matemáticas, análisis y lecto-escritura, a la vez que exigir rendimiento a los maestros con la evaluación periódica de sus logros. Al mismo tiempo, el pasado gobierno buscó también con insistencia, desmontar el régimen prestacional, la salud y asistencia de los maestros, que siguen siendo el sector de servicios más sindicalizado en un país donde menos del 6 porciento de la fuerza laboral está organizada para resistir a la rapiña de la flexibilización capitalista.
La antesala de esta contra-reforma la anunciaba UNperiódico, en la esquina inferior de su última página, al publicitar Claves para el debate público sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, donde cruzaron armas el Ministerio y el Consejo de Rectores, afectos o no a la privatización. El sábado 12 de marzo, cuatro rectores, Jaime Camacho de la UIS, Joaquín Sánchez de la Javeriana, Patricia Barrios de la Tecnológica de Bolívar, y José Fernando Isaza de la Tadeo, divulgaron sus discordancias y reparos contra la anunciada y abierta presencia del capital privado en la universidad pública, y la privatización de la educación, que es otra de las locomotoras de la publicitada “prosperidad democrática”.
En el UNperiódico de la Universidad Nacional, este debate de la Ley 30, ad portas de la reforma, comenzó a anunciarse con recato en la última página, era indiciario de la contradictoria situación institucional. Después de la movilización nacional de millares de protestantes, el asunto pasó a ocupar la primera y 10 páginas más, con un gran titular, ¿Es estratégica la reforma a la educación superior?
Había transcurrido casi un mes, de aparecidos los ensayos de Claves, que sólo trataban de ciencia, tecnología e innovación, haciendo mutis por el foro de la condición política y social que enmarca la supuesta prosperidad con propósito democratizador.[4] En cortísimo tiempo, la dirección intelectual pasó de ser inocua caja de resonancia del discurso de Javier Botero, el actual viceministro de Educación, de la alianza público-privada para producir “más investigación”, a la expresión del rector Wasserman, quien ahora denuncia con susto que “no es la privatización de las universidades sino la privatización de la calidad” la verdadera amenaza,[5] lo que define el carácter de la reforma.
DE LA REFORMA POLÍTICA A LA CONTRA-REFORMA EDUCATIVA
En educación superior, hoy es 55 por ciento pública y 45 por ciento privada. No se puede hablar de privatización, pues ya hay una importante oferta privada. Esto no quiere decir que no sea necesaria una reforma profunda del sector. María Fernanda Campo, El Tiempo, 13 de marzo 2011, p. 3.
La pregunta es qué pasará con la educación pública, nuestra identidad cultural y los recursos precarios que tenemos frente al poder que tendrán esos monopolios económicos para montar un negocio de educación. El principio es interesante, pero hay que ser cautelosos. Joaquín Sánchez, S.J, Rector de la Universidad Javeriana, El Tiempo, 12 de marzo 2011, p. 9.
En el entretanto, con el ajuste político al interior del bloque dominante, en-pro de la campaña “moralizadora” de la oligarquía bogotano-antioqueña, en cabeza de la dupla Vargas-Restrepo, fueron los “socios godos”, quienes pretextando una masacre laboral, hicieron estremecer a la flamante Unidad nacional amenazando partir cobijas si continuaba el descrédito de exministros y congresistas, untados de negociados en AIS, Estupefacientes y transporte. Estos congresistas venían acicateados con el tardío ajuste de cuentas, después que se les pagó con jugosas coimas que desfalcaron el erario, la “fidelidad” al régimen para-presidencial de la seguridad democrática.[6]
Entonces la mayoría de la bancada conservadora, consocio principal en la Unidad Nacional, bloqueó la marcha de la reforma política, la locomotora más exhibida ante la opinión pública. Era el botón de muestra a lo que pudiera pasarle al porvenir del proyecto hegemónico que orienta el presidente Santos. El exigido arbitrio presidencial, sin la presencia del Min-interior, enderezó las cargas y ajustó las bielas con pala-freneros liberales y uribistas, más el trabajo persuasivo del vicepresidente Garzón con los de abajo. El reparto negro de sillas en “los nuevos vagones” en la reforma institucional, a costa del “voraz” reformador Vargas Lleras, fue la esperada respuesta y el remedio burocrático.
Este será el Congreso que dará trámite a la contra-reforma educativa; maniatado por la corruptela que lo señala, y premiado con el consabido repertorio del clientelismo administrado por el ejecutivo nacional. Este gobierno de la “tercera vía” que ahora se presenta dizque con “arrestos moralizadores”, tiene además inscrita como divisa en la misma banda presidencial “la picardía”, exhibida como notable cualidad política, y a la educación pública superior como presa en la ruta neopopulista de desmonte regresivo de las promesas del estado social de derecho en el altar “sacrílego” de la prosperidad democrática.
GIRO RADICAL Y CONSTITUYENTE EDUCATIVA
A lo largo de su historia republicana, el país no ha logrado consolidar un sistema de chequeos y balances que limiten las arbitrariedades de algunas de las ramas del poder público. Tampoco ha podido fortalecer un esquema de gobierno-oposición, garantía de una democracia sólida. José Fernando Isaza Delgado. Reforma a la educación superior. Proyecto del gobierno, no de la Comunidad. UNPeriódico, 11 de abril 2011, p. 13.
Ahora, cuando la locomotora contra la corrupción rueda con mucho ruido, y con poca plata de retorno, está claro para la ciudadanía del común que no se recuperarán las ingentes sumas despilfarradas en las “fusiones” uribistas. Hoy, el cráter fiscal de la primera fase del neo-populismo de derecha aparece ante nuestros ojos como un abismo insondable y hediondo.
De este despilfarro al que se une la quema de 11 por ciento del PIB en la guerra entre colombianos proviene lo peor de la actual onda recesiva nacional, que la jerga oficialista pretende, en cambio, atribuir a la desastrosa ola invernal. De este modo se obtuvo la bendición de la Corte Constitucional que avaló en lo fundamental la emergencia decretada por el nuevo ejecutivo, con algunos maquillajes.
Sin quererlo, se otorgó patente de corzo al siguiente paso, la contra-reforma educativa, para enjugar el déficit, fruto de esta debacle económica y humana que califica “los falsos positivos” de la seguridad democrática. Para detenerla la comunidad educativa ha tenido que salir a las calles, en forma pacífica pero no menos decidida.
Enjugar este déficit gigante implica paradójicamente meterle la mano a la educación pública superior, que se repite con cinismo inaudito es la supuesta palanca liberal que soporta el mito de “la igualdad de oportunidades”, que aquí solo funciona para feriar al más voraz postor la compra del trabajo inmaterial, el llamado capital humano, que se entregará al oligopolio del capital financiero transnacional, en las ruedas de negocios oficiales tenidas en España y Estados Unidos.
Es este el poco grato saludo, para que el presidente Juan Manuel Santos anuncie desde Girardot un giro radical en materia educativa sepultando la contra-reforma. Y que, en cambio, nos convoque a todos los colombianos, desde las orillas del Río Magdalena, a participar en una Constituyente Educativa, que en efecto desmonte los privilegios que han crecido astronómicamente entre la vigencia de la Ley 30 de 1992 hasta nuestros días, y evite así que se descarrile la locomotora social de manera irreparable.
[1] Profesor Asociado, Ciencia Política, Universidad Nacional. Director Grupo Presidencialismo y participación.
[2] La familia Santos ha salido del control económico de este cartel comunicacional, ha vendido el 31 porciento o más de las acciones en la Casa El Tiempo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ahora puede emular con la familia Santo Domingo propietaria del diario El Tiempo, y el Sindicato Antioqueño, accionista principal del diario El Colombiano.
[3] Herrera Zgaib, Miguel Angel et al. El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción en Colombia. UNIJUS/Unal. Bogotá, 2007.
[4] UNPeriódico 142, domingo 13 de marzo de 2011. Bogotá, p. 24.
[5] Ver UNPeriódico, sección: educación, ¿Privatizando la calidad? Bogotá, 10 de abril de 2010, p. 16
[6] La Procuraduría inició investigación preliminar contra 13 políticos, y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia . La razón, entrega “irregular” de bienes de la DNE.
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