PRAXIS SUR

FRAUDE A LA JUSTICIA, FALSOS POSITIVOS

Y NUEVO “ACUERDO” NACIONAL.

Miguel Ángel Herrera Zgaib

“La honorabilidad de los miembros de la Fuerza Pública debe ser preservada y no puede ser satanizada.” Presidente Iván Duque, 18/05/19.

“Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y @mindefensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia –el de los falsos positivos.” José Miguel Vivanco, HRW, en ET, 19/05/19.

                                                  En las dos últimas semanas de mayo, la realidad política colombiana entró en un aparente déjà vu, al confrontar el país político el cumplimiento de los acuerdos de paz, firmados en el teatro Colón, con el comandante de las Farc-Ep, Rodrigo Londoño, valiéndose la elite política reaccionaria gobernante de todo tipo de estratagemas jurídicas y políticas.

El bloque reaccionario tiene como palafrenero y capataz al presidente Duque y al difamador senador Álvaro Uribe apoyado por los corifeos del Centro Democrático en el Congreso, donde no son mayoría. Estos son los más notorios artífices de la tragicomedia nacional.

Preparando la caída

                                                   Bajo los conjuros de un anti Tiresias tropical, el ex Néstor Humberto Martínez, atrincherado en las catacumbas de la fiscalía general, con el resguardo de sus más de 15.000 operadores, confrontó en forma directa, sin cuartel, la aplicación efectiva de la Justicia Especial de Paz que hará posible la senda de reconciliación entre víctimas y victimarios.

El trompo de poner del exfiscal, el CD y sus aliados, ha sido la acusación contra Jesús Santrich.  Un “hecho” fabricado con inusitada laboriosidad y perversión con la DEA como aliada principal, como que movilizó a dos agentes encubiertos, mexicano- americanos, quienes entraron a Colombia sin identificarse.

Dizque venían a negociar con el excomandante guerrillero, mediados por el “influenciador” Marlon Marín, hoy cobijado por las mismas autoridades estadounidenses, porque en verdad era un tercer informante, la compra de 10 toneladas de cocaína. Jesús, para sellar el negocio debía darles la pruebita de 5 kilos, y así encartar para siempre al más talentoso y radical ex integrante de la mesa negociadora de las Farc-Ep en La Habana.

Era la tramoya armada binacionalmente por el hijo del maestro Salustiano Tapias, un célebre comediante nacional, para torpedear la paz hundiéndola en su ejecución, interpelando al indigesto sentido común colombiano, mediante un nuevo “estado de opinión” asegurado por los medios de comunicación nacional oligopolizados, porque tanto la democracia como la izquierda están huérfanos de medios propios de amplio y eficaz cubrimiento desde los tiempos de la difunta Alternativa.

Denuncia internacional

                                                   La encubridora magia mediática ofrece en vivo y en directo, sin la interlocución del casi ciego comandante guerrillero, en el altar sacrificial del escarnio público a un chivo expiatorio de la paz rechazada y mancillada. A quien después de un año de incomunicación en La Picota, nadie escuchó hasta ahora. 

Bajo ese atronador silencio circula el placebo de la democracia espectáculo que acostumbra la caterva de leguleyos y rábulas bien pagos que trae y lleva las leyes de la república a su acomodo.

Pero este primer acto, en contra de la paz neoliberal ya pactada y sancionada, vino enseguida acompañado de la liquidación de un rosario sangriento de líderes de la Farc asesinados por operadores anónimos. La reacción parapresidencial la selló la ejecución extrajudicial de un militante por el ejército en el Magdalena medio.

Este crimen de estado encendió la alarma internacional contra la epidemia de los falsos positivos, en la opinión estadounidense, en primer lugar, a través de la corresponsalía del New York Times, y luego mediante la declaración de un significativo número de congresistas demócratas que reclaman el respeto a los DDHH, y el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia.

Conejo a la Justicia

“La extradición es efectiva en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado…Poner en entredicho su validez es el inicio del fin de la extradición como un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen organizado.” Procuraduría general, en ET, 19/05/2019, 1.2.

                                                      Hace un año, que el Tiresias criollo, Jesús Santrich está en la cárcel La Picota, por cuenta del indictment presentado y acordado por el gobierno estadounidense durante la Fiscalía de Néstor Humberto. Para pescar en el río revuelto de la paz, mediante la afirmación sin pruebas, que el exguerrillero estaba incurso en tráfico de drogas con posterioridad a la firma del acuerdo del Colón, el 1o. de diciembre de 2016.

El indictment (la sindicación) lo autoriza un acuerdo administrativo de cooperación judicial binacional para el ejercicio express de la extradición, que permite trasladar en un santiamén a nacionales para ser juzgados en las cortes estadounidenses.

Este caso se llevaría ante una corte de New York, que enjuiciaría desembuchando las pruebas,” al “narcotraficante” de la Farc, cuya conducta supuestamente delictuosa ocurrió en Colombia, ante un gran jurado de extranjeros que no hablan castellano. Algo parecido a una ordalía cristiana en los tiempos de la inquisición colonial imperial española.

Conviene recordar que está acción administrativa no la respalda ninguna ley de extradición, sino que invoca la extradición, que luego de prohibida en el artículo 35 de la Constitución de 1991, la reincorporó una reforma constitucional express, “patinada” por el expresidente Ernesto Samper sin visa a raíz de la descertificación estadounidense.

Entonces él inició la entrega de los hermanos Rodríguez Orejuela, para congraciarse con el imperio vengador, y de paso, literalmente, “taparle la boca” a los financiadores de elecciones, hasta el solo de los venados. Asistíamos así a los comienzos del régimen para-presidencial por interpuesta persona. El modelo se cocinaba en la gobernación del Departamento de Antioquia, y su genealogía la trazó con elocuencia cuasi-suicida el congresista Gustavo Petro.

Ante el fallo de la sala de revisión de la JEP, instrumento de la justicia transicional, el ministerio público que lidera el procurador Carrillo, uno de los impulsores años atrás de la 7ª papeleta, a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán, apela lo decidido en favor de Santrich, valiéndose de una nueva prueba, un video de 7 minutos hecho a su gusto por Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, informante de la DEA.

El decir de la Procuraduría no repara en los hechos que prueban la conducta delictiva atribuida a Santrich, que la JEP tuvo que revisar con los instrumentos a su alcance, para determinar si la conducta ocurrió después del 1o. de diciembre. No sirven los argumentos jurídicos solos, pero, en todo caso, la Procuraduría apeló el lunes 20/05719.

En cambio, se presenta un argumento de autoridad, que no tiene validez para la justicia transicional: “Tenemos argumentos jurídicos bastante sólidos…La extradición es efectiva en la medida en que se reconozcan las decisiones judiciales de un Estado.”

(continúa)