GUSTAVO PETRO, ¿NEOPROGRESISTA...?
Parte Tres
El talón de Aquiles de las Reformas.
“esta iniciativa busca fortalecer la institucionalidad colombiana, para que comprenda y resuelva de manera eficiente los problemas presentados en nuestro campo en torno a la tierra y el territorio, garantizando así los mínimos vitales de las comunidades y los grupos culturales y étnicos que la habitan.” Proyecto de reforma de jurisdicción agraria y rural del gobierno nacional. ET, 1709/22, 1.2.
El proyecto reformista del Pacto Histórico, pasado un mes de estar gobernando, en materia de tierras, sustitución de cultivos ilícitos y paz regional recibe los primeros mandobles de las comunidades agrarias pobres, campesinas, indígenas y afros.
La punta del iceberg es el norte del Cauca, donde existe una recuperación/invasión de tierras, según la contradictoria existencia de la realidad social de una reforma agraria integral aplazada desde los tiempos de la revolución en marcha, para no retroceder en el tiempo a los escritos de Alejandro López que abrían el siglo XX. O a las imágenes literarias volcadas con destreza narrativa sinpar por nuestro único premio nobel de literatura.
Los gremios del sector agrario e industrial en la zona concernida, el Cauca, inventarían desde el año 2014, que hay 71 predios en litigio, con acciones de hecho, por parte de las comunidades reclamantes y demandantes. De modo principal estas propiedades están en los municipios de Guachené, Padilla, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada.
En el nuevo tiempo de gobierno del Pacto Histórico, PH, hay el ingreso a predios en el Valle, Cesar y Huila, que nos retrotraen al tiempo de la fracasada reforma agraria del desarrollista Carlos Lleras Restrepo, y las grandes movilizaciones agrarias de la Asociación de Usuarios Campesinos, y los mandatos derivados de su frustrada auto-organización, a sangre y fuego, y como resultado de debates y rencillas internas a propósito de cómo concebir la ruta de la revolución democrática tantas veces interrumpida en Colombia. Hay un cúmulo de literatura que se puede revisar y la recuerda.[9]
El resultado de estas acciones de hecho y reivindicativas forzaron a la presencia de la nueva ministra de agricultura Cecilia López, quien se hizo presente en los predios del Cauca. Además, ella hizo un llamado perentorio, en el mes de agosto, a parar la ocupación de tierras que no ha sido atendido por las comunidades movilizadas que, por lo demás, exigen el cumplimiento de lo pactado en anteriores gobiernos.
Igualmente, la vicepresidenta, vocera electoral de la pobrerías y las comunidades étnicas, de modo principal, pero no exclusivo, intervino al respecto, diciendo: “Debe haber un diálogo nacional que hagamos todos los colombianos en función de que la tierra esté en función de garantizar la vida.”
Al hacer este pronunciamiento, Francia Márquez, puso el dedo en la llaga varias veces centenaria, la inmensa desigualdad social y económica existente, construida y reforzada por las expropiaciones, despojo, a la vez que ocupación de baldíos de propiedad de la nación, cuando menos desde que Colombia es una nación independiente.
Por supuesto, esta realidad choca con la lectura del presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, quien no está a gusto con la fórmula de gravar las tierras improductivas, cuando hay más de 34 millones de has aptas para la producción, buena parte de ellas con oscuros títulos de propiedad.
Bedoya tercia diciendo que, no hay una definición de qué es tierra productiva, y afirma:
“Todas estas imprecisiones lo que generan es una sensación de inseguridad jurídica.” ¿Con respecto a qué, a la legal titularidad y goce de la propiedad privada de la tierra?
Sobre el particular la Corte Constitucional, después de varios años, con ponencia del presidente de la misma, Antonio José Lizarazo ofreció unos parámetros y unas prioridades para proceder con la situación de hecho de los baldíos, y quienes son los poseedores de buena fe, de inmensas porciones del territorio nacionales inexplotadas, ociosas, o mal explotadas.
En síntesis, estamos en presencia del talón de Aquiles del neoprogresismo que encarna la coalición de Petro, y su variopinto equipo de gobierno, la cuestión agraria, y un acuerdo fundamental al respecto, que quedó punteado en los Acuerdos de paz hechos con la exguerrilla de las Farc- Ep, que contemplaron la reforma agraria integral en los puntos uno y cuatro.
Ahora delante del proyecto de reforma política se calibrará como es que se materializa en hechos y políticas públicas lo debatido, lo prometido y exigido, por las multitudes subalternas rurales y urbanas, que tienen la atención fija en el problema de la tierra y la reforma tributaria, que harán posible que la denominada paz total no sea un embeleco, o un significante vacío atrapalotodo.
De ese modo, podremos pensar si estamos avanzando cuando menos al desarrollo de una paz subalterna, y no, en una reedición trasnochada y fatal de la paz neoliberal de Santos, incumplida y torpeada inmisericordemente por el bloque dominante derrotado en la elección presidencial de 2022, pero, sin duda no vencido.
[1]Jorge Eliécer Gaitán en su aspiración presidencial de 1945/46 caracterizó la realidad política del medio siglo, en sus conversatorios y arengas, como dividida en términos de país nacional conformado por la mayoría popular que él interpelaba. En el otro extremo electoral ubicó el país político, su adversario principal, representado en la campaña de 1946 por los candidatos oficiales del bipartidismo, Gabriel Turbay, liberal, y Mariano Ospina Pérez, conservador.
[2] Estas curules fueron pactadas en los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, Bogotá y Cartagena, y bloqueadas por la bancada mayoritaria del bloque de poder controlado por el partido de gobierno, en la administración liderada por Iván Duque y el partido Centro Democrático.
[3] Gramsci, A. (1981). Escritos Políticos, 1917-1934. Cuadernos de pasado y presente. Editorial Siglo XXI, México, p. 347.
[4] Es lo que Gramsci denomina Estado de gobierno, con referencia a la definición de la sociedad política, entendida como estructura en término de estado en su sentido estrecho, cuya función principal es coactiva, represiva, ejercicio de la violencia y del aparato judicial y la producción legislativa a través de sus dictados, el repertorio de decretos como atributos del poder ejecutivo,
[5] El bloque histórico dominante se refiere al proyecto político construido a partir de la seguidilla de victorias militares de la insurgencia subalterna de las Farc-Ep que arranca en el gobierno del liberal Ernesto Samper Pizano, pactante de un acuerdo electoral secreto con el cartel del Valle, y que cierra filas con el gobierno conservador de Andrés Pastrana, triunfador en la contienda electoral contra Horacio Serpa.
Bajo la intervención de un centinela, y aliado regional, el hegemón estadounidense dirigido por el presidente Bill Clinton con quien se acuerda el Plan Colombia, con el que se blinda con las armas la apertura neoliberal de la Constitución de 1991, amenazada por la recesión de 1998/99. Se propone como fórmula táctica, de nuevo, la negociación de la paz en los cincos municipios del Caguán, con la principal insurgencia subalterna.
Pastrana, y su ministro de defensa Rodrigo Lloreda impiden que la ofensiva guerrillera capitalice políticamente, - sus victorias obtenidas en el campo de batalla -, una contra hegemonía que una el campo en rebeldía armada y apoyos urbanos en las principales ciudades, cuando está dispuesta a sitiarlas con base en una guerra de posiciones convencional. Esto último es lo que teoriza al analista de guerra y defensa, Alfredo Rangel, convertido desde entonces en cuadro político ideológico del Centro Democrático.
Fortalecidas las FF.AA colombianas, Pastrana/Lloreda rompen las negociaciones de paz, y abonan el terreno para que Álvaro Uribe y la reacción sean la clave de bóveda de la dominación burgués-terrateniente al servicio del régimen de acumulación neoliberal bajo el comando del capital financiero. Uribe hace tránsito a la política pública de guerra empezando por negar el conflicto armado. La divisa es la guerra social total contra la insurgencia campesina subalterna porque amenaza la propiedad rural terrateniente, los megaproyectos agroindustriales y el extactivismo transnacional pactado.
[6] La historia de esta temporalidad comenzó con F.D. Roosevelt para atender a la crisis económica estadounidense que arranca con el crack de la bolsa de Wall Street y la gran depresión siguiente. La medida se propuso en el año de 1933, cuando aprobó un paquete de 15 leyes que establecieron las bases del llamado New Deal, para conjurar el peligro de derrumbe del capitalismo más desarrollado hasta entonces.
No fueron exactamente 100 días, sino el tiempo de sesiones extraordinarias del Congreso, después de la posesión de Roosevelt como presidente, el 4 de marzo de 1933. El periodo de acción entre ejecutivo y congreso, en realidad se extendió entre el 9 de marzo y el 16 de junio, con base en el consenso con todos los poderes y la ciudadanía de modo general. A quien se dirigía en regulares charlas radiofónicas, disuadiéndola de no sacar sus fondos de los bancos y confiar en la recuperación del país.
[7] El núcleo duro de un grupo superior a 40.000 integrantes, está constituido según el reporte de la revista Forbes por 236, que son calificados de multimillonarios por la publicación, a 6 de abril de 2022. Los cuatro primeros de la lista son Luis Carlos Sarmiento, US$8600 millones, Jaime Gilinski, US$4.400 millones, David Vélez, US$4.000, y Beatriz Dávila Santo Domingo, US$ 3.600. En la lista mundial aparecen rankeados del número 222 al 832. Sin embargo, los miembros del clan Santo Domingo sumados, igualan la fortuna reportada para el hombre más rico de Colombia.
[8] Incluido el presidente de la tercera fuerza, Antonio Navarro Wolf, como lo registró Gustavo Petro, en su libro de presentación electoral, elaborado con el apoyo de Hollman Morris, Una Vida, muchas vidas.
[9] Para el siglo que se extiende entre 1850-1950, no pocos recomiendan el trabajo de Catherine Legrand. Colonización y Protesta campesina en Colombia 1850-1950. Publicado por la Universidad Nacional. Bogotá, 1988. Republicado por la Universidad de los Andes en 2016.
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