PRAXIS SUR

MIRADOR   ANDINO AMAZÓNICO

  Iniciamos esta sesión con el escrito del profesor investigador ecuatoriano Francisco Hidalgo, maestro en sociología,  y profesor de la  Universidad Central en Quito. El colega es copartícipe en la creación del proyecto Seminario Internacional A. Gramsci, una iniciativa intelectual que comprende el ámbito subregional Andino Amazónico, inspirado en el legado de Antonio Gramsci, y un conjunto de pensadores de diversa procedencia, pero articulados todos por la voluntad expresa de darle cabida en la lucha democrática presente a un quehacer más allá del capitalismo global, con el concurso autónomo de las multitudes que han hecho posibles los actuales  respiros democráticos después de la asfixia dictatorial que segó tantas vidas y pretendió marchitar tantas esperanzas. N de la R.

DEMOCRATIZAR LA TIERRA Y  LA ELABORACION DE LA LEY.

Por: Francisco Hidalgo

Una de las coincidencias importantes que ha traído la movilización social de estos meses lluviosos y de retorno a las calles de las organizaciones campesinas e indígenas, es la demanda por una ley de tierras por la vía de la iniciativa popular, es decir intenta acercar la aplicación de los derechos constitucionales de equidad en los recursos con los de participación democrática, en la búsqueda de una democracia directa.

Coincidencia importante porque articula la critica a la estructura de propiedad en la tierra, con la crítica al autoritarismo y elitismo, del presidencialismo verticalista, en la elaboración de propuestas de leyes a favor directo de los sectores populares, afectando los intereses tanto  de los poderosos grandes dueños de la tierra, como de los jerarcas de las instituciones estatales.

La ley de tierras tiene legitimidad y legalidad en tanto y en cuanto debe asumir el mandato constitucional de “promover políticas distributivas que promuevan el acceso del campesinado a la tierra” (art. 281: 4), y de “prohibir el latifundio y la concentración de la tierra”, bajo los principios de “función social y ambiental de la tierra” (art. 282).

La presentación de propuestas legislativas por la vía de iniciativa popular  es un derecho constitucional bajo el mandato de alentar la “participación en democracia”, y algo más trascendente la “democracia directa”.

Precisamente en la Constitución  el artículo que establece el derecho a la iniciativa popular legislativa está ubicado bajo el título de “participación y organización del poder”, así como el artículo que establece la soberanía alimentaria, y con ella la redistribución de tierra y agua,  se encuentra en el marco del titulo “régimen de desarrollo”. Dos pilares de un proyecto de nueva sociedad.

He mencionado esto porque la tramitología legislativa y los cálculos muy particulares de ciertos movimientos y partidos, respecto de los destinos de una propuesta de ley de tierras, evualuando si el texto es  el 50%  o el 75% correcto, o el 50% y 25% errado, haciendo abstracción del valor de una legislación construida desde abajo, pudieran echar al traste algo sustancial: la defensa del derecho a la iniciativa legislativa popular por encima de las determinaciones de quienes controlan temporalmente las instituciones, sea los ministerios en el ejecutivo, o las comisiones y curules parlamentarias.

Se trata de no perder de vista  uno de los principios claves de esta época: la soberanía radica en el pueblo, el mandante es el pueblo, las instituciones y sus jefes deben obedecer a dicho mandato.

Movimientos campesinos e indígenas lograron recoger, entre octubre y febrero, alrededor de 40 mil firmas respaldando una propuesta de ley de tierras, que a su vez fue construida en un proceso participativo y de síntesis llevada adelante por la Conferencia de Soberanía Alimentaria.

En este caso la Asamblea Nacional, dice la Constitución (art. 103)  debe abrir las puertas para “tratar la propuesta”, lo cual debería leerse como un mandato para desplegar un proceso participativo de construcción de una ley de tierras y no generar tecnicismo jurídicos para coartar el debate legislativo, bajo el lema de eliminarlo antes de nazca.

Quizá  el conjunto de movimientos campesinos e indígenas, cuya autoridad política y moral está reconocida por todo el país, pudieran armar un frente común para defender el derecho a legislar desde la iniciativa popular. Porque, una de las lecciones del proceso reciente ecuatoriano es que la democracia, para ser tal, debe construirse con métodos democráticos.