Francisco Muñoz Jaramillo
Profesor investigador, Universidad Andina, Quito, Ecuador
Las
denuncias de la corrupción pública cometida durante el gobierno de Rafael
Correa y los aislados eventos de sanción que ha habido hasta ahora se han
convertido en el detonante del ejercicio del poder de Lenín Moreno. Más allá de
sus efectos en la coyuntura, se requiere examinar su importancia en la
definición de la política ecuatoriana que se encuentra contextualizada en una
situación der corrupción generalizada en la región.
Para
comprender y explicar este fenómeno de corrupción pública se requiere hacer una
disección de la política. Vale decir, examinar su carácter y desentrañar su
modelo y principales componentes sistémicos. En tal sentido, es necesario
identificar los elementos que han estructurado el poder en relación con la
acumulación en esta década, la misma
que ha requerido para su realización de una determinada forma de estado
y régimen político.
Al
desentrañar el modelo político de esta forma de gobernar, aparecen de cuerpo
entero las grandes empresas transnacionales y sus relaciones de alto nivel
gubernamental, que actuaron en el campo del extractivismo y la re-primarización
de las economías locales. Sus tentáculos y formas corruptoras se evidenciaron
especialmente en la explotación petrolera y minera, y se extendieron a las
millonarias obras de construcción de presas, represas, plantas hidroeléctricas,
acueductos, poliductos, proyectos de vialidad así como proyectos
hidroeléctricos y termoeléctricos.
Dicha
comprensión requiere, por otro lado, examinar el proceso coyuntural del
gobierno de Lenín Moreno en su definición y posición democrática y
anti-corrupción, teniendo en cuenta el contexto internacional que se ha visto
matizado por la disputa hegemónica mundial, con la presencia de China en la
región, dando lugar a un momento y ciertos cambios en el carácter de la
dependencia de los países latinoamericanos.
I. Coyuntura
y conflicto
En forma
sintética, tres resultados o temas principales arroja la coyuntura del gobierno
de Moreno hasta enero de 2018: la convocatoria a consulta popular y referéndum,
como recurso institucional y democrático para modificar puntualmente algunos
aspectos del régimen político implementado por el anterior mandatario; luego,
el enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glas acusado de asociación
ilícita, que pone de manifiesto una relativa disposición e independencia de los
órganos de Justicia; y finalmente, la elección de la vicepresidenta Vicuña para
reemplazar a Jorge Glas.
Estos
resultados muestran aspectos decisivos de la configuración política actual del
Ecuador, donde se revelan aspectos relativos a un proceso de recomposición de
la legitimidad gubernamental, un estado de la correlación de fuerzas que ha
enfrentado a un facción reducida del movimiento oficialista Alianza País,
dejándoles sin legalidad y sin posibilidad de actuación política relevante, y
además, una suerte de coincidencias y apoyos de sectores políticos de derecha y
de los movimientos sociales, donde se destacan las organizaciones sindicales e
indígenas.
No cabe duda que el apoyo al SI en la consulta y referéndum a realizarse el 4 de febrero de 2018 muestra la capacidad y fuerza del presidente Moreno para dirimir posición y definir políticas públicas en el futuro inmediato del presente año. Una doble presión y disputa -así mismo- se ha dado durante este primer periodo de Moreno, referidas a la división de Alianza País y la presión empresarial y de la derecha política, para incidir en la toma de medidas económicas neoliberales.
No cabe duda que el apoyo al SI en la consulta y referéndum a realizarse el 4 de febrero de 2018 muestra la capacidad y fuerza del presidente Moreno para dirimir posición y definir políticas públicas en el futuro inmediato del presente año. Una doble presión y disputa -así mismo- se ha dado durante este primer periodo de Moreno, referidas a la división de Alianza País y la presión empresarial y de la derecha política, para incidir en la toma de medidas económicas neoliberales.
Visto en
conjunto, se puede afirmar que estos resultados muestran un proceso de
transición gubernamental que deja previsto lo más importante de la transición
del régimen político, mismo que por la naturaleza de su estructura ha
engendrado y facilitado la corrupción pública, todavía no lo suficientemente
investigada y peor sancionada. En tanto proceso de transición gubernamental se
han puesto en juego estilos de gobernar, límites y posibilidades para superar
la etapa correísta en este nuevo periodo, colocando entonces como dilema
determinante del desenlace político la continuidad o la ruptura, a sabiendas
que la categoría transición muestra en el proceso tanto aquellos aspectos que
se mantienen y aun no mueren, como aquellos que surgen como novedad. Este es al
parecer el sentido principal de la coyuntura.[2]
Uno de los aspectos principales que evidenció la coyuntura es la maduración de las condiciones y los cambios en la correlación de fuerzas institucionales, partidarias, de la sociedad civil, ideológicas, etc. En este sentido, poco esperó la coyuntura para poner de manifiesto la correlación de fuerzas expresada en el conflicto y la contradicción de la escena, principalmente entre los dos sectores de Alianza País, el uno liderado por Rafael Correa y el otro, representado por el actual Presidente Lenín Moreno. Antecede a esta significativa tensión la situación que se originó en julio de 2016, en torno a la decisión asumida al interior del movimiento correísta, para definir las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República .Efectivamente, el binomio Moreno - Glas se concretó y terció en las elecciones presidenciales de 2017, habiendo obtenido el triunfo en segunda vuelta.
¿De qué
calibre es este conflicto?
Es tan solo un “tongo” entre aliados que
circunstancialmente se distancian? ¿Representa un reacomodo de fuerzas
dominantes, como han sostenido algunos analistas? O como dicen otros, es tan
solo una “pelea entre mafias” de Alianza País. Es la coartada para impulsar
una línea política de derecha neoliberal que está al acecho. Finalmente ¿es un
conflicto que revela una tensión estructural del poder y dominio político?
En medio de
estos cuestionamientos que han marcado la situación coyuntural conflictiva
caben también otro tipo de preguntas: ¿Se han abierto ciertos resquicios
democráticos que pueden permitir que se modifiquen situaciones anteriores y se
generen procesos democráticos que fortalezcan la organización social y el
desarrollo ideológico-cultural de los sectores subalternos?
Entre otros
aspectos, en la coyuntura se ha expresado también de cuerpo entero el fenómeno
de la corrupción tantas veces denunciado en los 10 años anteriores, como uno de
los saldos y manifestaciones más representativas del tipo de ejercicio del
poder en la etapa correísta. Fenómeno que ha sido uno de los ingredientes que
ha gestado la expresión tanto de contradicciones y conflictos al interior del
partido gobernante, como de tensión entre algunas tendencias de la oposición
política y el movimiento social, respecto
a Alianza País.
Se observa
-por otro lado- que en este momento se ha encarnado un renovado tipo de
legitimidad gubernamental, que ha conducido a limitar la palabra y
participación de la derecha representada por el excandidato presidencial,
Guillermo Lasso. Actor de primera línea en la escena hasta el 2 de abril de
2017 (ballotage) y relativamente
ausente en los avatares presentes. Al mismo tiempo, el Presidente Moreno ha
generado acuerdos estratégicos con otro sector de la derecha situada en
Guayaquil y representada por el alcalde Jaime Nebot.
Así mismo,
Lenín Moreno ha logrado morigerar diferencias con las organizaciones sociales y
sindicales, principalmente la CONAIE, al mismo tiempo que ha generado a su
favor una adhesión mayoritaria en Alianza País, donde se debate, según aparece
en escena, el dilema “continuidad” o “ruptura”, entre el correato y el morenismo.
Precisamente aquí radicaría el nudo gordiano de la coyuntura y la posibilidad
de su desenlace. Por eso cabe plantearse la cuestión ¿será posible sostener un
equilibrio entre esas fuerzas y dar lugar a una conducción de tipo
“bonapartista” que le permita a Lenín Moreno representar en hábil juego de
fintas el uno y el otro aspecto del dilema sin que se llegue a la plena y total
ruptura?
Moreno
obtuvo importantes coincidencias y apoyos sociales e institucionales, como es
el caso del espaldarazo de Fuerzas Armadas, por parte del Jefe del Comando
Conjunto, cuando proclamó el respeto militar a la libertad y el respaldo a la
lucha contra la corrupción. El Presidente de la Republica también ha
garantizado -¡sin meter las manos en la justicia!- el respeto a la autonomía
institucional, en las decisiones de la Fiscalía General del Estado, para que se
investigue y sancione a determinados ex funcionarios vinculados a diversos
casos de corrupción.
Ensayando
una síntesis
Digamos que luego de las elecciones
del 2 de abril de 2017, en los primeros meses de gobierno del nuevo mandatario
se ha configurado una expresión democrática y en consecuencia, se ha generado
un proceso de ruptura que marca la diferencia con las formas autoritarias de
ejercicio del poder, de las que hizo uso y abuso el ex presidente Rafael
Correa, como expresión populista y bonapartista[3]
del ejercicio del poder, ejercicio que
se combinó y articuló -como causa y efecto- con la corrupción pública al más
alto nivel y en magnitud inimaginable.
En estas
circunstancias coyunturales, la convocatoria a consulta popular para el 4 de
febrero por el Presidente de la República constituye en lo inmediato la “madre
de todas las batallas”, y abre un nuevo momento político. Podría constituirse,
en efecto, en la espada que corte el Nudo
Gordiano, de continuidad y/o ruptura. Un nuevo momento de conflicto
político y de resolución de contradicciones. Su comprensión debe partir –usando
el lenguaje médico-de una tomografía, que examine la situación estructural y
permita percibir la situación coyuntural más allá de la radiografía que deja
ver tan solo sus formas aparenciales.
Efectivamente,
Lenín Moreno convocó a consulta popular y referéndum, planteando siete
preguntas a la ciudadanía, mismas que acogieron en parte, tímida e
inconsistentemente algunas de las propuestas de los sectores sociales,
sindicales, movimiento indígena y ciudadanos agrupados en colectivos cívicos.
En este punto, la Comisión Anticorrupción sugirió algunas propuestas y
conjuntamente con el colectivo de organizaciones sociales, sus mandantes,
participó en movilizaciones realizadas en todo el Ecuador, coincidiendo con la
necesidad de la consulta.
Dos son los
énfasis políticos principales puestos en el listado de preguntas propuestas por
el Presidente de la República para la consulta. De un lado, la no reelección
inmediata y la cesación de los integrantes del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, que serán reemplazados por un Consejo provisional ad hoc elegido por la Asamblea Nacional
de las ternas enviadas por el Presidente de la República, con el mandato de
evaluar y/o reemplazar a las autoridades designadas en el periodo anterior.
De
otro lado, se pone énfasis en la pregunta sobre la reelección inmediata, con lo
cual se pretende dar una definitiva estocada a la posibilidad del retorno de
Rafael Correa a la Presidencia de la República, y modificar uno de los
mecanismos y dispositivos del régimen político anterior, abriendo el camino
para decidir sobre las autoridades de control monopolizadas y manipuladas por
la gestión presidencialista del anterior mandatario.
En el listado de preguntas se coloca dos de carácter ambiental-ecológico.
Aquella referida a modificar la explotación al Yasuní, y la otra relacionada
con la restricción a la explotación a la minería en gran escala. Ambas
preguntas han recibido cuestionamientos y se ha planteado ante la Corte
Constitucional un recurso de esclarecimiento, Amicus Curiae (Amigos de la Corte). En todo caso, lo importante es
que en la consulta se destaque este importante asunto ambiental-ecológico que
ha permitido formular demandas por parte
del movimiento indígena especialmente el movimiento Ecuarunari.
Junto con
este llamado a consulta y referéndum, en octubre del año pasado, Lenín Moreno
lanzó su Plan de Reactivación Económica, del cual se requiere destacar dos
medidas centrales: el aumento de 22% al 25% del impuesto a la renta a las
grandes empresas, que Correa lo había disminuido en el 3%. Por otro lado, el
apoyo y promoción a la pequeña y mediana empresa, así como la restricción a la
importación de productos de consumo suntuario. En conjunto, estas medidas aquí
destacadas intentan equilibrar, en parte, ciertos desequilibrios del ingreso
fiscal a fin de salvar la grave situación de déficit que soporta la economía,
producto de la disminución de los precios internacionales del petróleo y del
aumento del endeudamiento externo generado por el gobierno anterior.
El
mencionado Plan de Reactivación Económica fue modificado por la Asamblea
Nacional y luego de un tira y afloja con asambleístas y sectores empresariales,
se lo aprobó incluyendo en el mismo -entre otras disposiciones de relevancia-
la potestad de los bancos privados de manejar el dinero electrónico. Plan
Económico definido por algunos sectores como “una propuesta sin rumbo”, que deja intocado aspectos importantes
de política económica creados e implementados por Rafael Correa, asuntos en
disputa que deberán volver a debate luego de la consulta del 4 febrero, cuando
retorne a la escena la presión social y los requerimientos neoliberales.
En
efecto, en los últimos días se han expresado diversos foros económicos de
distinto signo, donde se destacan posiciones neoliberales ortodoxas y
posiciones heterodoxas que en un dialogo fecundo podrían influir en la
definición de la política económica del gobierno considerando plazos menos
coyunturales.
En todo caso,
junto con el llamado a consulta popular y referéndum, se ha afianzado una línea
democrática gubernamental coincidente con algunas demandas sociales y
ciudadanas expresadas durante el largo periodo correísta, como es el caso de la
derogatoria del Decreto 16 que restringía la organización de la sociedad civil.
Sin embargo de aquello, han sido postergadas importantes demandas sociales y
democráticas que el gobierno de Moreno ha prometido incluir en próximas medidas
e inclusive en nuevas consultas.
Lo cierto es que en principio la convocatoria
al 4 de febrero ha debilitado y desequilibrado a la reacción correísta, al
mismo tiempo que ha neutralizado a los sectores de derecha. Adicionalmente, ha
consolidado el apoyo manifiesto y público de importantes sectores sociales,
sindicales, indígenas, así como de organizaciones ciudadanas, que durante los
años anteriores estuvieron opuestos a Rafael Correa.
En la línea
de modificación de la correlación de fuerzas, Lenín Moreno ingresó en una
franca ofensiva de disputa de la mayoría del bloque legislativo de Alianza
País, al que demandó su apoyo, logrando
cooptar a su favor una mayoría significativa del mismo. Así también, se ha
lanzado a disputar la dirección y el control de bastiones partidarios de base y
la cúpula de Alianza País, logrando indudables éxitos en esta tarea. Moreno ha
puesto de manifiesto su disposición a modificar la correlación de fuerzas en
este ámbito donde -en principio- parecía imposible ganar una batalla dada la
fortaleza de la presencia del liderazgo caudillista de Rafael Correa, quien,
por el contrario, ha demostrado tremenda debilidad y decadencia en las últimas
semanas.
Este
conjunto de aspectos de la coyuntura han llevado a que la reacción correísta
cuestione al menos dos de las siete preguntas formuladas para la consulta:
aquella de la reelección inmediata y la de la cesación de funcionarios del
cuestionado Consejo de Participación Ciudadana. Más aún, en el trayecto del
enfrentamiento con Lenín Moreno, el correísmo ha tocado fondo pronunciándose
por la total oposición a las siete preguntas con el argumento leguleyo de que
en el proceso de aprobación de la consulta no se cumplieron con todos los
requisitos constitucionales. Llamando a votar por el No.
Este pronunciamiento en
el fondo evidencia la profundidad de la disputa del bloque de Alianza País en
la Asamblea, del control del partido y su organización. En esta arena también
es posible observar el cambio en la correlación de fuerzas. Ciertamente hay
división en las filas oficialistas, y todo puede terminar con que en el
tránsito de la coyuntura, Lenín Moreno termine recuperando no solo la dirección
nacional del partido y sus bastiones provinciales, sino la mayoría de
asambleísta, que bordea 44 de los 74 integrantes de Alianza País.
Modelo político y corrupción
Más allá de
los avatares y conflictos sistematizados expresados en la “radiografía” tomada
a la coyuntura, se requiere observar y calibrar la correlación de fuerzas,
clave de la política, la misma que nos coloca frente a los límites y posibilidades
de una efectiva línea gubernamental anticorrupción, democrática y con cierto
sesgo a favor de lo social. Esto nos recuerda “los dilemas e incertidumbres”[4]
que fueron observados cuando Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República
el 24 de mayo pasado. Inquietud que, por otro lado, nos coloca ante la
necesidad de ahondar el análisis y la comprensión de la situación estructural
de la política, vale decir transitar de la “radiografía” a la “tomografía” del
fenómeno político.
En los diez
años de gobierno, Rafael Correa estructuró
un modelo político que tal como se ha mostrado públicamente, incentivó y
facilitó la corrupción pública, en medio de las posiciones anti democráticas
reiteradas. En esta perspectiva analítica surgen las siguientes preguntas:
¿Cuáles son entonces las determinaciones estructurales que han llevado a estos
conflictos y límites de coyuntura y, sobre todo, a engendrar situaciones
propicias al cometimiento de actos de corrupción generalizada?
Se vuelve
necesario identificar ahora los intereses y conflictos abiertos o soterrados
que se dieron en el gobierno correísta entre grupos económicos y fracciones
sociales, que a lo largo de este proceso han demandado y usufructuado repartos
de poder en el aparato del estado en beneficio de sus negocios e intereses
privados, y que podrían configurar relaciones mafiosas que actúan y disputan en
la coyuntura relaciones institucionales de poder e impunidad.
Metodológicamente,
cabe en primer lugar referirse a la relación mantenida por parte de determinadas
fuerzas dominantes con el gobierno de Rafael Correa, y que se expresó en los
procesos de acumulación en el contexto de la modernización capitalista
implementada en la etapa correísta. Durante esta fase se pusieron de manifiesto
importantes privilegios y vinculaciones con grupos económicos como Eljuri de
Cuenca, o el grupo Novis, de la empresaria guayaquileña Isabel Noboa Pontón,
como también relaciones con nuevos sectores económicos, algunos de los cuales
se formaron a raíz de la crisis del año 2000, en circunstancias del crak de los bancos, o la dolarización de
la economía, asentados principalmente en Guayaquil, y fortalecidos gracias a su
apalancamiento en el aparato de Estado durante el gobierno de Rafael Correa.
En
esta línea de interpretación cabe identificar la existencia de un grupo
liderado por el hermano del expresidente Correa, altamente dependiente de los
contratos con el gobierno.[5]
Algunos de los sectores beneficiados en los procesos de acumulación en el
contexto de la modernización capitalista implementada en la etapa correísta se
han encontrado vinculados especialmente en proyectos extractivistas y de
construcción de infraestructura con la importante y significativa inversión de
la Republica China.
En dicha
configuración y articulación se observa la presencia de personajes relevantes
del gobierno de Rafael Correa, como el cuestionado vicepresidente destituido
Jorge Glas, o los hermanos Alvarado Espinel, o el asesor jurídico presidencial
Alexis Mera, entre otros tantos. Personajes y nuevos grupos que han usado el
aparato de estado y sus recursos para generar –como dice Harvey– una
“acumulación por desposesión”[6],
que no solo se ha manifestado en la actividad extractivista, en los sectores
minero e hidrocarburífero referidos, sino –en este contexto– se ha expresado a
través de actos de corrupción vinculados, que en un cálculo aún estimado,
llegarían a un monto de prejuicio al Estado de 40 mil a 60 mil millones de
dólares, en los últimos diez años.[7]
En este mismo proceso de estructuración de intereses emergentes se observa la
relación de grupos y capitales que han surgido de la corrupción y que se
insertan en la dinámica del capital financiero internacional, tal es el caso de
los paraísos fiscales a escala planetaria que han sido mencionados al indagarse
los nexos y las redes de corrupción.
“Los paraísos
fiscales se encuentran orgánicamente articulados –dice Pablo
Iturralde– al sistema financiero internacional, son
consustanciales a la globalización financiera y, como es bien
sabido, permiten la acumulación secreta de riqueza proveniente de delitos. Esta
trama financiera es empleada por los grupos económicos para dirigir su proceso
de ampliación y concentración económica, al tiempo que incrementan su poder
sobre las estructuras políticas del Estado.”
(…) “Un análisis rápido sobre la
posición económica del grupo Eljuri, nos muestra que estos actos de corrupción
dependen de un sistema de normas, instituciones y poderes que sirven
principalmente para garantizar la concentración económica, utilizando
mecanismos que normalmente no son ilegales, pero debido a la desigualdad social
que crean, se puede acordar que son mecanismos injustos e ilegítimos.”[8]
Cabe así
mismo poner de manifiesto el vínculo de sectores y fracciones dominantes con
los intereses y necesidades del capital financiero internacional, en disputa
con la significativa inversión financiera China; dando lugar a la
estructuración del bloque en el poder y
su hegemonía. Contexto en el que
resultaron subordinados ciertos sectores económicos de la tradicional
oligarquía guayaquileña y grupos serranos, especialmente quiteños, vinculados a
la actividad industrial, comercial y financiera, y que hoy se manifiestan como
tensión entre grupos económicos asentados más que todo Quito y Guayaquil.
En esta
perspectiva de estructuración del bloque de poder durante el decenio del
gobierno de Rafael Correa, los procesos políticos y electorales que se
sucedieron en el periodo, así como los conflictos de coyuntura expresaron en la
escena las diferencias y contradicciones entre los mencionados grupos, sectores
y fracciones. Forcejeo que, por otra parte, se ha manifestado en la coyuntura
política descrita en el apartado anterior, y que ha aflorado a su modo durante
los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno, poniendo a la corrupción
pública como el elemento central y detonante de los conflictos en escena.
Esto nos conduce a formular la siguiente conjetura: existe en lo inmediato una “in correspondencia” entre la dinámica de acumulación o reproducción económica, y su expresión en el ámbito político -estratagemas y cambios de personajes de la escena- mostrando así la significación y singularidad de lo político en los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno. Al respecto, se requiere observar el matiz y la tensión regional en el conflicto de estructuración y afianzamiento del bloque de poder.
Las diferencias y oposiciones por otro lado, en la escena tienen como contexto disputas en la configuración del bloque dominante, entre intereses de grupos ligados a la República Popular China, y los vinculados con los tradicionales capitales financieros-transnacionales de origen norteamericano o europeo. Aspectos que determinan un cambio y tensión en la estructuración del bloque dominante, y que eventualmente tendería a expresarse como ofensiva del neoliberalismo, principalmente de ciertos sectores articulados a uno de estos intereses.
Esto nos conduce a formular la siguiente conjetura: existe en lo inmediato una “in correspondencia” entre la dinámica de acumulación o reproducción económica, y su expresión en el ámbito político -estratagemas y cambios de personajes de la escena- mostrando así la significación y singularidad de lo político en los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno. Al respecto, se requiere observar el matiz y la tensión regional en el conflicto de estructuración y afianzamiento del bloque de poder.
Las diferencias y oposiciones por otro lado, en la escena tienen como contexto disputas en la configuración del bloque dominante, entre intereses de grupos ligados a la República Popular China, y los vinculados con los tradicionales capitales financieros-transnacionales de origen norteamericano o europeo. Aspectos que determinan un cambio y tensión en la estructuración del bloque dominante, y que eventualmente tendería a expresarse como ofensiva del neoliberalismo, principalmente de ciertos sectores articulados a uno de estos intereses.
En segundo
lugar, desde otro ángulo de enfoque, en la fase correísta y condicionado por
las necesidades de acumulación y reproducción de la economía principalmente
extractivista, se configuró una forma de estado intervencionista que ha
suplantado a la sociedad y ha reducido al mínimo la incidencia de los actores
sociales en las determinaciones del estado y su aparato. En este sentido, se
debe reconocer que en los diez años pasados se recuperó la acción e
intervención del estado frente a las ejecutorias neoliberales que en la etapa anterior a Correa buscaron
desmantelar su participación e injerencia con el propósito de reducirlo a la
condición de apéndice directo e inmediato de los intereses privados
hegemónicos.
Tal forma de estado en el periodo anterior al correísmo limitó la participación social y ciudadana independiente, y la institucionalizó en un aparato del estado denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según la Constitución de Montecristi tiene la facultad de seleccionar y designar a los más altos funcionarios del Estado, v.gr. el Contralor General, el Fiscal General, los Jueces de la Corte Constitucional de Justicia, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre otros.
Todo esto se ha manifestado coherente en el contexto de la concentración de poderes o régimen híper-presidencialista de la década correísta, para imponer de modo arbitrario funcionarios públicos claves que han coadyuvado y protegido situaciones y hechos de injuricidad, corrupción e impunidad, como se ha demostrado en los últimos años, y se ha evidenciado de modo dramático en la coyuntura de los últimos meses.
Tal forma de estado en el periodo anterior al correísmo limitó la participación social y ciudadana independiente, y la institucionalizó en un aparato del estado denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según la Constitución de Montecristi tiene la facultad de seleccionar y designar a los más altos funcionarios del Estado, v.gr. el Contralor General, el Fiscal General, los Jueces de la Corte Constitucional de Justicia, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre otros.
Todo esto se ha manifestado coherente en el contexto de la concentración de poderes o régimen híper-presidencialista de la década correísta, para imponer de modo arbitrario funcionarios públicos claves que han coadyuvado y protegido situaciones y hechos de injuricidad, corrupción e impunidad, como se ha demostrado en los últimos años, y se ha evidenciado de modo dramático en la coyuntura de los últimos meses.
Estatismo
que ha determinado formas de comportamiento gubernamental que en el ejercicio
del poder ha puesto el énfasis en la coacción antes que en el consenso, en las
políticas regresivas antes que progresivas, o como lo dice Zibechi al analizar
la situación ecuatoriana:
“… Un Estado capaz de controlar e integrar, de
infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un ‘Estado capilar’
complemento del ‘Estado fuerte’. (…) Un Estado fuerte para garantizar la
seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. (…) Mientras en la
primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación
por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador o
progresista partidario del Socialismo del Siglo XXI”.[9]
En tercer
lugar, en esta perspectiva de reforzamiento del Estado, se ha configurado una
forma de régimen democrático representativo, un modelo político que ha puesto
el acento en el carácter presidencial-reforzado –conocido como híper
presidencialismo–, que ha ejercido el poder de forma verticalista y autoritaria
por diez años. Régimen político que se
ha constituido a través de dispositivos caudillistas y populistas, causa y
efecto de la forma presidencialista y verticalista del ejercicio del gobierno
anterior. Lo que me llevó a comprender el fenómeno como un tipo de
“bonapartismo/cesarismo”, es decir, como una forma de ejercicio del poder que
arbitra, equilibra e impone las decisiones del estado, gracias a la
concentración de funciones y la arbitrariedad, para lo cual es indispensable
una intervención estatal fuerte en correspondencia con los intereses y
necesidades de estructuración de la
nueva hegemonía y del bloque dominante.[10]
Además, “… la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales, da paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como ‘enemigo público’ a todo aquel que se le enfrente o disienta”.[11]
En esta
línea de interpretación, en el gobierno de Rafael Correa se expresó la
concepción de Carl Schmitt sobre la política, quien la concibe como
enfrentamiento entre “amigos-enemigos”.[12]
Un régimen de corte bonapartista, que pone por delante la representación personal o el
carisma del liderazgo, y lo combina con una fuerte presencia y dirección
vertical de corte populista. En este sentido, en los diez años pasados se ha
construido un régimen político centrando la actividad gubernamental en torno a
la simpatía y/o antipatía a la figura carismática y su política.
En cuarto
lugar, otro de los aspectos estructurales más importantes de la implementación
del régimen correísta ha sido la constitución de un “sistema” de partidos
disperso y débil, que creó las condiciones propicias para la constitución de un
partido de gobierno predominante: Alianza País, que en el curso del gobierno de
Rafael Correa ensayó convertirse en partido único, ligado al aparato del
Estado, y a su alrededor unos cuantos “partidos” satélites débiles y
funcionales a dicho sistema.
En todo
caso, Alianza País fue el partido predominante que en consecuencia articuló
relaciones sociales y cooptó organizaciones populares, vinculando procesos que
derivan a favor de situaciones de corrupción flagrantes. Importante
estructuración que construyó un aparato partidario centrado y al servicio del
líder carismático, y una conducta incondicional de sus dirigentes de cúpula.
Una suerte de réplica de los partidos populistas-caudillistas tan conocidos en
la historia de América Latina.
Esta agrupación,
paradójicamente, ha engendrado a la postre debilidad sustancial en tanto
partido moderno, pero que en las sucesivas coyunturas en esos diez años se
comportó como una fortaleza orgánica, funcional al momento de conducir a las
“masas” detrás del caudillo, de implementar mecanismos clientelares; y copar
las instancias del aparato del Estado, de representar políticamente a amplios
sectores de la población, de resguardar y proteger actos de corrupción.
Carácter del Estado y régimen
Entonces, Alianza País desarticuló organizativa,
ideológica y simbólicamente la voluntad social y colectiva a escala nacional,
como contrapartida en el proceso de consolidación de la hegemonía para modernizar
el capitalismo ecuatoriano “desde arriba”. Implementó un patrón de reproducción
o acumulación extractivista de los recursos naturales, y la re-primarización de
la economía, en el marco de una renovada
forma de dependencia a las necesidades de penetración y articulación del
capital financiero mundial, modificado como consecuencia de la crisis de 2008.
En este
documento se ha podido exponer una breve descripción de algunos de los
elementos estructurales del modelo político correísta, el estatismo, el régimen
político verticalista y autoritario, el sistema de partido predominante (y
excluyente) combinado con la débil estructuración partidaria en general.
Dicho modelo, como consecuencia, ha tejido una urdimbre de factores jurídicos, los mismos que han creado las condiciones de posibilidad para extender, multiplicar y profundizar la corrupción, en el marco de políticas antidemocráticas que se implantaron a lo largo de los 10 años precedentes.
Todo esto,
al mismo tiempo afianzó el régimen a través de una arquitectura jurídica creada
ad-hoc, vía la consulta se “metió la
mano a la justicia” en el 2011, las llamadas “enmiendas constitucionales” en el
2015, y otras reformas ex profeso,
así como actuaciones arbitrarias y autoritarias contrarias a la Constitución de
Montecristi.
III. Conducta política y perspectiva futura
Concluida la
etapa de despegue del gobierno de Lenín Moreno y considerando las condiciones
existentes y descritas en los párrafos anteriores; evidenciadas las
contradicciones que dan cuenta de las condiciones de estructuración del bloque
dominante, los conflictos y retos, las incertidumbres y dilemas; se ha abierto
un periodo de impulso de ciertas
reformas democráticas y sociales
que influirán en el cambio del
modelo estatista y antidemocrático afincado principalmente en el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, ámbito que será reformado a través de
una de las preguntas de la consulta popular del 4 de febrero.
Teniendo
presente el límite de este mecanismo democrático, se requiere tomar conciencia
de la necesidad de avanzar, haciendo madurar las condiciones que conduzcan al
conjunto de la sociedad hacia una Asamblea Constituyente o Constitucional,
espacio legítimo para debatir y aprobar una nueva Carta Política. Salvaguardando
principios y derechos fundamentales, especialmente el Estado Plurinacional, los
derechos de la naturaleza, los derechos humanos, entre otros, consignados en la
Carta de Montecristi.
Corrigiendo
ante todo el hiper-presidencialismo que fue sutilmente montado en tal
ocasión con el propósito ex profeso
de facilitar el ejercicio del poder de Rafael Correa y la consecución del
“modelo” de acumulación capitalista tantas veces analizado. En esta
perspectiva, también se requiere reformar la Ley de Comunicación, el Código
Penal e innúmeros decretos ejecutivos dictados al arbitrio de Rafael Correa,
que deben ser derogados.
Frente a esta
situación coyuntural que perfila el carácter y principales tensiones del
gobierno de Moreno, se propone los siguientes temas para la reflexión y
decision política:
·
La conducta política de los movimientos
sociales, trabajadores e indígenas, y la izquierda junto a ellos, debe partir
de la definición del carácter del gobierno de Lenín Moreno -cuestión que ha
quedado descrita al analizar la coyuntura- alrededor de la constatación
objetiva de un gobierno que ha recuperado algunos aspectos de la democracia representativa.
·
Él se ha alejado -en principio- de los intentos
de imposición de corte neoliberal, al costo de aparecer como un gobierno con
“política sin rumbo” según el criterio de algunos grupos; ha tomado tímidamente
partido por medidas ambientales ecológicas, abriendo el camino para
profundizarlas, así como también algunas medidas sociales y democráticas
postergadas.
·
Sin embargo, se requiere definir el campo de
coincidencias con el gobierno de Lenín Moreno, no de subordinación, el mismo
que se exprese el 4 de febrero como un SI CRITICO a las preguntas de la
consulta.
Es un comportamiento que busca recuperar
y fortalecer la independencia de las organizaciones sociales, de tal manera que
se pueda configurar un programa económico y social democrático que debe
concretarse y madurar mediante la movilización y resistencia.
Cabe señalar que en el campo de los
sectores sociales y ciertos grupos de izquierda se observa un modo de
comprensión dualista-maniqueo de la relación entre coincidencia e
independencia, lo que ha llevado a desconocer las condiciones de la actuación
política y a promover un estéril voluntarismo.
Interrelacionar dialécticamente estos
dos aspectos del quehacer político constituye una clave de la conducta y
recuperación social y política de las izquierdas, en un momento de grave
reflujo del movimiento social, claro está, sin caer en la subordinación en
nombre de la coincidencia, y privilegiando la independencia social y política
de la izquierda.
Dicha posición entonces -según ciertos
analistas- ubica la conducta política entre “… ponerse a la cola del régimen o
sentar las bases de reconstitución autónoma de los de abajo”[13].
Dualismo-maniqueo que paraliza, simplifica e impide actuar efectivamente en una
perspectiva autónoma y estratégica contra-hegemónica.
·
Comprender entonces que la actuación en la
coyuntura demanda de coincidencias, alianzas y acuerdos, que deben partir
privilegiando la movilización y resistencia de los sectores sociales.
Participación coyuntural que debería orientarse a la creación de condiciones
políticas institucionales para transitar en la organización y desarrollo desde
abajo. En esta perspectiva, la izquierda y los movimientos sociales deben
identificar los puntos en los que se puede acordar y coincidir con otros
actores, en el contexto del gobierno de Lenín Moreno.
·
La táctica de unidad social y política de la
izquierda y el movimiento social, como de acuerdos con sectores democráticos,
para exigir reivindicaciones sociales, reformas institucionales y mayor
apertura democrática al gobierno de Lenín Moreno, se diferencia de las
estrategias y medidas económicas que busca la restauración conservadora, so pretexto de su oposición a Rafael
Correa y al remanente del correísmo, reclamados por sectores de la derecha
tradicional, es decir, por las fuerzas retrógradas que presionan y aspiran a
volver a dirigir el Ecuador.
·
Es característica singular de la realidad
ecuatoriana que tiene en esta política de coincidencias, alianzas y acuerdos la
clave para el efectivo cambio y el desmontaje -aunque fuere parcial- del
correísmo, y en esa medida, poner fin a esta etapa histórica que hemos vivido
desde el 2006.
·
Es requisito para una política que incluya a
las posiciones, actores y organizaciones democráticas, y se convierta en un
marco de apoyo y fortalecimiento de todos aquellos procesos que se emprenden y
desarrollan desde abajo, para conducir el cambio estratégico de los sectores
subalternos en perspectiva contra-hegemónica.
Es necesario diferenciar
y separarse del pacto o unidad hegemónica del bloque dominante, que busca
nuevamente hacer caer el peso de la crisis económica y de las medidas
correctivas en las espaldas de los trabajadores y los sectores populares y
medios.
·
La izquierda y los movimientos sociales así
como las fuerzas democráticas de oposición obligaron al correísmo a dar un paso
atrás y en tal sentido deponer la participación de Rafael Correa como candidato
presidencial en el 2017. Ahora se trata de superar ese momento e ir más allá,
haciendo posible los cambios necesarios de la transición que debe operativizar
el presidente Lenín Moreno, como resultado de estas exigencias y coincidencias,
de tal manera que se emprenda en las reformas y rupturas, para superar la etapa
que ha vivido el Ecuador y avanzar en el periodo de transición.[14]
·
En esta perspectiva, la Consulta del 4 de febrero
abre un nuevo momento político de disputa de un programa. Es necesario afianzar
esta conducta de autonomía de los sectores sociales y la izquierda para
alcanzar las demandas sociales y democráticas que requiere la transición del
periodo.
En definitiva la pos-consulta abrirá un
escenario a la disputa en torno principalmente a la orientación de la política económica
donde volverán a expresarse las posiciones neoliberales para presionar la
orientación del gobierno de Moreno.
Quito, 25 de
Enero 2018
Referencias bibliográficas
·
Harvey, David. “El nuevo imperialismo:
acumulación por desposesión”.
·
Iturralde Pablo. Eljuri más allá de la
corrupción o sobre la lupemburguesía.
·
Muñoz, Francisco; Mario Unda, Carlos Michelena
Ordóñez, “Coyuntura Política e Izquierda Ecuatoriana, Régimen, Crisis,
Elecciones e Izquierda”.
·
Muñoz, Francisco, editor, et.al. “Balance
Crítico del Gobierno de Rafael Correa”. Universidad Central del Ecuador. Primer
Premio Universidad Central 2016.
·
Muñoz, Francisco, “24 de Mayo 2017: Dilemas e
incertidumbres”. Publicado en Plan V, versión digital. Quito, 2017.
·
Ospina Pablo. Coyuntura Política septiembre
2017.
·
Poulantzas, Nikos. “Fascismo y Dictadura”.
·
Rodríguez, Jorge. Corrupción: una década
encubierta (varios autores).
·
Saltos Napoleón. Tres Relatos sobre la
Transicion
·
Schimitt, Carl. “Teología política”.
·
Volenweider, Camila. “La revancha de las élites
y el teatro del golpe”.
·
Zibechi, Raúl. “La construcción
de un nuevo modelo de dominación”.
[1] El presente
artículo toma en cuenta investigaciones y reflexiones realizadas, de manera
especial la que se conoció en un artículo intitulado 24 de mayo. Dilemas e incertidumbres, que interpretó la situación política antes de la posesión de Lenin
Moreno como Presidente de la República. Recoge además elementos de la ponencia
presentada al encuentro por los cincuenta años de la carrera de Sociología de
la U. Central.
[2] Los detalles del proceso
coyuntural vivido por el Ecuador han sido expuestos en otros artículos. Donde
principalmente se ha descrito la escena politica de la nueva situación.
[3] Muñoz, Francisco
ed. Varios autores. “Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa”.
Universidad Central del Ecuador. Arco Iris Artes Gráficas. Quito. 2014.
Investigación que obtuvo el Primer Premio Universidad Central 2016.
[4] Muñoz, Francisco.
“24 de mayo 2017: Dilemas e Incertidumbres”. Publicado en: Plan V, versión
digital. Quito. 2017.
[6] Harvey, David. “El
nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005.
[7] Rodríguez, Jorge.
Artículo en el libro “Corrupción en la década encubierta”, CNA, Quito, febrero,
2018.
[8] Pablo Iturralde,
Eljuri más allá de la corrupción o sobre la lumpen burguesía. “De los grupos económicos del país, Eljuri
es el que registra el mayor número de empresas que se encuentran domiciliados
en paraísos fiscales, el 14% de todos sus integrantes son entidades offshore.
Sólo en los registros de los Panama Papers se descubrieron 39 integrantes y
empresas relacionadas al grupo”.
[9] Zibechi, Raúl. “La construcción de un nuevo
modelo de dominación”. Publicado por la CEDHU, versión digital.
Quito. 2015.
[10] Muñoz, Francisco, editor, et.al. “Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa”. Universidad
Central del Ecuador. Primer Premio Universidad Central 2016.
[11] Ibíd.
[12] Schmitt, Carl. “Teología
política”. Trota. Buenos Aires. 2009.
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