PRAXIS SUR

A  LA PUERTA DE UNA REELECCIÓN CANTADA, UN BINOMIO DISIDENTE, PRESENTE,  EXIGE HAMBRE CERO.

El compañero Francisco Hidalgo Flor, docente e investigador probado de la Universidad Central de Quito, nos da a conocer la proclama de los candidatos de la unidad plurinacional, Alberto Acosta y Marcia Caicedo, quienes compiten por el favor del electorado en la contienda presidencial, que tiene como favorito al actual mandatario, Rafael Correa, quien en sus ejecutorias echó por la borda compromisos fundamentales establecidos en el proceso constituyente, del cual fue un copartícipe el mismo Alberto, quien presidió las deliberaciones, y conoció y elaboró de primera mano lo entonces decidido por los constituyentes. 

Luego Acosta se retiró en señal de no aceptación del curso autoritario impuesto al proceso en procura del socialismo en el siglo XXI, y de modo particular, en rechazo a la manera de tratar a los movimientos sociales, y en particular, los cuestionamientos y demandas de parte del movimiento indígena ecuatoriano. Ahora, Acosta es también un connotado teórico del posdesarrollo, y un defensor acérrimo con su fórmula presidencial, Marcia Caicedo, del proyecto de Buen Vivir, que es una propuesta de cuño ancestral que atiende a tales enseñanzas, y que significa en su aplicación un punto de quiebre con el capitalismo salvaje.

En materia electoral, las encuestas no favorecen a este formidable binomio, y, por el contrario, muestran a Rafael Correa como ganador efectivo. Sin embargo, esta participación se mueve en el marco de un proceso organizativo de mediano y largo aliento, capaz de contrarrestar en el propio espacio político de la representación, y en la participación directa el rumbo descaminado del actual gobierno. De ese modo ha de entenderse la respuesta dada a esta declaración en la concentración de Cuenca, donde fueron miles los que hicieron manifiesto el apoyo a esta plataforma de acción política, y de respaldo a la oposición a los "designios" del capitalismo con rostro cristiano que son los argumentos polémicos del actual presidente. N de la R.

Hambre cero: paso fundamental para alcanzar la Soberanía Alimentaria

ALBERTO ACOSTA y MARCIA CAICEDO

Candidato presidencial y candidata vicepresidencial de la UNIDAD PLURINACIONAL

Quito, 13 de enero del 2013

 

Uno de los pasos más importantes en la construcción del Sumak Kawsay propuesto en la Constitución de 2008, es alcanzar la Soberanía Alimentaria. Sin esta no puede haber Buen Vivir y, en este sentido, una política agropecuaria verdaderamente transformadora será una de nuestras prioridades de gobierno.

 

El gobierno de Rafael Correa en sus políticas para el agro y en la relación campo – ciudad, actúa en sentido opuesto a la soberanía alimentaria y privilegia una estrategia de alianza con el gran agronegocio. Es perfectamente conocido que en el campo la pobreza es más aguda (el 70% de los pobres del Ecuador vive en el campo), y más aún si se es mujer e indígena.

Es inconcebible que en un país como Ecuador, con tantos recursos, la prevalencia de desnutrición crónica supere el 30% en más de la mitad de las provincias del país (con 52.6% en Chimborazo).

Una política real de soberanía alimentaria consiste en un apoyo real a la agricultura campesina y familiar, así como de los pequeños y medianos agricultores, que actualmente es el pilar sobre el cual reposa la soberanía alimentaria del país. Además, la soberanía alimentaria no se limita a producir más alimentos sino a producir alimentos sanos, culturalmente apropiados.

 

El modelo de desarrollo agroindustrial no sólo que es ineficiente energéticamente sino que genera verdaderos oligopolios que controlan la producción, la comercialización y el consumo. Encadenan a las agriculturas campesinas, crean dependencias a los paquetes tecnológicos con la consecuente pérdida del patrimonio genético y abuso de agrotóxicos.

Las grandes cadenas agroindustriales no son una respuesta a la soberanía alimentaria. Es más, agudizan la problemática del cambio climático. La agroindustria a gran escala es responsable del consumo y contaminación de grandes cantidades de agua dulce, utiliza masivamente energía fósil y agroquímicos, a la vez que explota a los trabajadores, daña los suelos, el medio ambiente y acaba con la biodiversidad.

 

Contra estas tendencias, un proyecto por la soberanía alimentaria debe favorecer que los pueblos y campesinos sean quienes controlen la base genética del sistema agroalimentario. Debe promover la agroecología, la producción limpia, el fortalecimiento de las relaciones entre productores y consumidores, la protección de la producción local contra las importaciones de las transnacionales, la armonía entre actividad agrícola y Naturaleza, la reducción de los monocultivos a favor de sistemas de producción mixtos, la investigación conjunta con las universidades, la creación de centros de investigación, etc.

 

El gobierno de Rafael Correa, lejos de regular los grandes monopolios agroindustriales existentes en el Ecuador, mantiene políticas de apoyo y grandes subsidios directos e indirectos a favor de dichos grupos monopólicos. En materia de pequeña agricultura, la lógica correista se ha centrado en la asignación de prestaciones subsidiarias. Por ejemplo, a través de  algunos paquetes agroindustriales, sin apostar por un verdadero fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar. Además está el Decreto Presidencial donde se incita a producir agrocombustibles para incorporar al combustible nacional: ¡La tierra es para producir alimentos para las personas, no agrocombustibles para los carros!

Nuestro compromiso de gobierno para la construcción de una política agraria  pública se centra en apoyar integral y estructuralmente las economías campesinas, así como a los pequeños agricultores. Esto exige la democratización del acceso a agua, tierra, crédito, a mercados y tecnologías. Para lograrlo proponemos instrumentar controles para la expansión de las agroindustrias en términos de acceso a agua, con límites a la propiedad de la tierra a un tamaño máximo en ciertas zonas, un acceso equitativo y regulado al riego, crédito en condiciones adecuadas y oportunas, etc.

 

La estrategia de soberanía alimentaria de la Unidad Plurinacional, destinada a erradicar el hambre y eliminar la pobreza estará basada en 5 pilares:

 

1.               Un programa de apoyo a la agricultura familiar campesina y a la pesca artesanal, así como a la de los pequeños agricultores, considerados como los actores centrales de la soberanía alimentaria.

 

2.               Un programa de compras públicas que incluya realmente a los actores de la economía social y solidaria.

 

3.               Un programa de alimentación popular realmente descentralizado.

 

4.               Un bono de desarrollo humano y productivo para los que realmente lo necesitan.

 

5.      Una marco institucional abierto a la participación y control social

 

1.      El programa de apoyo a la agricultura familiar campesina e indígena y a la pesca artesanal

Comercialización a través de mercados populares y ferias campesinas

Fortaleceremos los mercados populares, garantizando a los comerciantes minoristas sus derechos al trabajo digno, a la seguridad social, al crédito, a tecnologías adecuadas y a locales dotándolos de todos los servicios. El gobierno central debe apoyar a los gobiernos municipales para desarrollar un sistema de mercados populares dotados de todos los servicios y con condiciones de trabajo dignas para todos.

Se creará un Sistema Nacional de Ferias Campesinas administradas por organizaciones de productores (y no, como ahora, en donde dominan prácticas clientelares que impiden que los campesinos y los consumidores se beneficien de este sistema de comercialización). Se coordinará con los gobiernos municipales el espacio para desarrollar por lo menos una feria por cantón, aplicando sistemas comunitarios participativos de garantía de calidad de los productos comercializados.

Es fundamental vigorizar este punto de la cadena alimentaria que vincula a productores y consumidores.

Escuela de agroecología

Se fortalecerá la Escuela de Agroecología ya creada por ciertas organizaciones históricas con becas para la participación de más estudiantes y se retomará el proyecto agroecológico ya propuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería por las organizaciones campesinas en el 2010. El INIAP será obligado a incorporar en sus programas de investigación temas de agroecología.

Se promoverá el trabajo de redes de promotores en agroecología para el desarrollo de fincas integrales en una modalidad de trabajo teórico práctico investigativo.  Aquí resulta indispensable articular una relación entre la práctica y la investigación participativa desde la perspectiva agroecológica con el concurso de las Universidades.

Crédito adaptado

Se creará un Fondo de Desarrollo  Productivo que servirá como fondo de garantía para que las organizaciones del sector financiero popular y solidario puedan diseñar líneas de crédito para la actividad agropecuaria y pesquera. El reto es asegurar crédito barato y oportuno a los agricultores.

Seguro Social Campesino

Se ampliará la cobertura del Seguro Social Campesino, asegurando la independencia de su representación a nivel nacional. Este seguro se ampliará a un Seguro de Vida para cada caja de Seguro Social Campesino.

Seguro Productivo Campesino y Pesquero

El Estado apoyará la creación de una Caja de Seguro Productivo, según el modelo del Seguro Social Campesino, que proteja a los productores agrícolas y pescadores contra calamidades climáticas, mediante una aportación voluntaria y un subsidio estatal. Este Seguro estará manejado por una institucionalidad representativa del sector y no estará en manos de entidades aseguradoras privadas.

Redistribución del acceso a la tierra: Ley de Tierras

La Asamblea tramitará la Ley de Tierras y Territorios con base en el anteproyecto de ley preparado por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria y respaldado por la primera iniciativa ciudadana a nivel agrario.

 

Simultáneamente se realizará un inventario de todos los predios controlados por el Estado (Banco Central, Fideicomiso No Más Impunidad, Banco de Fomento, CFN, Fuerzas Armadas, INIAP, etc.), y se buscarán los mecanismos expeditos para su incorporación al Plan Tierras y su redistribución a las organizaciones de productores. Los campesinos organizados recibirán estas tierras en condiciones ventajosas, con base en un precio social, con una tasa no mayor a la tasa de interés para las operaciones interbancarios y plazos suficientemente largos que faciliten el acceso a la tierra a los campesinos organizados. Será indispensable considerar en estos créditos un período de gracia, de por lo menos dos años, para permitir la venta de las primeras cosechas.

Igualmente se procederá a realizar en el plazo de un año el catastro de las grandes propiedades individuales de más de 500 has, para efectos de tributación y eventual afectación redistributiva en función de la vocación agrícola de los suelos. En ningún caso se afectará las propiedades de las comunas y los territorios de las comunidades.

 

El impuesto a la tierra debería ser progresivo, con una exoneración para los más pequeños, por debajo unas 75 has, para tomar en cuenta a los propietarios campesinos de la Amazonia. Inclusive 50 has está justificado porque era la tierra que uno podía titular bajo el sistema del INDA. Además, las tierras con vocación agrícola no deberían ser afectadas en planes de expansión urbana.

Se creará un fondo para compra de tierras fuera del Banco Nacional de Fomento, el cual contará con por lo menos 50 millones de dólares de aporte inicial,  que deberá ser engrosado progresivamente. En un límite de 10 años se debe haber dispuesto de la suma de dos mil millones de dólares.

 

Acceso al agua: Ley de Aguas

La Asamblea tramitará la Ley de Aguas, enfocándose en la desprivatización del agua, en el respeto de las organizaciones comunitarias de gestión del agua de riego, en la priorización de agua para el consumo humano y para actividades agropecuarias. Se prohibirá la concentración de caudales y fuentes de agua, se limitarán los usos industriales y se prohibirán actividades extractivas en fuentes de agua.

La SENAGUA tendrá un plazo de un año para terminar el inventario de las concesiones de riego y empezar un proceso de reflexión para la redistribución equitativa de los caudales.

Se retomarán y fortalecerán los proyectos de riego campesino, para lo cual se impulsará un programa de canales de riego primarios y secundarios, que serán controlados por las mismas organizaciones de regantes.

 

2.      Programa de aprovisionamiento para la soberanía alimentaria

Porcentaje fijo de aprovisionamiento

Se destinará un porcentaje fijo de 30% de  las compras públicas de alimentos para ser cubiertos por pequeños productores asociados. Estos asegurarán la calidad del producto según los estándares fijados en conjunto, y el Estado asegurará un acompañamiento para el fortalecimiento organizativo y productivo.

Estas compras se realizarán a nivel descentralizado, con mecanismos de trámites simplificados para asegurar la real participación de las organizaciones campesinas en la provisión de alimentos.

Se instaurará un sistema de créditos de operación para que las organizaciones puedan acopiar los productos.

Los precios serán precios fijados una vez al año, y la producción agroecológica tendrá un incentivo en el precio de 30%, asegurado por el Estado.

Regulación anti monopolios

Se desarrollará una regulación clara de las relaciones comerciales entre agroindustria y economías campesinas que evite cualquier dependencia y desventaja de las últimas y más bien garantiza y amplia su autonomía. También cabe ampliar y consolidar la intermediación estatal en el sistema nacional de almacenamiento de productos básicos, con el fin de aportar en la regulación de los precios.

Por un lado se establecerán regulaciones frente a los recursos productivos disponibles en una zona y en la democratización a su acceso- Además las regulaciones incluirán aspectos anti-monopólicos en la comercialización de productos agrarios e insumos.

Más que la mitad de todos los alimentos en Ecuador se venden a través de las tres grandes cadenas de supermercados que por su estructura oligopólica definen la forma de producción, la “calidad” de los productos, sus precios y las posibilidades de ventas de muchos productores. Se requiere un límite máximo de la participación en la comercialización de cualquier producto para evitar oligopolios que violan la competencia en el mercado.

Se garantizará un porcentaje -creciendo constantemente- de producción campesina en los supermercados y en otras cadenas de producción y comercialización.

 

3.      Programa de alimentación popular

Los programas de Alimentación Popular del Estado (Desayuno y almuerzo escolar, así como comedores populares sobre todo para la niñez que no accede a los centros escolares y también para los adultos mayores) deberán incluir, en los años iniciales, un mínimo de 50% de productos alimentarios provenientes del territorio cantonal.

Los menús serán elaborados en conjunto con los comités cantonales alimentarios (y no desde una entidad nacional, como ahora), con el apoyo de los gobiernos municipales.  La preparación estará a cargo de madres de familia que deseen participar rotativamente.

 

4.      El bono de desarrollo humano y productivo

A diferencia del sistema actual, este bono incluirá a todas las familias que realmente necesitan ayuda, se asignará en función de la escolarización de los niños y del seguimiento de su salud así como de las madres gestantes.

Este Bono tendrá un seguimiento a nivel de los gobiernos locales autónomos (cantonales y parroquiales), así como misiones de evaluación de desempeño.  El Bono podrá ser cobrado en todas las instituciones del Sistema Financiero Popular y Solidario.

Mientras en la actualidad el gobierno promociona un bono de “desarrollo” que sigue una lógica clientelar-dependiente en la que al final los ingresos terminan en manos de las grandes cadenas alimentarias,  nosotros proponemos un Bono de Desarrollo Humano y Productivo para el incentivo de procesos agropecuarios a nivel familiar. El poder adquisitivo de este bono se incrementará siempre que  se compre en los mercados populares y en las ferias campesinas.

Se desarrollarán redes de pequeños productores familiares a nivel comunitario, para el autoabastecimiento y comercialización a escala local. Progresivamente, los recursos subsidiados por el Estado deberán ser invertidos en su totalidad en producción y comercialización de productos agropecuarios de los campesinos y productos de la pesca artesanal.

 

5.      Marco institucional participativo

Se creará un vice ministerio encargado de coordinar los diferentes componentes de la estrategia de soberanía alimentaria.

La participación social será asegurada por un mayor relieve concedido a la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria que articulará las redes de productores y campesinos en representaciones territoriales locales.

Las organizaciones campesinas de nivel nacional y regional serán reconocidas y sus afiliados empadronados, de manera a asegurar un diálogo social con organizaciones representativas.

Sistemas comunitarios participativos de certificación

Promoveremos la articulación comunitaria de sistemas participativos de certificación de la producción familiar agroecológica. Estos sistemas tendrán las funciones de evaluación y capacitación a los pequeños productores para incentivar el desarrollo de procesos agroecológicos.

El sistema de certificación pretende instituir redes de comercio justo sustentados en los criterios de justicia social y ambiental.

A lo largo de la historia, los sectores campesinos han sido discriminados, han producido en medio de carencias y limitaciones con poco o nulo apoyo Estatal, aún en medio de todas estas complejidades son ellos quienes sostienen el modelo económico actual. En nuestro gobierno, campesinos, agricultores y ganaderos serán un pilar esencial para la construcción del Buen Vivir.

 

 

¡Siempre más democracia, nunca menos!

ALBERTO ACOSTA y MARCIA CAICEDO