PRAXIS SUR

Uno de los hijos del difunto Alfonso López Michelsen ha advertido en debate público, primero en Hora 20, y en este escrito después, lo que ya nadie puede ocultar: la responsabilidad política del gobierno nacional al no garantizar la vida de los uniformados cautivos, y ahora muertos, como otros más que han perdido su vida o preciosos años al caer en poder de las Farc. Hoy más que nunca Colombia, la gente rasa, tiene que pensar en acto la necesidad, la urgencia de liberarnos de la guerra. N de la R.

No confundir el sentido

de las marchas

JUAN MANUEL LOPEZ CABALLERO

Puede que más ‘maldita’ que la presencia del fenómeno de la niña sea la herencia del pasado de buscar más una victoria que una solución al conflicto armado.

Después de 8 años de vender la idea de que no tenemos sino un enfrentamiento con unos perversos delincuentes; después de haber aumentado las fuerzas armadas en más de 200.000 efectivos (entre Militares y Policías); después de haber dedicado dos reformas tributarias con impuestos especiales para la guerra y no para la salud o la educación; después de consolidar el pie de fuerza armado proporcionalmente más grande del mundo; después de dedicar todos los recursos del poder y del Estado a promocionar el slogan de la ‘seguridad democrática’; después de todo esto es difícil pensar en no seguir la misma línea (aún si aportó más de frustración que de éxito).

No existe ninguna duda, discusión o debate respecto a que la culpa de la muerte de los uniformados fue de la guerrilla; ni respecto a que esto fue un asesinato, un crimen de guerra y una violación al Derecho Internacional Humanitario; ni que la insurgencia perdió su rumbo y degradó sus métodos. Tampoco respecto a que no tienen posibilidad de acceder al poder por la vía de las armas.

Pero sería necio negar que se cometió un error por parte de las fuerzas armadas y que eso desencadenó la tragedia. Si fue porque estaban solo buscando localizar donde estaban los retenidos por la guerrilla y por mala planeación o información se toparon con ella, o si fue un intento de rescate y fracasó, de todas maneras algo funcionó mal y resultó en la tragedia indeseada que de otra manera no se hubiera producido. Pero el origen de ésta no está en la acción militar sino en la política que la generó.

-Para evitar estos peligros –en el caso de seguir decididos a buscar acabar la guerra por vía de la derrota y rendición total y no por el diálogo- es que se creó el Derecho Internacional Humanitario que no solo permite sino obliga a intentar acuerdos que minimicen el sufrimiento y el peligro para los no combatientes (entre los que cataloga a los capturados por las fuerzas enemigas). La decisión de continuar las acciones bélicas indefinidamente es potestad del Gobierno, pero en tal caso está acompañada de la obligación de acudir a acuerdos con los insurgentes para evitar males innecesarios.

Porque no se puede considerar las muertes de quienes están en manos del enemigo como un ‘daño colateral’; ni basta con mostrar la maldad de quienes los ejecutaron para justificar no tratar de evitar esas muertes. Una vez reconocida la existencia del conflicto armado, el diálogo es un imperativo, no en función de encontrar la paz sino de humanizarlo. La posición de ‘no hablo hasta que no haya muestras de buena voluntad que yo considere satisfactorias’ puede aplicarse respecto al fin de las hostilidades pero no respecto a intentar acabar el sufrimiento de quienes aún está presos en la selva.

Las marchas lo que buscan es oponerse a la violencia, al secuestro, a las acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario. Pero no debe confundirse eso con una carta blanca para buscar acabar con las FARC sin importar la suerte de los que sufren en manos de la guerrilla.