PRAXIS SUR

¿QUÉ NOS ESPERA HACIA DELANTE?

APUNTES PARA UN DEBATE SOBRE LA EDUCACIÓN

Héderman Castro[1]

Colectivo @utonomista

Es notorio cierto reduccionismo economicista en el debate sobre educación superior y la reforma a la ley 30 del 92. En general, la mayor parte de los discursos se sostienen en el cuestionamiento a los presupuestos oficiales que se modificarían a partir de la reforma. Se dice que aproximadamente el 0.5 del producto interno bruto propuesto, en manera alguna es la salida económica, pero viéndolo proyectivamente en el 2042 apenas alcanza al 1.7 porciento del PIB.

En el debate este presupuesto se compara también con el presupuesto militar que es aproximadamente 5 veces mayor, lo que solo se justifica si de lo que se trata es de resolver bélicamente el conflicto interno, frente a una solución que pase por brindar oportunidades reales para aquellos involucrados en éste. Se han hecho también análisis de tipo comparado, según se trate de una u otra universidad, para definir cuantitativamente el costo promedio por estudiante en términos de pesos reales.

Sin embargo, considero que si bien este aumento de recursos es importante por las condiciones materiales y humanas que puedan requerirse, un aumento presupuestal en si no tiene necesariamente una relación ni directa ni indirecta sobre la calidad de la educación, si no se discute previamente el tipo de sociedad que somos y el papel que debe cumplir la educación en la búsqueda de valores, fines y objetivos sociales específicos. Estamos obligados, entonces, a salir de lo meramente presupuestario, sin menospreciarlo, e incursionar en la política de verdad.

En el actual debate es definitivo partir de esta distinción, pues se cree mecánicamente que a mayor presupuesto mayor calidad en la educación; cuando este aspecto algorítmico, impuesto desde el alto gobierno según consideraciones que deben quedar claras en lo posible ante la opinión pública, está vinculado a un proyecto de escuela, de ciudad, de país. El dinero en si es el equivalente general que garantiza el intercambio de bienes económicos.

El mercado es una condición general del emprendimiento en una sociedad capitalista como la nuestra, sustentada en la lógica de la acumulación por la acumulación que no guarda relación con el comprender y con la cualificación lógico-crítica de los estudiantes y los maestros, ni con un proyecto de autonomía individual y colectiva, para ser más exactos, de configurar, animar una escuela democrática, aspecto central a considerar en la pregunta por la calidad y/o la excelencia.

Ahora bien, cuando hablamos de autonomía individual y colectiva nos referimos a la participación efectiva en el poder como actores y autores de la ley, en actitud auto-instituyente, mas allá de las libertades y derechos negativos, mínimos, establecidos en la constitución. Es precisamente a este ejercicio libre que apunta la intención participativa de los diferentes sectores sociales, estudiantes, padres de familia, maestros, políticos profesionales, etc., en la discusión y decisión de lo que debe ser la ley de educación de la nación toda.

Entendemos que el congreso de la república es el escenario tradicional de decisión de las políticas públicas coordinadas desde el gobierno nacional, pero este escenario ha dado muestras suficientes de corrupción y en las actuales circunstancias no brinda garantía de transparencia y objetividad. Por eso apelamos al poder ciudadano como fuente suprema del derecho para concebir y definir quizá el aspecto estratégico más importante de un nuevo país: la escuela, y no cualquier escuela, sino una escuela fundada en principios de funcionamiento e institucionalidad democrática.

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[1] Abogado, analista político, estudioso del pensamiento de Cornelius Castoriadis. Director de la revista Contravía, y co- fundador del Círculo de crítica jurídica Antonio Gramsci, en la Universidad Libre de Colombia.