PRAXIS SUR

DE VUELTA A LA NACHO, A CONSTRUIR LA PAZ EN COMÚN

Miguel Angel Herrera Zgaib.

Profesor Asociado, Director Grupo PyP, Ciencia Política, Unal.

presid.y.partic@gmail.com

Actores y medios

Pasó casi un mes de asamblea permanente, animada por los trabajadores en reclamo de la aplicación de la nivelación salarial, que tuvo un acuerdo en esa dirección, a finales del año pasado, el cual no se honró por la directiva universitaria, alegando diversas razones. A raíz de lo cual, los trabajadores emplearon el limbo legal de la asamblea permanente para forzar en algún sentido su cumplimiento.

El resto de la comunidad universitaria, frente a este hecho político sindical, animado por Sintraunal y trabajadores independientes, se comportó, en su mayoría, bajo la fórmula de la abstención, con actuaciones de solidaridad explícitas de algunos sectores estudiantiles como la FEU, profesores organizados bajo la orientación de sus representantes, en un número que no superó a los 100 efectivos,  algunos connatos de resistencia a la permanencia  de los bloqueos que no fructificaron, y la actuación errática de Sintraunicol, que su contraparte gremial calificó como oportunista, al llevar adelante un pliego por fuera del acuerdo realizado por el Comité de ;ejora Salarial, con la vocería visible y beligerante de Juan Carlos Arango.

Desenlace y Mediación.

A todas luces, la Facultad de Derecho y Ciencia Política cumplió un papel, a través de algunos profesores, en el desenlace del conflicto en los términos que se han hecho públicos en los documentos difundidos. Como lo cumplieron los profesores de la Nacho, quienes se movilizaron conjuntamente con estudiantes y trabajadores en la mañana del jueves previo a la solución, inaugurando una calzada de la 26, que culminó en un plantón simbólico a las puertas del Uriel Gutiérrez, coreando el estribillo: "Santos y Mantilla, al Unal no se arrodilla". 

En particular, el decano Genaro Moncaleano pasó a desempeñarse como vicerrector de la sede Bogotá, para reemplazar a la profesora que desempeñaba el cargo, quien en medio de la crisis renunció irrevocablemente, y quien decir de sus críticos, acudía a las medidas policivas para resolver la situación. 

El ascenso funcional del decano, dejó a la decanatura de Derecho y Ciencia Política en una situación de interinidad, que requiere una solución definitiva, y no puede manejarse por vía de encargos. El profesor Alejo Vargas ha estado obrando como presidente del Consejo Directivo de la Facultad en la etapa previa al arreglo. 

Como mediador, nombrado por las directivas obró Carlos Medina Gallego, entre trabajadores y la comisión del CSU. Según sus propias palabras, lo resuelto benefició en un 80 porciento al pliego de trabajadores. Lo cual supone, de ser cierto, una puesta en acto de la mayor parte de un acuerdo que no se había cumplido por el gobierno nacional, porque a la postre, sabido es, la solución pactada se dio en el marco del ministerio del trabajo en cabeza de Movimiento Rafael Sebastian Guillen Pardo, y su delegado Noé Ríos.

La verdad es que los trabajadores consiguieron una bonificación de $1,2  millones por un año; el establecimiento de una comisión con la asesoría técnica del CID para que examine el reclamo de un aumento del 30 porciento con cargo a salario que nivele la pérdida del poder adquisitivo sufrida desde inicios de los 90, lo que ordenado desde entonces no se ha efectuado. Pero, sí lo han hecho los empleados públicos al frente de las "altas dignidades" del Estado con creces, a contramano de lo que la propia Constitución vigente consagró, y que no se respeta. 

En lugar de abolir privilegios como se estableció en el art. 13, parágrafo 2, que propugna que la igualdad sea real y efectiva en forma progresiva, en 20 años de vigencia viene ocurriendo lo contrario. Y los magistrados de las Cortes son prueba elocuente de este aserto. 

La privatización por la puerta trasera

También obtuvieron los trabajadores que se suspendiera la lesiva estrategia de acabar con la carrera administrativa. Lo que en mala parte ha venido ocurriendo a través de la nómina paralela de asesores dependientes de los cuerpos gobernantes, y en particular de la rectoría misma.  

Esta privatización, sin pausa y con prisa se sucede desde 1985, al culminar el cierre que duró un año, a raíz de la intervención policial ordenada por el rector Sánchez Torres, en el gobierno de Belisario Betancur. Este episodio sigue sin esclarecerse de modo concluyente, aunque existen informes rectorales al respecto, de dos rectores Sánchez Torres y Marco Palacios, no divulgados de modo suficiente, por estas rectorías y las que siguieron.

La otra puerta giratoria de la privatización en la Nacho, denunciada por el profesor Córdoba, entre otros, tiene que ver con el sistema de estímulos vía puntos por producción académica, y la contratación inter-administrativa, que según su decir, - con la promesa que publicará el documento de la nómina docente en la Nacional -, arroja como resultado un buen número de colegas profesores con salarios iguales o superiores a los de los congresistas de Colombia, y a los de los funcionarios de las altas cortes.

Lo anterior ha ocurrido a cambio de no realizar las efectivas nivelaciones salariales establecidas, ordenadas desde comienzos de los 90. Y que según los cálculos actuariales de ASPU, tendrían que traducirse en un pago mínimo mensual de $ 4 millones para un profesor recién vinculado a la planta de la U. Nacional. 

Lo que sí ha ocurrido mientras tanto es que el personal directivo de la Universidad, y lo denunciaron los trabajadores en asamblea, se decretó bonificaciones en los dos últimos años de $2 millones y  $2, 9 millones. Y los viáticos a los cargos directivos, y en particular, los rectores, son contados como factor salarial. Y nuestros rectores "magníficos" son incesantes viajeros, sin que veamos, de manera directa, el beneficio colectivo, que no privado, que se cosecha con ellos.

Al borde del abismo

                                            De todo lo dicho, y disputado queda, además, un S.O.S, para la comunidad educativa y la sociedad civil colombiana, que involucra en primera persona a los padres de familia beneficiarios de la riqueza social que representa la existencia de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y el sistema que encabeza. La urgencia de reparar sus edificaciones en ruinas, cuyo monto prospectado es cercano a los $900.000 millones, presupuesto que ha de ser revisado y ajustado con la supervisión de una comisión técnica idónea e imparcial, en lo posible. 

Igualmente, la atención debida y la acción requerida en defensa del territorio físico de la Ciudad Blanca, porque los designios del POT de Bogotá, y el apetito de los urbanizadores, incluidos, hijos de esta casa, hacen cuentas alegres con otro nuevo despojo territorial en la mira, en concreto los terrenos que ocupan los edificios Uriel Gutiérrez y Camilo Torres, las antiguas residencias universitarias y cafetería abolidas en 1985, durante la rectoría de Marco Palacios, y dispuestas para usos administrativos y académicos científicos desde entonces. Y el terreno de la Clínica Santa Clara, que espera su habilitación para ser escenario de las prácticas médicas de los estudiantes de esta sede.

Al respecto de este nuevo mordisco a la lechuza blanca, que dió forma urbanísitica al campus de la Nacho, desde cuando menos los tiempos de Leopoldo Rother. Esta propiedad, según dicen los entendidos, fue donada por Nemesio Camacho, un "patriarca" liberal congeniado con la "revolución en marcha" de Alfonso López. 

Desde los años 60 viene siendo recortado su espacio en forma sistemática. En ese tiempo circulaban libremente los vehículos y la gente por sus predios. Desde el tiempo de los rectores policías es objeto de un encierro, que no garantiza que pierda terreno por punta y punta.

Hay al respecto de esta situación de urgencia, un grupo de profesores de Arquitectura, con el entusiasmo inicial de Ricardo Arcos, y el apoyo de otros docentes, de hacer una reconstrucción de la historia urbanística del campus de Bogotá, y el requerido estudio de los títulos del predio en su conjunto que determine sus verdades límites y nos prepare para su defensa.

Construyendo la PAZ "con dientes".

Este próximo 9 de abril será la oportunidad para denunciar,  y en siguientes movidas, la realidad universitaria nacional, y la de la Nacho, en particular, levantando públicamente la bandera de todas nuestras "dolamas", en un esfuerzo conjunto, que nos movilice, y movilice a la sociedad civil de abajo, como la llama François Houtart, uno de los maestros que orientó la vocación social de Camilo Torres Restrepo, 50 años atrás, en el rescate de la educación pública a todos los niveles, y en reclamo efectivo de la gratuidad en la educación pública superior. 

Un paso necesario para darle vida a las nuevas ciudadelas del conocimiento, disponiéndose los gobernantes y gobernados de Colombia, en procura de la paz, por hacer efectiva una constituyente social, donde buena parte del presupuesto destinado a la guerra fratricida de hoy, se destine a construir la igualdad social, en lo posible, en materia educativa, nivelando la educación pública estatal con lo conseguido en la educación privada en el medio siglo de ininterrumpida privatización vivida en Colombia, como lo documentan los trabajos iniciales del investigador Rama.

Los invito a visitar y contribuir al blog de la revista CONTRAVIA: plataformaabiertaparalapaz