Reproducimos en esta oportunidad la sentencia proferida por el Tribunal, que se instaló el 22 de mayo, en el salón Boyacá del Capitolio Nacional, y sesionó en el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, entre el 23 y 25 de mayo, con una concurrida y beligerante asistencia de sindicalistas, asociaciones sindicales de trabajadores empleados y desempleados, y abogados e intelectuales ligados con la causa obrera.
La convocatoria fue hecha por la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores y la FMS, y contó con el respaldo en la Facultad del Grupo Presidencialismo y Participación, quien distribuyó gratuitamente, el día del fallo, la publicación sobre Violencia Sindical, dos volúmenes, entre los participantes, en el interés de contribuir al proyecto (Anti) escuela Ciudad Blanca que hace parte del ejercicio de Extensión solidaria, y Gestión de lo Común, durante el año 2012. Felicitamos a los organizadores, y esperamos que este ejercicio internacionalista rinda sus frutos, luego que se ha frustrado la pretensión de un exsindicalista, Angelino Garzón, de presidir la OIT, y en su lugar haya sido elegido un obrero británico, procedente de una de las más severas cunas del neo-liberalismo y la tercera vía, el líder sindical Guy Rider. N de la R.
Tribunal Mundial de Libertad Sindical
COLOMBIA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012).
El Tribunal Mundial de Libertad Sindical
integrado por los siguientes Magistrados: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ,
Presidente; LYDIA GUEVARA RAMÍREZ, Secretaria; LUIZ SALVADOR, OSCAR
ALZAGA, JOSÉ LUIS CONTRERAS MONTES, GRETEL HERNÁNDEZ OLIVA y SEBASTIÁN
VISCUSO, reunidos en sesión plenaria, en el expediente caratulado “Sindicatos de Colombia c/ República de Colombia s/ Violación del principio de libertad sindical” (Causa No. 001/ 2012.), dicta la siguiente
sentencia
I.-objeto de la controversia
El
Tribunal ha recibido una demanda general que resume la presentada por
81 organizaciones sindicales y por trabajadores independientes, cuyo
detalle se realizó en el auto de admisión de la demanda, de fecha 23 de
mayo de 2012.
En
ella se denuncian graves violaciones al principio de libertad sindical
por parte de la República de Colombia, alegándose que los trabajadores
de este país, “siempre han sido blanco de los ataques de la clase
política tradicional”, situación que se habría agravado a partir de
1965, según los demandantes, cuando “se acogió por el Estado la doctrina
de la seguridad nacional o del enemigo interno”.
Dice
la demanda que “el paramilitarismo se ha convertido en una política de
Estado, cuyo blanco principal son los defensores de derechos humanos,
los opositores y los trabajadores.”
Luego
la demanda desarrolla y fundamenta este punto, explicando la
responsabilidad de los Estados Unidos en la actividad paramilitar en
Colombia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales. La
demanda también relata otras violaciones graves a los derechos humanos,
cuyo origen se vincula al derecho de libertad sindical, que
prácticamente es impedido su cabal ejercicio por los trabajadores.
II.- Competencia
En
el auto de fecha 23 de mayo de 2012 el Tribunal fundamentó su
legitimidad y su competencia para conocer en el presente caso. En primer
lugar, por estar conformado por juristas y personalidades sociales de
diferentes países, ajenos a la controversia planteada.
Decíamos
en esa oportunidad, que el Tribunal Mundial de Libertad Sindical –
Colombia (TMLS), es un tribunal ético internacional, fundado por
representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer
visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática
violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la
persona humana: la libertad sindical.
Es
un tribunal ético, porque nace con el propósito de generar conciencia
sobre la degradación de ese derecho humano, que la institucionalidad no
ha podido, o querido, preservar. Su existencia se explica por el
fracaso de las estructuras políticas formales, en dar una respuesta
adecuada a las agresiones que sufre la libertad sindical en este país.
Cuando los sistemas judiciales convencionales se muestran impotentes
para suprimir esos comportamientos, por ser incompetentes, tolerantes o,
peor aún, cómplices, entonces las víctimas y los pueblos tienen el
derecho de reapropiarse democráticamente de la justicia, generando un
espacio para la denuncia, la condena y la difusión de los hechos de
violación de la libertad sindical, identificando a sus responsables.
El
Tribunal no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a
que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen.
Sin
lugar a dudas, este es un paso para terminar con la impunidad, al
exhibir ante la comunidad local e internacional hechos que repugnan a la
conciencia social de la humanidad, y que van a contramano del siglo
XXI, que es el siglo de los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos,
que desenmascarar la injusticia, y forzar la reacción de aquellas
personas e instituciones, que tienen la capacidad de movilizar
mecanismos correctivos de estas conductas socialmente reprochables.
Cuando
la violación de los derechos en general, y de la libertad sindical en
particular, pasan a ser parte del escenario de lo cotidiano, y cuando
las conciencias parecen estar anestesiadas, seguramente como mecanismo
de defensa para poder sobrevivir a semejante degradación social,
entonces las instituciones entran en una profunda crisis. Pierden
legitimidad porque pierden credibilidad. Y llegado a este punto, los
pueblos tienen el derecho a exigir y buscar justicia, la que les permite
alzar la voz y denunciar a los violentos, a los corruptos, a los
delincuentes, a los explotadores, que degradan las instituciones
republicanas y, en nuestro caso, a los que sistemáticamente violan el
principio de libertad sindical en sus diversas manifestaciones.
III.- Trámite ante el Tribunal
Recibida
la demanda, al estar designadas las partes y pertenecer los hechos
denunciados al marco de competencia del Tribunal, se ordenó notificar al
Presidente de la República de Colombia, Señor Juan Manuel Santos
Calderón para que pueda ejercer el derecho de defensa.
Paralelamente,
se dispuso la producción de la prueba ofrecida por la parte demandante,
ordenando que por Secretaría y atento a su volumen, sea reservada y
archivada la documentación, y que se tome declaración a los testigos
ofrecidos realizándose las audiencias los días 23 y 24 de mayo de 2012
en el horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:30 horas.
Para
resolver la controversia planteada, el Tribunal ajustó su decisión a la
Constitución Política (CP) de la República de Colombia, artículos 25,
39, 53, 55 y 56; al Código Sustantivo del Trabajo (CST), a los Convenios
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), números 87 (1948)
sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, 98
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949), 151
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978) y
154 sobre el fomento de la negociación colectiva (1981); a la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.23); a
la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 20 y 23.4), a los
llamados “Pactos de Nueva York”, el relativo a los Derechos Civiles y
Políticos (art. 22.1) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(art. 8.1), el Protocolo de San Salvador (art. 8) y demás tratados que
conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia
sindical.
También
se tuvieron en cuenta los dictámenes y resoluciones de los organismos
internacionales de interpretación y aplicación de dichos tratados y
convenios, como, por ejemplo, la Comisión de Expertos, la Comisión de
Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Por
último, pero muy especialmente, el Tribunal apoyó su decisión en la
doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en particular en los casos “Baena, Ricardo y otros”
(02/02/2001) y “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005).
El
Tribunal destaca que la profusión de normas internacionales que
consagran el principio de libertad sindical, permite considerarlo como
un derecho humano fundamental integrante del “ius cogens” o derecho
consuetudinario de gentes, obligatorio para todos los países, conforme
al Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados.
V.- La libertad sindical
Ingresados
en el siglo XXI, el Tribunal considera innecesario explayarse
mayormente sobre la libertad sindical, uno de los pilares de toda
sociedad democrática. Baste decir que la libertad sindical comprende
tanto a la llamada libertad sindical individual, consistente en la
facultad de constituir sindicatos, afiliarse, no afiliarse o
desafiliarse, como la libertad sindical colectiva o autonomía sindical,
que permite a las organizaciones sindicales realizar toda actividad
lícita, incluida la huelga, para la defensa de los derechos e intereses
de los trabajadores.
La
función de los sindicatos, en las sociedades modernas, es crear una
fuerza social que contrarreste los poderes empresariales. Pero el
desconocimiento sistemático de la libertad sindical deriva en una
situación de debilidad estructural de las organizaciones gremiales, lo
que facilita los abusos y atropellos a los derechos de los trabajadores.
La
libertad sindical está íntimamente vinculada con la subsistencia del
trabajador y de su familia, con la protección y mejoramiento de sus
intereses y derechos, ya que es la garantía para el ejercicio de sus
derechos laborales, como son al trabajo digno y estable y a una
remuneración justa. Y si la libertad sindical está relacionada con la
subsistencia de la persona, entonces está vinculada con el derecho a la
vida, que es el primer derecho humano. Esto explica que la propia O.I.T
diga en sus informes, que la libertad sindical y la libertad de
asociación son un derecho humano fundamental y un valor medular del
sistema, cuyo propósito principal es que los trabajadores defiendan sus
derechos adquiridos y aún puedan mejorarlos.
Las
normas constitucionales y la ratificación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos y los Convenios de la O.I.T., es
un dato importante para juzgar la situación de la libertad sindical en
Colombia. Pero lo verdaderamente esencial es el grado de aplicación
efectiva de esa normativa. Este Tribunal ha podido comprobar, con las
pruebas producidas, que en Colombia existe una enorme brecha entre la
norma jurídica protectora y su aplicación en la realidad.
Se
viola la libertad sindical cuando el ordenamiento jurídico interno crea
condiciones para la existencia de organizaciones de trabajadores
débiles y sin capacidad de acción sindical. También cuando se reglamenta
el derecho de huelga para que sea inofensiva, o cuando la negociación
colectiva es un burdo simulacro. Pero la más grave violación de la
libertad sindical se produce cuando la violencia contra el sindicalismo
es permanente, en el marco de una evidente impunidad, sobre todo de los
grupos paramilitares, lo que nos habla de un Estado ausente o, peor
aún, cómplice.
La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso “Huilca Tecse c/ Perú” (03/03/2005), ha
dicho: “El estado debe garantizar que las personas puedan ejercer
libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a
violencia alguna, pues, de lo contrario, se podría disminuir la
capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus
intereses”. Agregando: “Por lo tanto, la ejecución de un líder sindical,
en un contexto como el del presente caso, no restringe sólo la libertad
de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de
un determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”.
La O.I.T
ha señalado: “un clima de violencia, de presiones y de amenaza de toda
índole contra dirigentes sindicales y sus familiares no propicia el
ejercicio libre y el pleno disfrute de los derechos y libertades que
consagran los Convenios núms. 87 y 98 y todo Estado tiene la ineludible
obligación de fomentar y mantener un clima social donde impere el
respeto a la ley, como único medio para garantizar el respeto y la
protección a la vida”.
(Véase
Recopilación de 1996, párrafos 61 y 62; 306.º informe, caso núm. 1903,
párrafo 489, 331. Informe, casos núms. 1937 y 2027, párrafo 106; 327.º
informe, caso núm. 1787, párrafo 342 y 333. Informe, caso núm. 2268,
párrafo 755.)
La
experiencia indica, que el ejercicio de la libertad sindical está
claramente condicionado, por el nivel de respeto que exista en un país
de las libertades individuales, en particular el derecho a la seguridad
de las personas, la libertad de opinión y expresión, la libertad de
reunión, el derecho a la defensa en juicio ante tribunales
independientes e imparciales y el derecho a la protección de los
sindicatos.
En
un país en el que se verifican graves violaciones de las libertades
civiles, no puede existir libertad sindical. Colombia es un ejemplo,
pues la sola existencia de los paramilitares es un atentado contra la
legalidad y el Estado Social de Derecho.
Estrechamente
vinculado con esta situación, aparece generalmente una administración
de justicia deficiente, lo que sirve para incrementar aún más el clima
de impunidad e inseguridad existentes.
Las
restricciones civiles y políticas constituyen una de las principales
causas de violación de la libertad sindical, reconoce la O.I.T., lo que
explica que casi la mitad de las quejas que recibe el Comité de Libertad
Sindical se refieran a violaciones de derechos humanos. El mismo
organismo internacional ha dicho, reiteradamente, que el concepto de
derechos sindicales carece totalmente de sentido, cuando no existen las
libertades civiles. Por ello ha insistido que un clima de violencia e
inseguridad, es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las
actividades sindicales.
Es
responsabilidad directa del Estado garantizar a los dirigentes
sindicales, no sólo su vida, su integridad física, o su libertad, sino
también la libertad de movimientos y de circulación, sin temor a
represalia alguna. El Tribunal, conforme a la abrumadora prueba
producida en esta causa, considera que el Estado colombiano no cumple
con esa responsabilidad.
VI.- Sobre los hechos comprobados
El
Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales
colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en
paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los
conflictos. Un comportamiento es cultural cuando mas allá de su
legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al
orden natural de las cosas.
Está
demostrado que la violencia ejercida desde el Estado o desde los grupos
económicos, reduce la sindicalización y dificulta enormemente la
formación de nuevos sindicatos. En 1970 había una sindicalización del
14% de la población económicamente activa, y en la actualidad es menor
del 4%, resultando que sólo el 2% de los trabajadores está amparado por
la negociación colectiva.
Con
procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este
país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como
contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo
subcontratado o tercerizado. Paralelamente, este proceso ha sido
acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación
colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos
de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas,
tanto por el Estado como por los empleadores privados.
La
violencia antisindical ha posibilitado la aparición de cooperativas de
trabajo asociado fraudulentas, que disfrazan como socios cooperativos a
quienes no son otra cosa que trabajadores dependientes. Otro fenómeno
similar es la utilización fraudulenta de las agencias de servicios
eventuales o temporarios, que pretenden reemplazar a los trabajadores
efectivos por trabajadores que originan un menor costo laboral y que
representan una fuerza de trabajo de difícil o imposible
sindicalización.
Este
Tribunal considera que la mayoría de los trabajadores colombianos se
encuentran en una situación laboral, que podríamos calificar como la
prehistoria del Derecho del Trabajo, situación a la que se llega merced a
los hechos reiteradamente mencionados y denunciados en esta causa.
Frente
a la violencia irracional, generalmente originada en función de la
protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas
multinacionales, la reacción del Estado colombiano, reiteradamente
denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de
desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes
sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las
causas que motivan dicha violencia.
El
Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada
alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y
extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos
intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado,
situación que a veces se agrava por la actitud de alguna dirigencia
sindical, que actúa según sus propios intereses.
Ante
los hechos notorios de graves violaciones a los derechos humanos de la
clase trabajadora el Tribunal tiene por debidamente probada la impunidad
con la que actúan los responsables de dichas violaciones. Y en este
fenómeno es clara la responsabilidad del Poder Judicial.
Los
fueros sindicales, que son la herramienta que permite garantizar la
actividad de los representantes sindicales, y que están reconocidos en
la Constitución Política de Colombia y en los Convenios de la O.I.T.,
son sistemáticamente violados. El Tribunal ha podido comprobar, que el
despido arbitrario de los dirigentes y activistas sindicales es un hecho
que se reitera con llamativa regularidad. Situación que se ve agravada
cuando con total impunidad se desconocen órdenes judiciales de reintegro
de los trabajadores afectados.
En
Colombia las relaciones laborales no son democráticas ni
participativas. Son profundamente autoritarias. El trabajador es un
sujeto sin voluntad, que deja en la puerta del establecimiento sus
derechos ciudadanos. La empresa es, en general, una estructura
autocrática, donde uno manda y los demás simplemente obedecen. Se
desconoce el acuerdo bilateral y democrático de las partes que integran
la relación laboral. El trabajador es un simple engranaje, fácilmente
sustituible, de una maquinaria cuyas palancas son movidas por manos,
cuyo dueño ignora.
La
estabilidad laboral es la madre de todos los derechos laborales, porque
un trabajador sin estabilidad tiene escasas posibilidades de
defenderlos. El Tribunal ha podido comprobar que en Colombia las
relaciones laborales son inestables, violentándose el principio de la
permanencia del contrato de trabajo. La ausencia de libertad sindical,
que lleva a un sindicalismo débil y fragmentado, permite que relaciones
laborales que deberían ser por tiempo indefinido, por responder a
necesidades empresariales permanentes, terminan disfrazadas como
relaciones por plazo determinado, o como contratos de naturaleza civil, o
como relaciones cooperativas, todas claras situaciones de burdo fraude
laboral.
Es
lógico que en este escenario, con una fuerza laboral temerosa de perder
su puesto de trabajo, la discriminación, el abuso y la prepotencia
patronal sean una consecuencia natural. El contrato de trabajo es, de
por sí, una relación de poder; poder que se descontrola cuando no hay
libertad sindical, como en el caso de Colombia. La debilidad del
movimiento obrero en este país no es una casualidad, ni un hecho
inevitable de la naturaleza. El Tribunal tiene por demostrado que hay un
plan para que en Colombia exista una mano de obra dócil y barata. Y
para ello es necesario que el sindicalismo no sea un obstáculo. El
procedimiento seguido para alcanzar este objetivo ha quedado a la vista
en este expediente: la represión de la actividad sindical, la violencia
extrema y la impunidad, dignas de los albores del siglo XIX y no de una
sociedad democrática y moderna.
En
este marco de franca desprotección de la clase trabajadora colombiana y
de extrema debilidad del sindicalismo, no debería extrañar que el
índice de siniestralidad laboral sea elevadísimo, lo que se ha podido
comprobar a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales confiables.
Las condiciones de trabajo de un importante sector de trabajadores, son
deplorables.
Tales
condiciones llevan a que un reducido número de trabajadores alcance los
servicios de la seguridad social, desprotegiendo a la mayoría.
La
protección de la vida y la salud del trabajador, que son su único
patrimonio, es considerado un costo laboral, que no todos los
empleadores están dispuestos a pagar. A ello se suma la ineficacia de
los organismos estatales, que deberían controlar el cumplimiento de las
normas de higiene y seguridad laboral.
El
Tribunal se hace cargo que el discurso oficial pretende, especialmente
en los foros internacionales, alegar que Colombia es un país en el que
actualmente se respetan los derechos de los trabajadores y la actividad
sindical. Sin embargo, la mejor prueba de la falsedad de tales
afirmaciones es la resolución adoptada por la Corte Constitucional de
Colombia en el caso P 750/2011, en la que expresamente se declara “la
actividad sindical en el país es de alto riesgo”.
VII.-NORMATIVIDAD REGRESIVA
1. Aún
está vigente el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo (CST) que
prohíbe la huelga en una amplia gama de actividades económicas que no
son servicios esenciales, pese a que los organismos de control de la
OIT, especialmente el Comité de Libertad Sindical, en varias ocasiones
ha recomendado reglamentar el derecho de huelga, conforme a los
criterios de la propia OIT en materia de servicios esenciales.
2. Las federaciones y confederaciones tienen prohibido declarar la huelga en el artículo 417 del CST.
4. Véase convenio colectivo La
negociación colectiva cubre a menos del 2% de los trabajadores
colombianos. Por la exclusión de un gran número de trabajadores de la
aplicación del régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, de los
19´138.000 trabajadores, solo al 30% se les aplica dicho Código, y sólo
124.200 trabajadores se benefician de algún tipo de acuerdo colectivo.
Se aprecia una grave exclusión del derecho de negociación colectiva de
los trabajadores con vínculo diferente al contrato de trabajo.
5. La Ley
1453 reformó el artículo 200 del Código Penal, condenando a quien
perturbe reunión, asociación o huelga. Esta protección es insuficiente.
Es una norma inane, a la fecha no se ha estrenado y no se conoce una
sentencia que aplique esta disposición.
6. El Estado colombiano expidió el Acto Legislativo No 01 de 2005, prohibiendo el tema de pensiones en la negociación colectiva.
7. El
Estado colombiano expidió el Decreto 535 de 2009, por medio del cual se
reglamenta la concertación de las condiciones laborales de los
empleados públicos, con lo cual se niega la negociación colectiva de
dichos trabajadores. Pero aún con la “concertación” se niega asuntos
que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional,
las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y
fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el
principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera
administrativa.
VIII-
Violaciones contra la vida e integridad personal, al derecho de
asociación y negociación colectiva, persecución sindical,
criminalización de actividad sindical.
Para
simplificar la lectura de la presente sentencia y atento a la
significativa cantidad de casos que han sido presentados ante el
Tribunal durante las audiencias de los días 23 y 24 de mayo de 2012 y
los que han continuado llegando durante el desarrollo de las sesiones
del Tribunal, el detalle de los mismos se contiene en el Anexo No. 1, que debe considerarse formando parte integrante de esta Resolución.
IX. En mérito de todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada, El Tribunal Mundial de Libertad Sindical,
RESUELVE:
Condenar
al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos
sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en
calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios,
lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados,
amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la
actividad sindical.
Exhortar
al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos
necesarios para garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo
de inmediato todos los obstáculos y restricciones que han sido
denunciados en esta causa.
Exigir
al Gobierno de la República de Colombia que prohíba, cese y sancione
con el rigor necesario, todos los comportamientos violentos,
cualesquiera que sean sus autores, que afectan el libre ejercicio de la
actividad sindical.
Dirigirse
a cada una de las empresas e instituciones públicas involucradas en la
denuncia recibida, para que cesen en sus actos y políticas
antisindicales. En el caso de empresas multinacionales, el Tribunal se
dirigirá a la casa matriz.
Poner
en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo la
presente sentencia. Designar a la Dra. Gladys Delgado de Rodríguez para
realizar los trámites de notificación.
Comunicar a todo el movimiento obrero organizado, local e internacional, lo resuelto en esta causa.
Notificar esta sentencia a los organismos defensores de los Derechos Humanos, locales e internacionales.
Pasar
a un cuarto intermedio, hasta la fecha y en el lugar que oportunamente
se fijarán, para analizar la evolución de la situación de la Libertad
Sindical en Colombia.
Redactado en español, en Bogotá, el 25 de mayo de 2012
Notifiquese y cúmplase
Firmados,
Luis Enrique Ramirez Lydia Guevara Ramirez
Presidente Secretario
Luiz Salvador Oscal Alzaga Gretel Hernández Oliva
Magistrado Magistrado Magistrado
José Luis Contreras Montes Sebastian Viscuso
Magistrado Magistrado
Mariana Muñoz Marín
Secrataria Adjunta
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