PRAXIS SUR

FORO ENTREABIERTO

DE LA ASAMBLEA PROFESORAL A LA TRIESTAMENTAL

Miguel A. Herrera Zgaib.

Profesor Asociado, Ciencia Política, Unal.

Director Grupo Presidencialismo y Participación.

                                 Con asistencia de profesores que no superaba los 80 asistentes, escuchamos las intervenciones de los colegas Leopoldo Múnera y Pedro Hernández de ASPU, quienes presidieron la reunión en el Auditorio León de Greiff, en cuya mesa también los acompañaron dos profesores más, con la coordinación del profe de Veterinaria y Zootecnia.

Desde la audiencia intervinieron tres compañeros, quienes no solo preguntaron sino llamaron la atención sobre asuntos polémicos, remitiéndose a 20 años atrás. Se trajeron a cuento, igualmente, problemas tratados en la reunión del día inmediatamente anterior.

En particular, se recordó el "carrusel de los puntos", que había sido mencionado, y lo reiteró el profe Hernández. Preguntándose la audiencia, sin prueba directa, como un docente puede lograr contabilizar 100 puntos por año, a través de la producción académica; y dónde es tangible el progreso académico y científico derivado de tal "productividad" individual en la Universidad Nacional.

Se cuestionó la productividad como medida del rendimiento del profesorado, como una forma de mercantilizar la educación superior, e introducir la competencia como criterio pedagógico.

La infraestructura por reparar

                                                      El profesor Múnera informó sobre el costo que implicará reparar las construcciones de la sede de Bogotá, que son cercanos a los 900.000  millones de pesos de hoy. Una averiguación de costos que no era hasta ese momento pública, y que implicó una suerte de indagación detectivesca para obtenerla.

A la vez, se destacó en la reflexión que la Universidad Nacional está fragmentada en sus sedes, y que la apropiación de dineros para el adelanto de trabajos de infraestructura, no hay una política de conjunto, y tampoco al interior de varias de las sedes.

El caso de Bogotá es ejemplar al respecto, para ilustrar la segmentariedad de la gestión, y quiénes han llevado la "mejor" tajada. A la fecha el fondo que existía para atender estas demandas está exhausto.

El representante de Aspu propone  diligenciar una estampilla que en la sede de Manizales produce buenos resultados, es para mostrar. En la U. del Atlántico también hay estampilla, con la que se mejora infraestructura, y  el pago de servicios académicos.

Cifras y realidades del desastre social

                                                         El diagnóstico de la SUE, según Luis E. Arango, señaló una desfinaciación de 11,2 billones.  De la anterior suma,  entre las 32 universidades del SUE, se repartirían 1,3 billones adicionales, sumándolo al presupuesto anual ya establecido. En cambio, el profesor Hernández, denuncia que los 11,2 billones solo  financiarán infraestructura.  ASPU calcula que se requerirá una suma cercana a los $20 billones, si se quiere financiar la Universidad Pública en Colombia, y sacarla de su desastre.

Mientras tanto, el actual gobierno con la contra-reforma tributaria descargó a los grandes empresarios. Premió al gran capital,  ya no provee el 12 porciento al gasto social. Esto ahora queda a las costillas de la clase media, de los profesionales que se forman y egresan del sistema de la educación superior. La deuda social dejó de ser responsabilidad de los ricos.

Adicional a lo anterior está la vena rota de la guerra, a la cual se destina una quema anual de riqueza social cercana al 10 porciento del presupuesto nacional.  El presidente Santos cosecha el desastre social de la “seguridad democrática”, y quiere construir la prosperidad  de la oligarquía  a costillas del resto de la sociedad. Las encuestas le muestran la urgencia de romper las amarras definitivas con el desastre de los dos gobiernos autoritarios y reaccionarios  del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La bomba pensional y Unisalud

Además, en la Unal, crece la bomba pensional   en explosividad. Y en lo que tiene que ver con Unisalud, hay gastos injustificados, y la urgencia de establecer una racionalidad para preservar este servicio para los que lo necesitan efectivamente. 

Hay sedes como Palmira y Manizales, se dice, donde se contratan y se pagan cuentas de salud innecesarias.  La fórmula de la indexación es otra forma leonina de drenar recursos. Es una indexación sobre la indexación previa, parecida a la fórmula de intereses sobre intereses, la usura. Hay servicios contratados cuyas cotizaciones por un mismo producto fluctúan entre $800.000 y $  2 millones.

Adicionalmente, los estudios señalan, que como mínimo un profesor universitario, recién enganchado debe tener una remuneración de $4 millones. Como ocurre con los trabajadores y empleados en asamblea permanente, no ha habido la nivelación de los trabajadores y empleados del Estado. 

Los únicos nivelados han sido los altos funcionarios del gobierno: el ejecutivo, el legislativo, y la judicial, el gran tío vivo de la nación, quienes ordeñan el presupuesto nacional sin agüero.

Acción solidaria y  reparación integral 

"No estamos dispuestos a que nos llamen a reuniones donde no resuelven nuestra petición: un incremento salarial del 30 por ciento y un aumento anual de dos puntos porcentuales por encima del ajuste salarial...¨" Jaime Salamandra, Sintraunal.

                                                             Mañana habrá asamblea triestamental, y los trabajadores divididos en dos organizaciones, mantienen las instalaciones de la sede de Bogotá cerradas; y el acceso a los servicios sanitarios también. Los estudiantes que persisten en la acción solidaria sesionan fuera de los edificios, mientras hay algunos que reciben clase al lado del edificio inteligente. 

Pero, el grueso de la población universitaria está fuera, y a la espera de una solución, a la espera, y con el mínimo esfuerzo. El año pasado fue la hora de los estudiantes, y se derrotó solidariamente la contra-reforma educativa.

Este año, son los trabajadores y empleados, los movilizados, en número superior a 2.000, y reclaman un aumento del 30 porciento para ellos. Equivaldría a $24.400 millones adicionales al año. La Nacional destina al año $400.000 millones para el pago de trabajadores administrativos en todas las sedes. 

En noviembre, la rectoría acordó llevar esta petición al gobierno, quien tiene la potestad de hacerla efectiva. Ahora, el vicerrector general, el economista Jorge Iván Bula, ha dicho que se hizo el trámite y que el ministerio de Hacienda tiene la última palabra. Sin embargo, el vicepresidente de Sintraunal, uno de los dos sindicatos, Jorge Salamandra, denuncia que "no han hecho la gestión".

La  hora de los docentes y la  ciudadanía democrática

                                                         Es la hora de los docentes, y de poner en la misma canasta solidaria las reivindicaciones propias. Es el momento de juntar todos los programas sectoriales, y fortalecer el proceso legislativo por una reforma democrática de la Educación Nacional, de la cual la Educación Superior es un capítulo fundamental.

Es el momento de reclamar de modo directo la reparación integral para la educación pública, y hacerlo de arriba a abajo, en la pirámide educativa. Reclamar del gobierno, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, de la Constitución Nacional, promover que la igualdad sea real y efectiva, sin más aplazamientos.

Para conseguirlo requerimos de la solidaridad de la ciudadanía del país, de los padres de familia, de la gente movilizada, y constituyendo comités de apoyo por el derecho a la educación pública gratuita a todos los niveles. Ya lo hacen Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Es la hora de quebrarle el espinazo al neoliberalismo, con la verdad, con el rechazo a la corrupción y a las "cuentas alegres". Preparar la Constituyente Educativa para democratizar todas las estructuras directivas de la educación pública en Colombia. 

El ejemplo de los cafeteros movilizados conviene no perderlo de vista, y aprehender de su  capacidad organizativa en la hora presente. Se trata de construir la paz social, con el concurso activo de la sociedad civil de los de abajo.