DEBATE EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Un contexto necesario
Con ocasión de la reacreditación del programa de Ciencia Política ha tomado curso un debate sobre la existencia de lo que el colega profesor autor de esta carta denomina "derecho consuetudinario" que se pasa por alto la exigencia de establecer una carrera profesoral con criterios definidos, y consultando el espacio deliberativo de la asamblea profesoral. En igual sentido, y por otra situación, el modo cómo se deciden las distinciones docentes, se ha pronunciado otro docente, para poner de manifiesto su inconformidad.
A lo cual habría que añadir, a manera de ejemplo, el modo como se otorgan los apoyos como becarios a estudiantes, o se decide quiénes dictan y hasta cuándo clases como profesores ocasionales; y, por supuesto, cómo se desempeña el cargo de director del departamento de Ciencia Política por encargo, en interinidad.
Que no decir de la ausencia "consuetudinaria" de reportes consolidados de conocimiento público sobre el manejo de las finanzas, dentro y fuera de la Facultad, que nos permitan conocer y debatir públicamente acerca de la destinación de los presupuestos, mientras una buena parte de las construcciones de la ciudad blanca amenazan ruina.
Claro está, también, la despreocupación efectiva del gobierno nacional por proveer recursos suficientes a la Universidad pública, y el "congelamiento" de la nómina profesoral desde tiempo inmemorial. Todo lo cual ha de ser discutido y puesto en claro, eso sí, en un debate nacional.
Todo lo cual prueba, no solo por la permanencia del nombre, "Claustros y colegiaturas", que aún nos encontramos en un modelo de universidad feudal, que no ha sido afectada para nada por la Reforma de Córdoba de 1918. Seguimos padeciendo lo que el profesor Rubén Jaramillo refiere para Colombia como una modernidad postergada, o simplemente procesos de modernización sin más.
Ahora que se haya en curso un proceso de reforma a la educación superior, con la participación de la comunidad universitaria, y el impulso en primera línea de los estudiantes organizados en la MANE, y en otras formas de participación independiente, es la hora de asumir la urgencia de pensar y realizar una Constituyente educativa, donde la problemática que se ventila en la reunión de "Claustros y colegiaturas" es un capítulo relevante, pero no el único. A la vez que hacerla parte de una propuesta nacional de una Constituyente Social que haga viable y duradera la paz de Colombia, con ocasión del nuevo diálogo entre gobierno y guerrilla. N de la R.
CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA POLÍTICA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Por: Prof. Eduardo Rodríguez Martínez. PhD.
Profesor Asociado. Cátedra 04.
Departamento de Ciencia Política.
A propósito de la discusión que se está
desarrollando dentro del cuerpo docente del departamento de Ciencia Política
sobre el tema de los cambios de dedicación de algunos docentes, como también
sobre el tema de los reconocimientos de méritos para algunos profesores, creo
oportuno presentar ante ustedes algunas reflexiones sobre esta coyuntura, por
tratarse de un tema de suma importancia.
En este momento en que hemos sido
convocados a expresarnos en sesiones de claustros y colegiaturas y, teniendo en
cuenta que se estamos ad portas de una solicitud de re acreditación del
programa, me parece más que conveniente analizar tal situación de la manera
siguiente, a saber:
1. Tengo claro en mi memoria que en el
tiempo de la primera aspiración a la Decanatura de la Facultad del Prof.
Leopoldo Múnera dentro de la comunidad académica a la que pertenecemos se
promovió un diálogo reflexivo sobre el estado del arte de la facultad, sus
necesidades y los posibles caminos para continuar. En esa ocasión tuvimos como
candidatos a dos docentes: El profesor Múnera y el Prof. Germán Palacio C. A
partir de varias dinámicas académicas y con el mejor espíritu de comunidad se
discutió, analizo y reflexiono sobre las alternativas que estos dos candidatos
estaban dispuestos a desarrollar. En esa oportunidad salió elegido para ese
encargo el Prof. Múnera.
2. A propósito de la reciente designación de
director encargado del departamento de Ciencia Política podemos apreciar la
enorme distancia de las dinámicas que pudimos construir en el pasado y las que
hoy imperan en el departamento. La semana pasado tuve una conversación con el
nuevo director del departamento, el Prof. Julio Quiñones, con quien pude hablar
extensamente sobre muchos temas de interés. En esa conversación me expresó que a él le habían ofrecido la
dirección y que por tal motivo había aceptado dicho encargo.
4. Si volvemos a hacer memoria podemos
acordarnos que estas “costumbres” se han venido implementando por los menos
desde las tres últimas designaciones de Directores de Departamento. A pesar de
lo nefasto de estas prácticas lo más preocupante es que esta forma de actuar se
viene convirtiendo en una estrategia, entre muchas otras, para promover a algunos
docentes a tiempo completos. Se ofrece la dirección y se justifica la solicitud
aduciendo las necesidades del servicio. Curiosa manera de promoverse,
impactando negativamente los derechos de promoción de otros docentes y
propiciando la inestabilidad institucional del Departamento.
5. Ahora bien. Si revisamos las razones que
se adujeron para la promoción a tiempo completo del Prof. Lozano, la situación
no mejora sino que aumenta nuestra preocupación. Justificar la promoción del
Prof. Lozano por ser un docente que ha trabajado “gratis” durante dos años
parece un pésimo antecedente y a mi juicio no le hace bien al profesor ni al
Departamento. Recuerdo en una visita como par evaluador para un registro
calificado de una Universidad colombiana, un docente con las mejores
intenciones de colaborar en la visita a la Faculta de Derecho me expresó: “Actualmente
estoy vinculado como profesor de cátedra de ocho horas, pero mi sentido de
pertenencia a la Universidad hace que yo le dedique cuarenta y ocho (48) horas
a la semana sin pedir más remuneración.” Definitivamente, le respondí: Usted
por querer ayudar a su Facultad la está perjudicando. Precisamente todo este
sistema de aseguramiento de la calidad lo que pretende es profesionalizar la
educación superior.
El trabajo académico no remunerado no es admisible, creo
que en ningún momento, pero mucho más ahora en estos contextos. Esta otra
estrategia de “entregarse” durante dos años para poder obtener una promoción de
tiempo completo no tiene presentación alguna y no puede seguir haciendo carrera
la estrategia de trabajar “gratis” para, por una vía irregular, lograr el
ascenso deseado. El profesor Lozano tiene legítimo derecho a solicitar su
ascenso y obtenerlo dentro de un marco de referencia de reglas para todos. Esta
estrategia de trabajo no remunerado, para obtener un tiempo completo, no le
puede ser reconocida como un “derecho propio”. Mal haríamos en aceptarlo.
6. Pero este estado de cosas no para aquí.
Hablemos del nombramiento a tiempo completo del profesor Libreros. Todos
sabemos que el ingreso del profesor
Libreros como docente de la Facultad es relativamente reciente. El profesor
Libreros tomó el camino de hacerse nombrar “representante profesoral”. A pesar
de que yo ya podía intuir para donde iba ese derroche de solidaridad para con
los docentes representados, hablé una vez con él en la cafetería y le expuse
que a mi juicio la carrera docente no existía en la Facultad. Él que
seguramente ya sabía que esto era cierto me expreso que pondría atenta nota sobre el asunto para que se respetaran
los derechos de los docentes, especialmente por su antigüedad y sus méritos.
Al
final de todas estas “anécdotas”, el profesor Libreros lo que pudo conseguir
como representante profesoral es que con el tiempo, por lo menos a él, se le
nombrara recientemente como profesor de tiempo completo en el Departamento de
Derecho. Con esto quiero hacer caer en cuenta que bajo diversas estrategias la
conclusión que se puede sacar, y que no puede ser distinta, es que: Todos los
caminos conducen a Roma.
La historia de nuestro Departamento está
llena de estas “anécdotas”. En mi caso particular siempre he expresado mis
aspiraciones como docente del Departamento, entre otras ser profesor de tiempo
completo. He apelado de tiempo atrás a interponer “peticiones respetuosas”
a las distintas administraciones, pero por supuesto han sido todas en vano.
Desafortunadamente no tengo la vocación ni el “tiempo libre” para dar trámite a
estrategias de este tipo.
Entiendo que para muchos de los docentes estos asuntos
no son de su resorte toda vez que sus problemas académicos son otros. Pero
quiero manifestar que esta historia de la “cultura jurídica” del Departamento
debería interesarnos pues no constituye un ejemplo a seguir para ninguna
institución. Especialmente para la Universidad Nacional de Colombia que es la
principal institución de Educación Superior del Estado en Colombia. Muchas
veces se nos olvida que nosotros estamos regidos y regulados por el derecho
administrativo y que ostentamos el carácter en funcionarios públicos.
CONCLUSIÓN:
Muchas cosas se pueden decir al respecto
pero tan solo quisiera resaltar finalmente lo siguiente:
1. El “derecho consuetudinario”
vigente en el Departamento no ha contribuido a pensar el Departamento, la
Universidad, ni el país. Por el contrario, puedo señalar que nos ha sumido en
una inercia cómoda y costosa. No todas las prácticas que pretende constituirse en
tradición o en “derecho consuetudinario” son sanas. Como mis estudiantes lo
saben, existen costumbres “contra natura” al decir de los ius naturalistas y
pueden llegar a constituirse en “contra legem” al decir de los ius
positivistas.
2. Estos hechos parcialmente analizados
expresan un “Estado de Cosas Inconstitucional”, parodiando el título de
un reciente seminario realizado en la Facultad. Y a mi juicio esta “estado de
cosas inconstitucional” no es sino la derivación y consecuencia del mencionado
“derecho consuetudinario” que ha estado vigente entre nosotros.
3. Pretender trabajar sobre las condiciones
de alta calidad que se exigen para una re acreditación no deberían dejar de
lado estas reflexiones, no solo por sus posible resultados,
sino porque constituyen definitivamente una preocupación insoslayable.
Bogotá, septiembre 17 de 2.012.
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