PRAXIS SUR

ESCENARIOS (PRE) ELECTORALES Y TERCERÍA CONSTITUYENTE

Miguel Angel Herrera Zgaib

Profesor asociado, C. Política, Unal. Catedrático Mtía Estudios Políticos, U. Javeriana. Bogotá. Director Grupo Presidencialismo Participación, Unijus/Colciencias.

“…que otros se feliciten por la guerra; yo, Juan Manuel Santos – con la esperanza de 47  millones de colombianos en mi corazón – me la juego por la paz.”  En el discurso de instalación de la última legislatura del Congreso, 20/07/2013.                          

 ¿Paz  o dinamita  en las elecciones?

                                                       En un escrito reciente, Paz o dinamita en las elecciones, el analista de centro izquierda León Valencia señala que el principal tema del año 2014 girará en torno a un dilema: paz o guerra frente al conflicto armado que  negocian gobierno y  Farc-ep. Es un dilema que nos muestra al país político desnudo, alinderado en dos orillas: la salida negociada, o la derrota y rendición de la guerrilla.

El articulista invita a los lectores de Semana que se pronuncien con respecto a los tres posibles escenarios que él contempla de aquí a noviembre/diciembre. Es el plazo perentorio para llegar a un acuerdo con las Farc-ep que le ponga fin a la segunda fase de lo pactado desde agosto de 2012.

Los tres escenarios, empezando por el más optimista, son la firma del acuerdo y el inicio de la tercera fase de la negociación de paz. Aquí Santos tiene la iniciativa, el uribismo busca el no en la refrendación de lo convenido en La Habana; y las guerrillas se hacen contar electoralmente con otras fuerzas.

En el segundo, los negociadores llegan a las elecciones sin acuerdo cerrando la segunda fase de la negociación de la paz. Emerge una tercería de centro desmarcada de la izquierda con discurso y candidato propio con la opción de ganar la presidencia.

El tercero y más pesimista escenario: “las negociaciones se enredan”. La protesta y la confrontación armada crecen. La ofensiva la tiene el uribismo, y Santos auspicia otro candidato para responderle. El resultado en el Congreso es una gran bancada parlamentaria (congresional) del Centro Democrático, y la posibilidad que su candidato presidencial gane. En la otra orilla extrema las fuerzas radicales y extraparlamentarias crecen y recaen en la ilusión del triunfo militar revolucionario.

El marco para la paz

“el gobierno está metiéndoles a los colombianos el marco jurídico para la paz con vaselina”. [k1] Alejandro Ordóñez, Procurador de la Nación.

                                          

                                                          El constitucionalista Gustavo Gallón, con credenciales de izquierda, autor en los tiempos del Frente Nacional de La república de las armas, en ejercicio ahora de la acción de (in)constitucionalidad, −de la que es titular cualquier ciudadano colombiano de los inicios del siglo XX−, demandó la Ley marco para la paz. Alegó la existencia de una sustitución constitucional que afecta de modo principal los artículos 2 y 93 de la Constitución vigente.

Él concluye que declarar exequible dicha ley consagraría la impunidad en  las violaciones de los derechos humanos de las víctimas. A él se unió la vocería del procurador general, durante la audiencia del jueves 25 de julio, reclamando que “no debe exonerarse a los actores” de las violaciones, cualesquiera sea su rango, autoría o participación.

José Miguel Vivanco de HRW,  señaló que “esta enmienda niega la posibilidad de obtener justicia a miles de miles de personas…y a más de 4.7 millones de desplazados”. Debatió la aplicación del principio de selección y priorización porque contraría el Pacto de derechos civiles y políticos, el Tratado de la Corte Penal Internacional, así como lo dispuesto por la Corte interamericana, y el propio CICR en cuanto a crímenes de guerra.

Cuestionó el decir del Fiscal Montealegre, por confundir las instancias internacionales y las nacionales, porque en estas no hay lugar a la sanción de los líderes solamente; así  ocurrió, por ejemplo, con la masacre de Pueblo Bello. Recordó también lo dispuesto por la Corte Interamericana de D.H. en  la masacre de El Mozote, que la investigación y juzgamiento de guerra “no podrán estar encubiertos por una amnistía.”

Alejandro Ordóñez insistió en  pedir la inhibición de la Corte, de lo contrario, declarar la inconstitucionalidad de lo demandado: o en últimas, que la exequibilidad sea condicionada para no sacrificar el derecho de las víctimas. Ordóñez  señaló de modo sentencioso  que “la paz no lo justifica todo…se estaría privilegiando al victimario y no a la víctima”.

El bloque por la paz negociada

“No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino cómo lograr la paz con un máximo de justicia.” Intervención del presidente Santos.

                                                       El bando que defiende el marco jurídico de la paz tuvo la vocería en el mismo presidente Santos, quien  enfatizó el enfoque político de la ley. Señaló que se trata  de “una justicia transicional en caso de un proceso de paz con las guerrillas…”, y puntualizó que “La  paz en 1990 no es lo mismo que en 2013”.

Él insistió que este modelo se construye de manera abierta, busca poner fin al conflicto, y crea las condiciones para satisfacer los derechos de las víctimas con una estrategia realista. Ahora, después de veintidós años de la Constitución, busca cumplir su propósito fundamental: construir la paz, proteger  todos los derechos de los ciudadanos y de las víctimas. Más aún, sin este marco jurídico previo no hubiera sido posible la negociación de paz en La Habana.

Sergio Jaramillo, Alto comisionado para la paz, enfatizó que el marco jurídico es una pieza esencial de una política integral; no se puede plantear a priori la hipótesis de la sustitución constitucional, “observaciones sobre supuestos no cumplidos,” alegando una impunidad de facto. Jaramillo cuestionó la concepción de la demanda, que  parte del supuesto de un Estado de paz que no tenemos. La de Colombia es, en cambio, una situación excepcional que exige medios excepcionales.

Por último, Jaramillo cita al relator de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, en el sentido que las medidas de transición  tienen que ser coherentes, para garantizar la eficacia de una  paz global.

El presidente del senado, Juan Fernando Cristo, −víctima por el asesinato de su padre por el Eln−,  alinderado en la misma orilla, ponente de la ley marco en disputa, solicitó que la Corte no condicione al Congreso para el trámite de la Ley estatutaria; y recordó el criterio de reparación integral que no se circunscribe a la sanción penal de las violaciones.

En la audiencia, bajo ropaje jurídico constitucional se expresan dos bloques de aspiraciones electorales que lideran uribistas y santistas. Los uribistas del Centro Democrático con la vocería de Jaime Arturo Restrepo coinciden con  el llamado maximalismo en  D.H. que representa Gustavo Gallón, y del cual se hace eco el ex Uribe Vélez vía twitter.

El santismo defiende, según J.C. Palou,  la justicia transicional global, donde ningún componente es prevalente; postura que elabora Pablo de Greiff desde el pasado intento de negociación de paz entre Pastrana y las Farc-Ep.

Pendientes del desenlace

                                                       Por último, de acuerdo con Restrepo del Centro Democrático, las Farc-ep  mantendría un enfoque minimalista, oída la respuesta de Jesús  Santrich sobre la responsabilidad de la guerrilla como victimaria: ¡quizás, quizás, quizás!

Cómo se falle este primer round se sabrá en agosto,  cuando ya habrá  mayor claridad sobre  acuerdo en el segundo punto de la agenda, la participación política de las Farc-ep, que mucho depende del pronunciamiento favorable sobre el marco jurídico. Este posibilitará la intervención directa de la guerrilla en los procesos electorales del 2014, lo cual no ocurre desde el genocidio de la UP.

La sumatoria de la audiencia del jueves marca 17 intervinientes a favor, y 12 en contra. Igualmente, se comenta que el ponente Jorge Pretelt rendirá ponencia favorable, pero condicionada. Así, la Corte Constitucional prefijará el rumbo de la ley estatutaria amarrando la acción del Congreso, y de contera el poder negociador del gobierno Santos,

Entonces,  la participación electoral de la guerrilla, que ya tiene  ofrecimientos, mantiene “las barbas en remojo”.  La delegación de La Habana, y el comandante Timochenko nada dicen pendientes del trámite final de esta ley que enmienda la plana a la ley de justicia y paz.

Guerra, Parapolítica y fuerza pública

“…debemos comenzar por reconocer los errores del pasado.” J. M. Santos, discurso al recibir la memoria de la violencia colombiana “ ¡Basta Ya!”

                                                         La aplicación de la ley de Justicia y paz, el “parto de los montes” de la seguridad democrática, trajo impunidad para el grueso del paramilitarismo, y la falsa desmovilización de “la Cacica Gaitana”, que puso en fuga al excomisionado Luis Carlos Restrepo.

Este es otro antecedente relevante para el presente manejo  de la paz, que afecta el curso de las elecciones de 2014. A ocho años de promulgada la Ley de justicia y paz se han librado copias para investigar a por lo menos 1.124 miembros de la fuerza pública, que según las autodefensas ellos pagaron, y/o les permitieron la entrada a las Auc en los pueblos donde perpetraron masacres, violaciones y  un sinnúmero de desplazamientos. Solo ha habido 14 sentencias, y de ellas apenas 6 quedaron en firme.

En virtud de la mencionada ley se compulsaron en el mismo lapso copias a 14.897 personas, entre ellas, 1.215 políticos conectados con la llamada para-política, 417 servidores públicos, y 12.081, que de modo general se relacionan con esta situación.

En la lista de señalados por las Auc hay cinco generales sin siquiera una sindicación. Hasta hoy sólo hubo condenas para Rito Alejo del Río, en Colombia, y Mauricio Santoyo, en la corte de Virginia (EUA). Salvatore Mancuso refiere también en sus declaraciones como responsables  al excomandante Carlos A. Ospina, en la masacre paramilitar del Aro, 25 de octubre 1997, en la población antioqueña de Ituango. También aparece el general Mario Montoya, excomandante del ejército involucrado en las acciones de copamiento de la comuna 13, la operación Orión. Y aparece una lista de oficiales de menor rango.

Los resultados del último periodo de esta guerra legal e ilegal, −en la que se juntaron los paramilitares de las Auc con políticos regionales y nacionales−, en la  actividad para-política, en vigencia de Justicia y Paz son escalofriantes: 39.546 hechos perpetrados, de ellos, 1.046 son masacres, y 25.757 homicidios. Las víctimas civiles directas de la guerra “sucia”: 420.989, cuya proporción es 3 hombres por 1 mujer. Hasta el presente se han encontrado  y excavado 4.077 fosas comunes, y se han exhumado 5279 cadáveres.

Al cuadro específico de los últimos años se suman ahora las cifras calculadas  y documentadas para los años comprendidos entre 1958-2012, es decir, 54 años. Las macabras cifras son: 220.000 muertos, 160.000 civiles (73%), y 60.000 (27%) combatientes, según se consigna en el informe “¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad”, rendido por el Centro de memoria histórica que orienta el historiador Gonzalo Sánchez.

Perspectivas electorales 

“Que el informe no se quede en letra muerta y se refleje en verdadera reparación.” Pastora Mira, sobreviviente de la masacre de San Carlos (Antioquia).

“El primer paso que debemos dar es aceptar que la democracia en Colombia ha sido asediada por la violencia.” Presidente Santos, 23/07/2013.

                                           Así, descarnadamente, se ponen cifras a la “democracia” colombiana, antes de la Constitución de 1991, y en particular, al tiempo de su degeneración manifiesta, es decir, los años transcurridos entre 1999 y 2010. Cuando se hizo de la guerra una política pública, una vez rotas las negociaciones de San Vicente del Caguán, con el apoyo manifiesto del gobierno estadounidense y su Plan Colombia. 

Se había pactado la Constitución en 1991, con pretensiones de paz, que incluyó con el bipartidismo tradicional junto a la guerrilla que selló la paz parcial en el gobierno del liberal Virgilio Barco. Eligieron en listas plurales 19 delegados a la Constituyente, presentándose como  Alianza Democrática-M 19 obtuvo la segunda votación nacional, un resultado sin precedentes históricos que muy pronto bloqueó  y despilfarró.

Entretanto, en medio de la guerra, avanza a contracorriente la revolución democrática de las multitudes, que tiene manifestaciones electorales y de hecho, fragmentadas social y políticamente en los espacios rurales y urbanos. Con su concurso el PDA   ganó la alcaldía de Bogotá en dos oportunidades, y consiguió la segunda votación en la elección presidencial en la que Carlos Gaviria compitió contra Álvaro Uribe Vélez.

También pudo ganar la gobernación de Nariño con Antonio Navarro, y conformar una bancada de oposición real al bipartidismo y sus nuevas microempresas electorales, dándole cabal existencia a una oposición efectiva. Recientemente, la multitud incorporada al movimiento Progresistas en Bogotá, después del derrumbe político y moral del PDA, contribuyó al triunfo del alcalde Gustavo Petro, quien representa una coalición ciudadana de izquierda y centro.

Para el ciclo electoral de 2014, las encuestas  favorecen a un candidato presidencial de una coalición dirigida por la izquierda con el 28 y el 30 por ciento de intención de voto. Ello hace posible pensar en un escenario liderado por una fuerza transversal a dos de los escenarios contemplados por el análisis, y en respuesta a la pregunta abierta por León Valencia.

Las opciones que Valencia llama extremistas, tienen como fiel de la balanza lo que pareciera ser la reelección del presidente Santos, un puente que junta a dos orillas. Lo ratifica ya la disponibilidad del partido de la U, que lidera el remedo de frente nacional llamado  “Unidad Nacional”; después de su reunión a  puerta cerrada en Paipa, el pasado jueves.

Con la codirección del senador Aurelio Irragorri, de la vieja guardia liberal, y el representante, Jaime Buenahora, defensor de la séptima papeleta y la Constituyente años atrás, y la presencia de 73 congresistas, por boca del corifeo Roy Barreras clama: “es el partido de gobierno...y sabe que tiene que reelegir a su mandatario.”

Aunque el Partido de la U, de estirpe uribista, pero sobre todo hecho del agregado voraz de las microempresas electorales tiene todavía que resolver la polémica interna con las voces discordantes de los senadores Juan Lozano y  Juan Carlos Vélez,  a quienes algunos sugieren expulsar de la U.

En paralelo, el PDA, con su candidata presidencial Clara López realiza su cumbre nacional de cara a la elección de 2014. Hay la inyección de momentánea popularidad que le ha traído el quehacer del senador Robledo en los espacios de la protesta, junto a la dirigencia de Dignidad Cafetera, que orienta otro militante del Polo, compañero de lucha en el Moir, Oscar Gutiérrez Reyes; y de modo particular, a raíz del triunfo obtenido en el debate  de control político motivado en la disposición y compra ilegal de baldíos a favor del ingenio Riopaila; operación en la que jurídicamente participó la firma del  ex embajador Carlos Urrutia, que a raíz del debate de control  político presentó su renuncia.

El PDA tiene, sin embargo, que superar la cota de 500.000 votos, si quiere mantener su registro electoral, pero la popularidad del senador  Robledo no le será suficiente; así resultara el senador con la mayor votación para Congreso. Lo cual obliga que su candidata  Clara López se asocie con una propuesta compatible con el programa polista, si quiere sobrevivir a una agonía anunciada por los descalabros descomunales y robos al erario bogotano en  la alcaldía de Samuel Moreno, y el bipartidismo de la coalición del carrusel de la contratación.

Así que el Polo tiene que poner atención e inteligencia a lo que haga el movimiento Progresistas, con la conducción nacional de Antonio Navarro, una vez que supere el descalabro de las basuras, donde la alcaldía Petro puso en juego su inmediata permanencia como político. A hoy, su suerte depende de lo que disponga la Procuraduría, al fallar el pliego de cargos que ha presentado en su contra, de lo cual puede resultar su destitución y su inhabilidad para el desempeño de cargos públicos.

Igualmente, está la debilitada fuerza del partido Verde, que no logró incorporar a su nómina al exalcalde Alonso Salazar, alter-ego del gobernador Sergio Fajardo, en serias dificultades con los paros de mineros, y donde está ausente el ministro consejero Lucho Garzón, a lo cual se sumó la muerte intempestiva de Gilma Jiménez, la senadora con mayor votación. Le quedan las iniciativas variopintas de los senadores Sudarsky  y Restrepo, junto a la representante Ángela Robledo.

Está también la iniciativa político intelectual llamada “Pido la palabra”, que junta a varias figuras prestantes de la oposición liberal, socialdemócrata y de centro izquierda. Allí Cecilia López ha insistido en su interés de ser candidata presidencial junto a aspiraciones como la del brillante economista samperista José Antonio Ocampo.

En la dinámica de los nuevos movimientos sociales, descuellan las figuras de Piedad Córdoba, líder de Marcha Patriótica, pero inhabilitada políticamente, que espera el fallo del Consejo de Estado, y Feliciano Valencia, el indígena Nasa, líder del Cric, que aspiraría a mover las simpatías del Congreso de los pueblos. 

Y el movimiento estudiantil, que tiene expresión y simpatía en esos movimientos, donde la Mane ha sido la organización que lo lidera hasta ahora; y que una vez presente el proyecto de ley de reforma a la educación tendrá que contemplar una participación electoral para impulsar con su propia voz y presencia el proyecto para obtener la adhesión ciudadana y popular.

Tercería electoral y  paz democrática

                                                         Todos estos agrupamientos separados no harán posible una propuesta democrática de la izquierda,  la otra opción, que proviene de una tercera orilla, la imaginada por las multitudes que animan la revolución democrática, que reclaman la igualdad social. 

Es una tercería que le corresponde juntar dos banderas, que el PDA no fue capaz de unir en sus mejores tiempos, la constituyente social y la paz democrática, que resuelva el nudo gordiano que separa los caminos entre la izquierda legal y la oposición armada ahora que esta está dispuesta a negociar la paz.

Hoy más que nunca, la izquierda  requiere atravesar el espejismo  de la prosperidad, que se dice democrática, pero, que por lo pronto reparte beneficios mezquinamente con las  de arriba, y placebos entre los sectores populares para allegar votos a favor de la reelección de Santos, primero; y luego la candidatura futura de Germán Vargas Lleras, que se muestra obediente a la sucesión arreglada con el partido de la U, o a ser el emergente en caso que naufrague la primera opción en lo que resta de este año.

El mejor mecanismo para hacer viable la tercería con el liderazgo de la izquierda, que es la verdadera alternativa frente a la división en el bloque dominante en las alas santista y uribista, no es otra que una consulta democrática para la escoger candidat@ a la presidencia, y que igual se haga, conforme a las debidas proporciones en la confección de las listas para congreso.

Así que será la ciudadanía movilizada la que exprese en su pluralidad el curso actual de la revolución democrática que animan los trabajadores, los campesinos, los pobres, las minorías, y la pequeña burguesía intelectual que ha visto como se arrugan sus sueños de inmediata prosperidad.

Será la participación de los muchos combinada con una representación sujeta a revocatoria directa, la que abra las compuertas de esta, una real tercería liderada por la izquierda contra-hegemónica; la que saque a la ciudadanía de su papel de víctima de los desastres de la guerra, que enriquece a unos pocos oligopolios (trans)nacionales; y de títere estratégico en las contiendas electorales, donde el clientelismo armado y desarmado ha hecho su marzo, mayo y agosto año tras año, repitiendo hasta el hastío la fórmula de Lampedusa.

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