QUIEBRE EN
EL PROYECTO DESARROLLISTA HEGEMÓNICO
Por:
Francisco Hidalgo Flor
En el marco de las movilizaciones
sociales de mayo y junio del 2015 se generaron
variaciones sustanciales en el proceso político ecuatoriano, la
consecuencia más importante es la puesta en cuestión de una próxima reelección
presidencial de Rafael Correa en la etapa electoral venidera del 2017 (que a
esas alturas, cumplirá diez años ininterrumpidos en el poder).
A lo dicho se suma el debilitamiento del modelo económico basado en las rentas crecientes de las commoditties, provocado en especial por la caída en los precios en los hidrocarburos, con lo cual el proyecto desarrollista hegemónico muestra grietas que pudieran agrandarse de continuar impertérrito un programa político aplicado por la vía de un caudillismo autoritario y progresismo extractivista, denominado “cambio de la matriz productiva”.
A lo dicho se suma el debilitamiento del modelo económico basado en las rentas crecientes de las commoditties, provocado en especial por la caída en los precios en los hidrocarburos, con lo cual el proyecto desarrollista hegemónico muestra grietas que pudieran agrandarse de continuar impertérrito un programa político aplicado por la vía de un caudillismo autoritario y progresismo extractivista, denominado “cambio de la matriz productiva”.
Otras consecuencias son el rol
protagónico que adquieren los líderes locales de la derecha, los alcaldes de
las principales ciudades del Ecuador, Rodas en Quito y Nebot en Guayaquil, como
portaestandartes de una oposición urbana.
No se puede dejar de mencionar una
cierta recuperación en capacidad de convocatoria de los movimientos populares sindical e indígena, y los partidos de izquierda tradicional,
alrededor de la defensa de los derechos laborales y sociales históricos.
Paradójicamente los acontecimientos que precipitaron la
situación de quiebre fueron diferentes proyectos de ley que golpeaban, en unos
casos a las clases trabajadoras clásicas; y, en otros, a los sectores de gran
capital inmobiliario y grupos de poder familiar.
A continuación bien vale exponer con
algún detalle los planteamientos señalados en los párrafos anteriores, pero
además de los contenidos de las normas jurídicas planteadas, es pertinente
detenerse en las formas de construcción política de las mismas.
Los acontecimientos de abril y mayo del 2015 estuvieron incididos
por los debates y aprobación de la denominada “Ley de Justicia Laboral” que
entre otros puntos planteaba la supresión del aporte estatal del 40% al
presupuesto del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, para financiar a largo plazo la jubilación de los
trabajadores (1), norma que había estado vigente desde los años 40 del siglo
veinte y cuya supresión vulnera fuertemente derechos sindicales adquiridos (2)
Cabe indicar que en el proceso de
discusión el gobierno no solo que no consideró los planteamientos de las
centrales sindicales sino que tomo la iniciativa de formar públicamente otra
central sindical afín al oficialismo,
denominada CUT.
Las agrupaciones sindicales reunidas
alrededor del Frente Unitario de los Trabajadores – FUT, respondieron con una
serie creciente de movilizaciones, la de mayor trascendencia aconteció en la
marcha del 1 de mayo que aglutinó no solo a miles de trabajadores sindicalizados sino que logró
colocar tras suyo a sectores de las clases medias.
No hubo protestas que valieran y el
presidente Correa rápidamente puso en vigencia esta ley. En cambio, los acontecimientos de junio
estuvieron marcados por los debates alrededor de dos proyectos de ley presentados
por el ejecutivo, recurriendo a la vía de “económico urgente”, el primero que incrementaba el impuesto a la plusvalía
sobre suelos y edificaciones urbanas y rurales, bajo la denominación de reformas
al Código de Ordenamiento Territorial (3),
y el segundo proyecto, denominado “Ley Orgánica de Redistribución de la
Riqueza” cuya parte sustancial consiste en el incremento del impuesto a las herencias directas con una
tabla impositiva que va del 2% al 45% (4)
.
El argumento principal del Ejecutivo
al respecto ha sido atacar a la injusta distribución de la riqueza por la vía
impositiva fuerte, donde el estado asume el rol de controlador y redistribuidor
sobre las grandes fortunas.
Es importante detenerse un poco en
estos dos proyectos, en primer lugar señalan “un giro a la izquierda” en el
discurso político del régimen, que durante casi dos años, desde el inicio de su
segundo periodo presidencial consecutivo ( 2013), había estado marcado por la
estrategia del denominado “cambio de la matriz productiva” cuyo eje central
implicaba una alianza dura entre el gobierno y los sectores empresariales (5).
En segundo lugar con ellos el presidente Correa expresa su horizonte de cambio, de hecho en una entrevista televisiva (6) manifestó que en ellos estaba presente la esencia de su visión sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, apelando a dos fuentes teóricas: las encíclicas del Papa Bergoglio; y, el texto de Piketty sobre el rol de las herencias en la la concentración de la riqueza. (7)
En segundo lugar con ellos el presidente Correa expresa su horizonte de cambio, de hecho en una entrevista televisiva (6) manifestó que en ellos estaba presente la esencia de su visión sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, apelando a dos fuentes teóricas: las encíclicas del Papa Bergoglio; y, el texto de Piketty sobre el rol de las herencias en la la concentración de la riqueza. (7)
Estas dos propuestas lanzadas con el
estilo vertical y economicista propios
de Correa, abrieron la franca
oposición de la derecha, por medio de sus alcaldes, que apelaron al discurso de
la defensa de la propiedad y de la familia, ganaron rápidamente la adhesión de
las clases medias, especialmente urbanas, y se lanzaron a las calles, ahora ya
no a la cola de las centrales sindicales, como había acontecido en el reciente
primero de mayo, sino ellas al frente y dejando descolocados a los sindicatos.
En respuesta Correa apeló
a una conciencia de clases por la redistribución de la riqueza, pero
“olvidando” que durante todos los años anteriores precisamente uno de sus
flancos de ataque, según él por pecar de “infantilismo de izquierda”, fueron precisamente las organizaciones
sindicales, los partidos de izquierda
tradicional y el movimiento indígena.
En los tres casos planteados Correa
llevo al extremo su estilo legislativo: a) las principales normas legales se
aprueban previamente en el Ejecutivo, y queda evidente el rol subordinado de la
Función Legislativa; b) la denominada “socialización” de las propuestas de ley
son muy acotadas, no generan consensos sociales alrededor de ellos; c) están
fuertemente marcadas por una lógica tecnocrática, la racionalidad economicista del
discurso las legitima, no la construcción política.
Hasta ahora la legitimidad provino de
una hegemonía alrededor del discurso que apela a la modernidad, al
progreso y la fidelidad al proyecto que exhibe el caudillo, que tiene un
agenciador principal en el Estado con un
Ejecutivo fuerte.
Exactamente así había acontecido, por ejemplo, alrededor de la
resolución presidencial de dar por concluida la iniciativa Yasuní y la
autorización para iniciar por la exploración y explotación petrolera dentro de
la principal reserva de biodiversidad de la amazonia ecuatoriana.
Este proceso político construido
desde arriba es el que empieza a resquebrajarse, por un lado con el agotamiento de la vía
caudillista, ya afectada en el proceso electoral alrededor de la renovación de
gobiernos municipales en febrero del 2013; y, por otro lado, con el
debilitamiento del poder económico del estado por la reducción de los ingresos
provenientes de los precios altos en los hidrocarburos.
La vía política planteada por Correa,
de ir a la reelección indefinida e
inmediata de todos los representantes electos, desde concejales municipales,
pasando por los legisladores y llegando hasta el Presidente de la República, a
estas alturas asoma como fuertemente impopular y jurídicamente inconstitucional,
está fuertemente cuestionada.
En el Ecuador actual se presentan
nuevos escenarios y probablemente, desde una lectura popular, la problemática
central es si los movimientos sociales alternativas y las izquierdas lograran
construir una autonomía necesaria, tanto frente a la opción de derecha, como
frente a la opción desarrollista, para
recuperar en el mediano y largo plazo una capacidad de convocatoria hacia un
programa de cambio con transformaciones profundas al orden burgués modernizador
apuntalado por el gobierno actual.
Siempre será necesario recalcar que no es la vía una salida golpista (lo cual es
recurrente en la historia política del Ecuador), sería un gravísimo error apuntalar cualquier putch cívico – militar, que aborte procesos en
maduración, como la renovación de una izquierda popular.
Notas:
(1)Consultar “Mayoría
oficialista aprobó reforma”. En: www.elcomercio.com/actualidad/politica-asamblea-nacional-proyecto-ley.html.
(2) Ver el boletín informativo de Cedocut: cedocut.org.ec/la-prensa-informa-sobre-reforma-que-suprime-derechos-laborales-y-de-jubilados/
(3) Consultar “Dos proyectos en
trámite”. En: www.eluniverso.com/noticias/2015/05/26/nota/4913786/dos-proyectos-tramite-disposiciones-sobre-plusvalia
(4) Consultar “Impuesto a herencia
tendrá deducciones”. En: www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-herencias-ecuador-rafaelcorrea-asambleanacional.html
(5) Consultar “Correa se reúne con
empresarios”. En: www.vistazo.com/seccion/pa%C3%ADs/correa-sobre-reuni%C3%B3n-con-empresarios-estos-acercamientos-benefician-al-pa%C3%ADs
(6) Consultar “Correa defiende Ley de Herencia
como justicia social”. en: www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101827584#.VZn80FKpKbc
(7) Thomas Piketty (2014). “El capital en el siglo XXI”. Edit. Fondo
de Cultura Económica. El periódico oficial “El Telégrafo” se sintetice así el contenido de la
mencionada obra: “…llega a la conclusión de que la desigualdad tiene un
carácter fundamentalmente patrimonial (o lo que es lo mismo parásita), ya que
se basa fundamentalmente en la herencia y no en el mérito, bajo cualquier forma
en que se lo defina”
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