LA HORA DE LA VERDAD
DEL ESTADO Y LOS D.H.
SANTOS EN LA
ENCRUCIJADA.
Miguel A. Herrera Zgaib.
Profesor Asociado, CPolítica, Unal.
Director Grupo Presidencialismo y Participación
presid.y.partic@gmail.com
Antecedentes
Faltando ocho
días para vencer el término de contestación de la demanda ante la Corte
Interamericana de D.H, la Agencia de Defensa del Estado tuvo que enfrentar la
renuncia intempestiva del abogado a cargo, el destacado penalista Jorge Enrique Ibáñez, y en su reemplazo
fue contratado Rafael Nieto Loaiza, hijo del destacado internacionalista
conservador Rafael Nieto Navia. Esta situación y lo que derivará de esta defensa internacional frente a los crímenes del Palacio de Justicia pone en situación dificultosa al presidente de Colombia, quien no puede seguir observando en silencio lo que acaba de ocurrir, y cuando la popularidad que miden las encuestas va en caída libre.
La encrucijada de los
abogados
Rafael
Nieto escribió una contestación de 340 páginas, en la que hubo un
empastelamiento del escrito que éste elaboró para el caso de Santo Domingo, 2
páginas, que tuvo que retirar del expediente. La demanda fue preparada y
presentada en 3 días. Y esto fue publicitado en el diario El Espectador, y ayer
debatido el episodio en el programa de radio Hora 20, de la cadena Caracol.
Este episodio ha ocurrido durante la nueva dirección de
Adriana Guillén, quien reemplazó al hoy ministro Carrillo, uno de los adalides
de la 7 papeleta que impulsó en los medios universitarios la constituyente,
después del asesinato de Luis Carlos Galán, un episodio atribuido en su autoría
intelectual al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Ella arguye que Ibáñez renunció por razones personales, pero
"La silla vacía" recoge el disgusto de los comandantes de la cúpula
militar por su estrategia de defensa. Adriana estuvo en aquella reunión
aclaratoria, y allí, la comandancia propuso que hubiera un co-agente, Rafael
Nieto Loaiza.
El ministerio de
Defensa y la Justicia
El Ministerio de Defensa está en la preparación de la defensa, y
"exige" que se niegue la
existencia de desaparecidos, excepción ella del caso de la guerrillera Irma
Franco del M-19; y tampoco la agencia para la defensa del Estado niega los acontecimientos
de la "desaparición"de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del
Consejo de Estado.
El agente defensor estatal contestó la demanda,
reproduciendo apartes de otra documentación que él mismo utilizó en otro caso
tristemente célebre en materia de violación de D.H, la sentencia en el caso de
Santo Domingo.
En su estrategia reconoce en los dos casos arriba indicados
que Franco y Urán salieron con vida, pero no hay prueba que fueron víctimas de
acciones del Estado y sus aparatos represivos. Además, se va a sostener que ya
fueron reparados por vía contencioso administrativa.
El abogado Nieto porfía que en materia internacional no se aplican los
criterios de la justicia contencioso-administrativa, y los procesos penales que
sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia no se han fallado de modo
definitivo.
El actual ministro del interior, Fernando Carrillo, ha guardado silencio sobre
el episodio, sobre la injerencia del poder militar por encima de cualquiera
otra institución, para borrar la responsabilidad en el abominable caso del
Palacio de Justicia, que no se resuelve todavía.
"Redireccionar" la
impunidad
El agente
Nieto, hace 15 años tiene una posición de negar los hechos de responsabilidad
de las fuerzas del Estado en el episodio del Palacio de Justicia. En eso consiste
el "redireccionamiento", y la salida de Jorge Enrique Ibáñez, impuesta por la alta
Comandancia Militar, según su propia revelación del 21 de febrero.
De este modo, después de dos años, el gobierno de la
prosperidad democrática, el presidente Santos guarda silencio, cuando la
encuesta reciente muestra cómo se califica su gestión falsamente salomónica de
hacer justicia, yéndose por la línea de la medianía. La justicia ha sido la más
perjudicada, la más desprestigiada de las ramas del poder público.
Lo fue antes con la reforma de la justicia hundida, tachonada
de nuevos privilegios e impunidad. Lo ha sido luego con respecto al asunto de
las pensiones que premian la negligencia de los altos magistrados del Estado, y
ahora, se vuelve a rajar, pretendiendo tapar el sol con las manos.
El riesgo está en que va a echar por la borda, ante las
instancias internacionales, la tela de credibilidad que en materia de D.H, se
mantuvo en parte con las condenas administrativas en número de 15 por las
"desapariciones" y torturas en que incurrieron agentes estatales.
Éste es un asunto que viene desde los tiempos del procurador
Carlos Jiménez Gómez, quien mostró cómo había sido roto la cadena de custodia y
las evidencias de lo ocurrido dentro del Palacio de Justicia por las
"fuerzas del (des)orden".
Años después produjo el exilio forzoso de Hernando Valencia
Villa, quien había trabajado en la Procuraduría de Alfonso Gómez, por el asunto
de las desapariciones. Y luego terminó con el asesinato del abogado de los
desaparecidos del Palacio, Eduardo Umaña Mendoza, en la propia casa paterna. Un
crimen más que se mantiene aún en la impunidad.
El procurador actual guarda silencio hasta el día de hoy,
sobre estos episodios "torcidos" en la conducta estatal frente a los
D.H; y en su locuacidad habitual lo que, en cambio, ha puesto a flote en la farándula de
"Bocas", para estos días, es
que pudo ser objeto de un atentado, del cual nada sabía hasta la fecha.
Pero, quien no puede seguir haciendo mutis por el foro, o
buscando el apoyo de J.J. Rendón, o cualquier otro mago publicista es Juan
Manuel Santos. Urge un viraje inmediato en todo lo que tiene que ver con la
justicia, y tiene que “darse la pela” con las fuerzas militares, como a su modo
lo viene haciendo a medias con su rival Álvaro Uribe. De lo contrario, su
gestión "reformista", cada vez más, descubrirá en público la otra
cara, y con ello el liberalismo de la "tercera vía" que dice
practicar se hundirá irremediablemente.
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