El atento, inquieto y analítico profesor Medina Gallego, reconocido recientemente como distinguido por la comunidad académica, se arriesga en reflexionar sobre la paz, siendo como lo es parte de un reconocido grupo de investigación en seguridad y defensa. El título del escrito de por sí se antoja paradójico cuando habla de "armar la paz". Lo cual ni evita, y mucho menos invalida hacerle una lectura atenta a lo consignado. Ahora con más veras, cuando se "desencapucha" por la acuciosa y valiente tarea del representante Iván Cepeda, la revelación de un paramilitar que sindica al expresidente Uribe Vélez de haber participado en la constitución de un grupo paramilitar. A lo cual, como es costumbre, ha respondido su cancerbero, José Obdulio Gaviria, en la columna de este miércoles, en El Tiempo. N d la R.
PIEZAS PARA ARMAR EL ROMPECABEZAS DE LA PAZ
Carlos Medina Gallego
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia
El tema de paz parece haber entrado en un estado de amodorramiento, las referencias que se hacen a un posible proceso son pocas, manteniéndose, sin hacerse explícitas, las mutuas voluntades de marchar adelante cuando las condiciones estén dadas. Las partes han hecho caso omiso a los descomunales esfuerzos que hace la sociedad civil, la academia y algunos columnistas por llamar la atención de los actores del conflicto y, en particular del gobierno y los grupos insurgentes, para que exploren propuestas, rutas, metodologías y pongan andar ese proceso.
Resulta necesario aceptar que un proceso de paz, en este momento, no tiene mucha audiencia y si grandes y pequeños enemigos de parte y parte. Sobre todo aquellos que viven y se nutren económica, social y políticamente de la guerra, la extrema derecha guerrerista y la extrema izquierda fetichista. Una y otra coinciden en la necesidad de mantener el conflicto por razones e intereses distintos. Estas fuerzas son las primeras que hay que desactivar porque hacen las veces de minas quiebra procesos.
Lo peor que le podía pasar a la nación es que se hiciera eco a los enemigos de la paz que agazapados, fuera y dentro del establecimiento y de las organizaciones insurgentes, empantanan los procesos para que éstos se detengan y no avancen hacia salidas posibles; lo mejor que nos puede pasar, es que el gobierno, en lugar de andar reclamando hechos de paz, tomara la iniciativa y de manera discreta estableciera contactos para un pre-diálogo que explore las posibilidades reales de un proceso que reconozca el estado del conflicto y busque una salida consensuada y real para el país.
Para eso, el gobierno tiene que mover el discurso del lugar en que se encuentra; no va a ser posible un proceso que se construye con el convencimiento de que la derrota militar de la guerrilla, la va a llevar a una mesa de negociación, de rodillas, para desmovilizarse, desarmarse y someterse a la justicia. Esa situación está lejos de los imaginarios de la insurgencia y del desarrollo del conflicto militar. La insurgencia se ha acomodado a la estrategia operativa de las fuerzas militares y desde hace meses puso fin a la efectividad del modelo de la seguridad democrática y, aun, con el nuevo ministro no se ve en marcha una estrategia operativa propia del modelo de la seguridad para la prosperidad, que si ha de tener éxito, será seguramente, porque esta pensada en términos de la solución política negociada y de un proceso de paz para Colombia.
El Gobierno viene reclamándole a la guerrilla hechos de paz, señales ciertas, liberaciones de los prisioneros de guerra, ponerle fin a la siembra de minas y acabar con el reclutamiento de niños. Aspectos todos que puede asumir la insurgencia de manera unilateral, sin mayor problema y sin perder absolutamente nada en el marco de sus nuevas formas de operar.
No creo que las FARC estén dispuestas a negar que en los últimos cuatro años la organización ha sido duramente golpeada y que el proyecto de Ejercito del Pueblo (EP), que definió su salto estratégico hacia la guerra de movimientos se evaporó. Hoy, sin estar derrotadas, pueden subsistir eternamente en la guerra de guerrillas, pero el triunfo militar sobre las fuerzas oficiales, desapareció en el tiempo futuro. De ahí que su capital más fuerte sea su agenda política, que en lo esencial, al presente, estaría centrada en un programa agrario democrático, una auténtica ley de víctimas, la liberación de sus presos y una reforma política que profundice la democracia.
El ELN, ha soportado de manera diferente la ofensiva militar e institucional del Estado, porque es una organización diferente a las FARC, es mucho más societal que militar; por eso, ha sido duramente golpeada en sus bases sociales que fueron encarceladas y desplazadas y, menos en sus pequeños cuerpos de ejército. Desafortunadamente, para el país, los últimos gobiernos han priorizado los procesos de paz con la FARC y le dieron al ELN un lugar secundario. Muy lejos había llegado el proceso con el ELN, en los diálogos de la Habana, en aspectos metodológicos y de agenda con el Acuerdo Base, que fueron botados por la irresponsabilidad del Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y el presidente Álvaro Uribe Vélez.
No obstante el enojo en que se encuentra el ELN por el desconocimiento-burla que se les hace a través de los medios, que los ha llevado temporalmente a radicalizarse, es necesario explorar y darle carne programática a su propuesta de un consenso nacional para el buen vivir y la democracia. El ELN es una organización más política que militar y seguramente encontrará el camino de un auténtico proceso de paz.
Hay unos requerimientos y unas premisas que resultan útiles tener presente a la hora de abordar cualquier proceso de paz con algún margen de éxito. Primero se requiere, que las partes estén dispuestas a llevar adelante el proceso de manera irreversible, responsable, sin crear falsas expectativas y nuevas desilusiones que terminen radicalizando el conflicto; segundo, que se haya construido la suficiente credibilidad y confianza entre las partes, de tal manera que éstas estén absolutamente convencidas de que no van a ser burladas, ni engañadas, antes, durante y después del proceso; tercero, contar con un orden normativo a manera de una ley de paz que permita las negociaciones políticas y la favorabilidad en el proceso, de forma que éste se inscriba en el principio de la solución positiva para que ninguna de las partes se sienta derrotada y sea la sociedad colombiana en su conjunto la que resulte victoriosa.
Como premisas centrales para guiar el proceso, es conveniente llegar al convencimiento que el conflicto no se acaba por la vía militar y que la única posibilidad de una salida digna para el país es a través del dialogo y la negociación. Que el modelo de la seguridad democrática que priorizó la guerra se ha agotado y que lo único realmente ingenioso en materia de seguridad y defensa es un modelo que se fija como propósito político alcanzar la paz. Que la paz debe contemplar un paquete de reformas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política del país, pero que en lo fundamental debe tomar en cuenta el desarrollo rural campesino, la profundización de la democracia y, el desarrollo regional y territorial incluyente.
En síntesis, se requiere que se reconozca la existencia del conflicto armado en el país, se acepte la naturaleza social y política del mismo, se avance en la disposición de las partes para la solución política negociada y se abra el camino de las reformas para una paz con justicia social y democracia profunda. Para ello, es necesario que las partes respeten el DIH y los DH, cesen las hostilidades contra la población civil, los movimientos sociales y la oposición política y se haga un cese unilateral al fuego para que se pueda pensar y escuchar las distintas iniciativas de paz.
12 de Septiembre de 2011
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