PRAXIS SUR

Hace unos meses Raúl escribió sobre Ecuador, y hace menos de un mes, estuvo por acá, si mal no recuerdo, invitado por la gente de Desde Abajo, para participar de unas reflexiones sobre el sistema-mundo y el capitalismo actual. Ahora al cierre del año cabe recordar este escrito en la perspectiva de discutir el tópico del estado ampliado, una categoría de cuño gramsciano que también utiliza Alvaro García Linera para tratar de pensar el rumbo de Bolivia. Estos híbridos conceptuales nos han de servir para pensar las novedades de la praxis reformista y revolucionaria en América Latina. N de la R.

Ecuador - El Estado fuerte y la criminalización a los movimientos

Programa de las Américas. 09/03/2011

Por Raúl Zibechi

La consulta popular del próximo 7 de mayo enfrenta al gobierno de Rafael Correa con la mayor parte de los movimientos sociales, con una nueva izquierda desgajada del gobierno y también con la derecha tradicional. No están en debate ni las explotaciones mineras y petroleras ni la defensa del medio ambiente, sino el deseo del gobierno de construir un Estado más centralizado y poderoso.

“No crean a los ambientalistas románticos, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”. Esa frase fue pronunciada por el Rafael Correa en cadena nacional en rechazo al paro indígena en la provincia amazónica de Orellana el 1 de diciembre de 2007. El 26 de noviembre se había iniciado una protesta social en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana, por el retraso en las obras de agua potable, electrificación y vías terrestres que se arrastraba desde el anterior gobierno. Correa había asumido el 15 de enero de 2007.

La reacción del gobierno ante el corte de una carretera que conduce a un pozo petrolero, fue declarar el estado de emergencia por “grave conmoción interna”. Se ordenó la movilización militar y se activó la jurisdicción militar para enjuiciar civiles. Las fuerzas armadas decretaron el toque de queda y prohibieron cualquier manifestación o reunión. El 30 de noviembre el ejército ingresó violentamente en los domicilios de los habitantes de Dayuma rompiendo las puertas y se detuvo a 25 personas que figuraban en una lista que llevaban los militares.

Según denuncia de los organismos de derechos humanos, todos ellos fueron maltratados, interrogados sin presencia de abogado defensor y amenazados de “ser violados sexualmente”. El Comité de Derechos Humanos de Orellana informó que uno de los detenidos debió ser hospitalizado tras las torturas y que todos los detenidos “estaban golpeados, con señales de golpes en el rostro, puntapiés, y que habían sido amarrados con bandas de caucho”. Al parecer, ese es el trato que merecen los “terroristas”.

El 1 de febrero de 2011, José Acacho González, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, fue detenido junto a otros dos dirigentes acusados de terrorismo. El operativo militar incluyó el uso de un helicóptero y agentes con el rostro cubierto por pasamontañas. En setiembre de 2009 los indígenas shuar se habían movilizado contra el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, en el marco de la implementación de megaproyectos de minería a cielo abierto en territorios indígenas por empresas multinacionales. En esa movilización hubo una fuerte represión policial y murió el profesor shuar Bosco Wisuma. Desde un primer momento Correa acusó a los indígenas de la muerte.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) consideraron que “asimilar a los indígenas shuar, movilizados en defensa de sus derechos, con el ‘terrorismo’ menoscaba gravemente los principios internacionales en materia del derechos a la protestas y contraviene la definición internacional de lo que constituyen actos terroristas”.

Golpistas y “terroristas”

En la edición de enero de Le Monde Diplomatique Cono Sur, aparece una larga entrevista de Ignacio Ramonet a Rafael Correa. A lo largo de cuatro páginas el presidente de Ecuador asegura que el 30 de setiembre hubo un golpe de Estado frustrado, aunque no explica las razones de esa afirmación. “Quien lo duda es esa prensa corrupta que no busca la verdad”, dice Correa .

En su opinión el inspirador del golpe fue el partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez y sectores de la derecha estadounidense, aunque reconoció que “hubo una gran muestra de solidaridad del Departamento de Estado de Estados Unidos”. Cuando se le pregunta si están identificados los líderes del golpe, menciona “dos oficiales y un hombre de tropa” que, dice vagamente, “me parece que los tres incluso están fugados”. Dos meses y medio después del “golpe”, dice “le parece”, sin precisar detalles de esos tres “cabecillas”.

Toda su explicación del “golpe” es muy ideologizada y muy poco concreta. Esta es una parte del diálogo en la cual el periodista le sugiere incluso mayor represión:

Ignacio Ramonet- Hay una frase de Trotsky que dice: ’La revolución necesita el diálogo de la contrarrevolución’. ¿Piensa usted acelerar, radicalizar, la revolución Ciudadana?

Rafael Correa- Después de esto hay que ser mucho más contundentes, eficaces y precisos para aplicar la Revolución Ciudadana en Ecuador (…) Tenemos que poner mucho más énfasis, mucho más cuidado en la parte de seguridad, y en la parte de reconstruir los mecanismos de inteligencia.

En ningún momento Correa se refiere a los golpistas –que provocaron la muerte de 8 personas y 275 heridos y pusieron en riesgo el estado de derecho y según el presidente su propia vida– con el calificativo de “terroristas”.

Ese término tan duro lo reserva para los dirigentes sociales que se oponen a la minería y la expansión de la frontera petrolera, que cortan carreteras y se manifiestan en defensa de sus territorios. En Ecuador hay 189 dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo .

La Consulta: respuesta al 30 de setiembre

La forma que asumió la respuesta del gobierno fue convocar una consulta popular. La consulta tiene diez preguntas. Cinco de ellas suponen enmiendas a la recién aprobada constitución. Las dos primeras pretenden sustituir la caducidad de la prisión preventiva y restringir las medidas sustitutivas de privación de libertad con el argumento de combatir la delincuencia. La tercera impide que instituciones financieras sean propietarias de medios de comunicación. La cuarta y la quinta modifican la integración de los máximos órganos judiciales dando al Ejecutivo y al parlamento ingerencia en su nombramiento.

Las otras cinco preguntas de la consulta son: penar el enriquecimiento no justificado, prohibir las corridas de toros y los casinos y salas de juegos, regular los contenidos de violencia, sexuales y discriminatorios en los medios y penalizar a los empresarios que no inscriban a sus trabajadores en la seguridad social. Como puede verse, las enmiendas a la Constitución son cuestiones de fondo y de las otras cinco lucen oportunistas, incluso algunas ya han sido legisladas.

El referendo tiene como principal ventaja que traslada las contradicciones políticas al terreno en el que mejor desempeño tiene. En efecto, en cuatro años de gobierno Correa ganó dos elecciones presidenciales y tres consultas, una para convocar la Constituyente, otra para elegir sus miembros y la tercera para aprobar la nueva Constitución. Todas por un margen amplio.

La legalidad de las preguntas fue puesta en cuestión pero la Corte Constitucional falló en enero a favor de las preguntas propuestas por Correa. La derecha anunció que votará No, igual que la izquierda y los movimientos indígenas, aunque con matices. La consulta provocó rupturas y alejamiento en el partido oficialista Alianza País. La derecha se articuló a través de Cauce Democrático y está liderada por el ex presidente Osvaldo Hurtado.

La izquierda tiene dos grandes alianzas. Una de ellas liderada por Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex amigo personal de Correa. Junto a varios disidentes del gobierno formaron el Frente de Defensa de la Constitución Montecristi Vive. “Tenemos un gobierno y un caudillo con rasgos autoritarios y de intolerancia”, dijo Acosta . “Un régimen presidencialista, que ya concentra cuotas importantísimas de poder, quiere más poder”, escribió Leonardo Orgaz Arce.

El segundo frente se llama Movimiento Participación y está liderado por Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno y Seguridad de Correa. El grupo está integrado por organizaciones de jubilados, estudiantes, comerciantes, sindicalistas y militares retirados además de personas que provienen del partido Pachkutik (vinculado al movimiento indígena) y del izquierdista MPD. Las dos agrupaciones coinciden en que las reformas pretenden romper la autonomía de la justicia. Para Correa son “traidores”.

Criminalización de la protesta social

“Cuando los plebiscitos surgen de una presión social popular, podemos encontrar que han tenido una función política democrática, como cuando el pueblo de Chile se manifestó por el ‘No’ frente a Pinochet y eso abrió un cambio. Pero cuando tenemos este tipo de dirección impositiva desde arriba, es un peligroso camino que ha terminado en el fascismo”; declaró el filósofo Iván Carvajal, de la Universidad de Quito. Ecuatorianos de los más diversos sectores temen una excesiva concentración de poder en Correa.

Alberto Acosta escribió días después de la detención de los dirigentes shuar: “Destaca la ligereza en el uso de las acusaciones de terrorismo y sabotaje. En estos últimos dos años se ha vuelto a esgrimir esta acusación para enfrentar la protesta popular”. En su texto, quien fuera cercano colaborador de Correa recuerda que la Asamblea Constituyente, el 14 de marzo de 2008, amnistió a 600 personas acusadas de terrorismo porque “se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación”.

Sostiene que el extractivismo amenaza los territorios indígenas con sus grandes proyectos mineros y petroleros. Pero asegura que los derechos que consagra la Constitución aún no se han convertido en leyes que “erradiquen todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades”. El artículo 160 del código penal considera terroristas incluso a los que se manifiesten de forma pacífica y “construyeran barricadas, parapetos, trincheras…”. Aunque el artículo 98 de la nueva Constitución defiende el “derecho a resistencia” y protesta para reclamar derechos.

Finaliza su texto alertando sobre el “terrorismo de Estado”. Quien dice estas frases no sólo presidió la Asamblea Constituyente sino que fue uno de los principales inspiradores del Buen Vivir (Sumak Kawsay), de los “derechos de la naturaleza” y de la iniciativa Yasuní para dejar el petróleo en tierra que le han valido el respeto en todo el mundo. Vale decir que esas mismas iniciativas le han otorgado gran prestigio al presidente Correa entre quienes a menudo desconocen la compleja relación que mantiene con los movimientos.

El retorno del Estado fuerte

Entre los casi doscientos dirigentes sociales acusados de terrorismo y sabotaje están Marlon Santi, presidente de la CONAIE, y Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, las dos más importantes organizaciones sociales del país, por su rechazo a la ley de aguas. En la misma situación está Carlos Pérez Guartambel y otros cuatro dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) por cortar rutas y manifestarse en Victoria del Portete.

¿Porqué el gobierno de Correa acusa de terroristas a los movimientos? ¿Para qué necesita un Estado fuerte, en el sentido que le da Correa, con un perfeccionamiento de los mecanismos de control y vigilancia?

Los hechos reseñados hasta ahora no son desbordes represivos. La frase de Correa que abre esta nota no fue un exabrupto. Forman parte de un nuevo modelo político-económico que se está gestando lentamente y que tiene dos puntas: el extractivismo, o la acumulación por pillaje como ha definido David Harvey, y la subordinación de los movimientos sociales y, en caso de no ser posible, su criminalización.

En la medida que los movimientos sean obstáculos para esta nueva economía que convierte a la naturaleza en mercancía, deben ser no sólo reprimidos sino culpados de negarse al desarrollo, lo que se ha convertido en un delito mayor. En este discurso, desarrollo es algo diferente a lo que se entiende habitualmente: se reduce a entregar las riquezas del país a las grandes multinacionales para aumentar la exportación de commodities. Por eso hace falta un Estado fuerte, para garantizar los contratos y la propiedad de las empresas.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).

Recursos

Alberto Acosta, “El uso de la justicia como mecanismo de terror”, ALAI, 4 de febrero de 2011.

Entrevista de Ignacio Ramonet a Rafael Correa, Le Monde Diplomatique, enero de 2011.

Leonardo Orgaz Arce, “Consulta popular o la tentación del poder”, en Desde Abajo, 24 de febrero de 2011, http://www.desdeabajo.info

Marlon Santi, “Respete los derechos indígenas”, Carta abierta al presidente Correa, Agencia Intercultural de Noticias Indígenas, 25 de febrero de 2011.