LA HISTORIA DE DOS CIUDADES.
PETRO TIENE LO QUE LOS
RICOS DESEAN
(PRIMERA PARTE)
Miguel Angel Herrera Zgaib.
Director Grupo Py P, UNal/Colciencias
Proyecto Gestión de lo
Común y Subalternidad
presid.y.partic@gmail.com
Los "chicos"
de la oligarquía hacen goles
"Nosotros insistimos en que se siga estudiando, creo que
en la plenaria tendremos más garantías. Guillermo Jaramillo, secretario de
gobierno de Bogotá.
"Sí se hizo un debate de fondo". Concejal Juan
Carlos Flórez
La Registraduría distrital informó y
certificó que 357. 250 firmas, de un
total de 630.623 presentadas el 18 de
abril pasado, son válidas para adelantar
el proceso de revocatoria del Alcalde Gustavo Petro, un burgomaestre tan
controvertido como Jorge E. Gaitán. Sin embargo, Gaitán fue escogido a dedo,
como era la "norma", por el presidente Alfonso López Pumarejo para alcalde de Bogotá. Ya Gaitán había
renunciando al proyecto de la UNIR, orillado a bala en Fusagasugá y con
pobrísimos resultados en las urnas, ya que su propio líder no consiguió ser
elegido.
De otra parte, el mismo 7 de junio, - cuando Colombia empató
con Argentina, en el partido que consagró al portero David Ospina -, fue votado
negativamente el POT, por la comisión
del Plan del Concejo bogotano, en proporción de 9 contra 6. Aquí la bandera
contra la administración Petro la agitó el joven liberal Miguel Uribe Turbay, nieto de la dinastía del
ex Julio César Turbay, defensor de la corrupción en sus justas dimensiones, la
milimetría del Frente Nacional, y la seguridad autoritaria de la “República de
las armas”.
En el caso de la revocatoria del mandato, el fantasma que
ronda a Petro es otro vástago de una familia política tradicional, Miguel Gómez
Martínez, el promotor de la revocatoria, un conservador joven de "pelo en
pecho", quien se dio el lujo de llamar a Gustavo un "Madurito,"
y le agita el trapo de su pasado guerrillero cada vez que puede.
Un día antes, y todo parece indicar, que Miguel ya lo
"intuía", se había filtrado que la Registraduría distrital daría
aprobación a la recolección de firmas; que algunos calculan fue una operación
financiera con un costo cercano a los $ 1.300 millones, que por supuesto no se
corresponde con las cuentas acreditadas por sus promotores. Ese jueves el
equipo en defensa del alcalde, con el abogado Guillermo Asprilla, compañero de
Petro en el M-19, había señalado que el
79 porciento de las firmas recolectadas no eran válidas.
Se fija la arena política y jurídica para que dos campos
adversarios pongan a prueba, no solo la confiabilidad de la Registraduría del
Estado, y desmientan aquello de que “el que escruta elige” con la que se acusa al sistema electoral nacional desde los
tiempos del cura Camilo Torres, sino que también la ciudadanía se haga
partícipe de las bondades y defectos de un mecanismo de participación política
establecido en la Constitución de 1991, y reglamentado por la Ley 134 de 1994.
Mientras tanto, el resto de fórmulas de participación
establecidas en la misma Constitución, artículo 103, continúan sin
reglamentación, me refiero al parágrafo tercero que habilita a los
organismos de origen privado, esto es, a la sociedad civil como la define Antonio Gramsci: “asociaciones profesionales, cívicas, sindicales,
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común o gubernamentales…con el
objeto que constituyan mecanismos democráticos de representación en las
diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”
Las defensas
"Bogotá vive un nuevo tiempo, no va a dejar que la
devuelvan al pasado." Gustavo Petro.
“Queremos hacer una campaña en las calles, convenciendo a la
gente, con jóvenes, trabajadores y con personas que sufren la ciudad y que la
quieren ver mejor.” Miguel Gómez Martínez.
Samuel todavía alega inocencia, su juicio nada que
arranca y el espera una absolución,
parecida a la de su abuelo, pero aquí no ante el senado sino la justicia
ordinaria, porque no hay un equivalente al juicio político en los niveles
municipal y departamental. Algo va de uno a otro miembro de la familia
anapista, de los negocios del dictador con consentimiento bipartidista, al
nieto alcalde con "consentimiento" izquierdo anapista. Sin embargo,
conviene recordar también que Anapo vivió la escisión de la Anapo socialista,
cuya militancia hizo parte en buena medida del M19 después del fraude electoral
de abril de 1970.
Los aliados activos y pasivos de este grotesco e insultante
aquelarre, el carrusel de la contratación pública, exhiben con desvergüenza
suma su silencio ante la ciudadanía. En la "colada" está la pareja
Clara y Carlos; el Moir y PC, la social-democracia del ex-educador Jaime
Dussán, y otros socios menores de procedencia izquierdistas que pasaron de
agache. Unos y otros intentaron ridiculizar y boicotear las actuaciones de la
Comisión de ética del PDA, cuando ésta tomó cartas en el asunto, incluso contra
el propio Guillermo Asprilla, parte de la rebeldía Progresista, quien sin embargo se posesionó como concejal de Bogotá, cuando ya había “partido
cobijas”.
Hoy, el mismo Guillermo Asprilla, destituido por la
Procuraduría, como ciudadano de a pie, y progresista de "racamandaca"
prepara la defensa del alcalde Petro para enfrentar la revocatoria. El primer
ataque ocurrió un día antes del anuncio de la registraduría. Él divulgó el resultado de los conteos y chequeos hechos a los listados
de firmas por el movimiento Progresistas. No más de 133.887 firmas de las
recolectadas eran válidas; y sin prueba se rumoró que la revocatoria era pagada
por dineros de los encarruselados, lo cual Miguel Gómez siempre ha rechazado.
Luego la diferencia entre uno y oro conteo es de 223.363 votos, el de la Registraduría
Distrital y los Progresistas. La Registraduría, sin embargo, invalidó un total
de 273.373 firmas. De estas, 23.014 tenían apoyos incompletos, 68.618 no eran
personas del censo electoral bogotano, y 29.453 tiene uniprocedencias. Fue una
operación acompañada por la Procuraduría, quien, adicionalmente, ordenó en la operación inicial una
verificación de 3.000 firmas.
Lo que "El
Tiempo" debería saber
“Sin embargo, antes de que esto suceda, se deben resolver los
recursos de reposición a que tiene derecho Petro.” En primera página de El Tiempo, 8.06.2013.
Las herramientas de defensa del alcalde Petro y los “progresistas” que
siguen no son “las reposiciones”, sino la reposición ante la misma Registraduría
distrital del estado civil, y la apelación ante la nacional, que preside el
liberal Carlos Ariel Sánchez. Dichas instancias tienen alrededor dos meses para
resolver ambos recursos. Luego, de mantenerse la decisión vendrá la citación
para votación en los dos meses siguientes.
Entonces tendrán que participar el 55 por ciento de los
ciudadanos votantes que lo hicieron el 30 de octubre de 2011, esto es,
alrededor de 1.200.000. La mitad más uno de estos deberá votar la
salida de Gustavo Petro, quien pasado un año ha despertado una controversia que
recuerda la producida en los tiempos de Jorge Eliécer Gaitán, quien intentó
uniformar al gremio de los transportistas, y estos declararon la huelga contra
él, y triunfaron en su intento.
Más allá de lo que los recursos judiciales brindan,
y lo que la votación ciudadana establezca si las firmas revisadas, una a una,
lo autorizan, “l´enfant terrible” del
M-19/Progresistas, con orígenes no oligárquicos, de talante autoritario, se ha
atrevido desde su discurso de posesión en la plaza de Bolívar, que a no pocos
le pareció con claros ribetes presidenciales, a presentar una fórmula
alternativa de ciudad, como lo muestra la creciente favorabilidad que ya tiene
en los estratos uno y dos, una ciudad social que tiene, dice él, el objeto de
combatir la segregación capitalina.
Los invito a leer la segunda parte de esta crónica política con una pizca de análisis y enseñanzas en presente.
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