viernes, 10 de mayo de 2013



GUSTAVO PETRO:  LO VIEJO Y LO NUEVO EN BOGOTÁ.

Miguel Angel Herrera Zgaib
presid.y.partic@gmail.com
Proyecto Gobernanza y Biosociedad.

Revisando Cifras  y Firmas

“El alcalde me ha solicitado que lo acompañe en nuevos temas…Yo tengo la experiencia política de haber ocupado una curul en el Congreso y cargos políticos, y ese roce espero ahora me sirva para beneficio de la ciudad.” Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de gobierno de Bogotá.

“Los firmantes que hoy sienten temor porque ejercemos nuestro derecho a revisar firmas, tranquilícense, están en un gobierno democrático”.   Tuiter de Gustavo Petro, 10.05.2013.

                                                                Un caracterizado contrincante del alcalde Petro a nivel de Concejo,  Miguel Uribe, es el lugarteniente del congresista Miguel Gómez. Hace poco contabilizó cifras para  probar la inepcia administrativa de Petro, quien realizó  43 cambios de personal directivo: 38 en 2012, y 5 en 2013, que afectan a 24 entidades distritales.

Los principales lunares son: la UAESP, Transmilenio, el Fondo de Vigilancia y Seguridad.  Las Secretarías general, y de Movilidad permanecen sin titular; la de Gobierno  ya tiene a  Guillermo Jaramillo al frente, y éste se ha puesto a revisar la legalidad de las firmas recolectadas. Según Jaramillo, algo así como el ochenta por ciento de 40 mil firmas revisadas sería inválido; y dio a manera de ejemplo  que el 43 por ciento de 17 mil  “no pertenecen al censo electoral de Bogotá”.

El apoderado de Petro, Flavio Rodriguez, quien recibió copia de las firmas de parte de la Registraduría, y Guillermo Asprilla quien lo asiste reportaron que en la primera tanda hay un alto porcentaje que no se ajusta  a los mínimos exigidos. Asprilla dijo que “en un primer muestreo verificamos que la mayor parte de las firmas son irregulares y no cumplen requisitos legales.  Al respecto de esta acción la concejal  Clara Sandoval, adversaria de Petro, alertó que la alcaldía tiene a funcionarios  “trabajando en la revisión de las firmas”, y pide que la personería distrital lo investigue.

Ahora bien, atendiendo a las primeras cifras que miden la eficiencia de la administración en Bogotá, éstas revelan que hay una mejora notoria entre uno y otro periodo. El primero, 2012, correspondió al empalme de un nuevo gobierno municipal, al que propio Alcalde, casi en solitario, denunció como corrupto, todo lo cual se viene comprobando hasta la saciedad con las declaraciones actuales de Emilio Tapia.

El contratista principal del carrusel de la familia Moreno Rojas, sepulta políticamente a lo que quedó de Anapo, enloda a muchos, incluyendo a Edmundo del Castillo, secretario jurídico del ex Álvaro Uribe, absuelto por el procurador Ordóñez. Tapia  ha dicho también que está incluido un notable grupo de concejales, quienes hoy hacen la oposición contra Gustavo Petro, pero guardó silencio por exigencia de la Fiscalía.

Petro ha sido consecuente en las denuncias antes de ser  alcalde y en las remociones, con o sin justa causa, lo dirán los afectados por tales decisiones.  Los cambios hechos  en lo corrido de 2013 son  5, y  están en claro contraste de cifras con los 38 del año anterior. Lo registrado en la encuesta Gallup, a pesar de todo lo ocurrido valida  una disminución en la desaprobación a Petro que pasó de 71 en febrero a 66 ahora; pero este  64 por ciento sigue pensando que en Bogotá las cosas empeoran. En diciembre de 2012  así lo pensaba el 58 por ciento, ahora es el 64 por ciento.

Con estas realidades, Petro pasa a una segunda fase de su gobierno, asediado por dos desafíos, la destitución por vía de la procuraduría, de un lado; y de otro, por la revocatoria ciudadana, animada por los sectores políticos excluidos por tres periodos del ejecutivo local. Él tiene como ventajas, el apoyo del presidente, quien para asegurar votos en Bogotá hace visitas conjuntas a Suba, la localidad más poblada y diversa,  supera el millón de almas, para ponderar los logros en seguridad ciudadana.  

Lo dicho por la contraloría distrital, que le dio la razón a Petro, quien reclamó la propiedad de compactadores, camiones  y barredoras usados por los concesionarios de basuras, que no los quieren devolver, pretextando todo tipo de razones.

Ahora, para la contra-ofensiva Petro ha nombrado como su mariscal de campo a Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de  moralizar y ordenar  en parte la salud en Bogotá, permeada hasta más no poder por el lucro sin freno. Una situación creada antes, aupada y legitimada por  la nefasta Ley 100, que es una de las criaturas del entonces senador liberal  Álvaro Uribe y asociados. Jaramillo apoya a Petro para materializar los acuerdos y realizar las acciones de gobierno que hagan posible el tránsito a la nueva Bogotá, la ciudad no solo humana sino social, sin lo cual lo primero es una ilusión fementida.

Los anteriores secretarios, en particular, Navarro, sirvió a la causa del empalme, ajustando en lo posible cuentas con los atropellos cometidos por la nefasta administración de los hermanos Moreno, y sus principales socios en el PDA. La transición del modelo urbanístico y económico neoliberal, al servicio exclusivo de la expansión del capital, en cuya contención nada hicieron las dos anteriores alcaldía del Polo, las de Lucho y Samuel, consumió las mejores energía de Guillermo Asprilla.

Asprilla se ahogó en la gran empresa de desterrar de raíz el oligopolio de las basuras en Bogotá, una causa suya de antemano. Primero, porque los ejecutores del proyecto “Basura 0”  estaban intoxicados por el olores del relleno de Doña Juana y sus alrededores;  segundo, por olvidos inexcusables en  materia litigiosa, y en últimas, en otras faenas de similar importancia debido a los afectos partidistas que le impidieron entender que uno no puede administrar  en compañía exclusiva de los “amigos” sin confederar a los “enemigos”.

Las cifras según las estadísticas

                                                                 La revocatoria de Petro, en cifras de Gallup ofrece las siguientes perspectivas. En Bogotá, el 47 por ciento de los consultados que votaron en 2011, manifestó su intención de ir a las urnas cuando ocurra la convocatoria. Hay  un 53 por ciento, entre indecisos y quienes no votarán, pero, curiosamente, la firma encuestadora de antemano no lo precisó en el instrumento que aplicó, y no queda claro el porqué.

Ahora bien, del 47 porciento indicado, el 81 por ciento votará a favor de la remoción de Petro. En los hechos, este ejercicio tiene que franquear primero la barrera  del 55 por ciento de los votantes. Por lo pronto falta el 8  porciento con el cual no se cuenta. Esta es la franja favorable al alcalde, por la pasiva, que tendrá que sumarse al 30 por ciento que apoya el trabajo hecho el primer año de gobierno. 

Además, en términos nacionales, Bogotá coincide con el parcial optimismo del país en que las cosas mejoran, en los últimos dos meses. Los optimistas suman el 31, y en la Bogotá de Petro el 30 por ciento. En lo nacional, el ejército de los pesimistas ha tenido defecciones en la guerra de posiciones democrática, entre el partido de la guerra y la paz. En febrero, su contingente era de 57 por ciento, hoy es de 51 por ciento. Estamos a punto que el optimismo iguale, y eventualmente rebase a los pesimistas que son mayoría actual en la sociedad civil colombiana a la que cubren las encuestas de Gallup.

Entre diciembre de 2012 y febrero de  2013,  el índice de desaprobación para Petro alcanzó su máxima cota en febrero con el 71 por ciento, durante la crisis de las basuras, que coincidió también con el máximo momento en el recaudo de firmas para su revocatoria. Ahora el proceso desciende, y comienza el ascenso en su aceptación en el mismo periodo. En febrero estaba en 26 y para abril estaba en 30 por ciento.

En términos nacionales, durante los pasados dos meses, la encuesta Gallup muestra la caída en la favorabilidad del campeón del partido de la guerra. Uribe Vélez  bajó 9 puntos de favorabilidad, pasó del 65 por ciento al 56 por ciento, y su desfavorabilidad alcanzó el 41 por ciento que es la más alta que ha tenido en su actividad política protagónica.

Uribe está hoy entre dos extremos, el 85 por ciento, que compartió con su ministro estrella, Santos, en la publicitada Operación jaque, de julio de 2008 en tiempos de guerra. Ahora  cuando se busca la paz, padece la más baja favorabilidad, el 41 por ciento en el pasado mes de abril, que es también un punto de inflexión. Uribe se prepara con su escudero, Alejandro Ordóñez a librar la batalla definitiva en términos de su porvenir político, y el partido que tiene por centro a la guerra del capital contra el trabajo.

En ese escenario cuyos centros son Bogotá  y la nación, por obra y gracia del diseño político administrativo centralista que subsiste desde 1886, por obra de Núñez y Caro, continuadores del dominio bipartidista inaugurado en 1854, con la derrota del proyecto sociedades democráticas/ militares que lideró J.Melo, tenemos del lado de la paz y el pluralismo, la dupla Santos/Petro, y por la causa de la guerra  y la intolerancia, Uribe/Ordóñez.

La construcción de Bogotá no segregada. 

…estos resultados demuestran que la economía bogotana está mejor que la del país”. Carlos Simancas, secretario de desarrollo económico de Bogotá.

                                                        Si tomamos en cuenta la vocería de Carlos Simancas, uno de los partícipes en el único cogobierno universitario de la Ciudad Blanca en 1971, las cifras del Observatorio de desarrollo económico indican que en Bogotá disminuyó el desempleo que ahora está en 10.3, cuando en el 2012 marcaba 10.7. En el país el desempleo está en el 11.4 por ciento.

Igualmente, se establece que en la ciudad se crearon 104.876 nuevos puestos. En proporción estos representan el 78.8 porciento de los creados en el país en el mismo periodo, y los sectores más beneficiados fueron comercio, hoteles y restaurantes. Cuando el inventario del empleo se hace, resulta que en el sector manufacturado se crearon 34.345 nuevos empleos. Lo cual supone un trabajo de calidad, no afectado por el comportamiento estacionario, localizado y flexible.

En los índices de pobreza, y de miseria que aquejan a Bogotá, según registros, desde finales del siglo XIX, conforme lo anotaba el memorialista y político Samper Brush, durante el tercer milenio, en 2003, el 32 por ciento de los bogotanos estaba en pobreza. Para  el 2012, se señala que es el 11.6 por ciento, y la pobreza extrema pasó de 7, en el 2003,  al 2 por ciento en el 2013. Por pobreza extrema se califica a quienes solo pueden adquirir hoy la canasta de alimentos básicos con su ingresos.

El coeficiente GINI de pobreza para Bogotá pasó a 0.497 en el año 2012. Bogotá mejoró en un año 8 puestos en el rango insultante de la pobreza. De otra parte, en este cambio, no hay duda que medidas tomadas por la administración Petro han contribuido en estos resultados. En particular, 6 m3 de agua gratis para los estratos 1 y 2. Se han beneficiado 108.280 personas, en un caso; y 560.117 en el otro, con ahorros de $4.231, $8.463, respectivamente.

Refiramos la encuesta de calidad de vida del DANE de 2012. El 48.6 por ciento de los hogares que respondieron la encuesta reconocen que su nivel de vida mejoró en un lustro en materia de servicios públicos, salud y educación, principalmente. Y esto corresponde a las administraciones de la izquierda en Bogotá. Hoy el 98.8 por ciento de los hogares tiene energía, el 89.4 gas natural, el 99.9 por ciento en acueducto y alcantarillado, y el 100 por ciento de recolección de basuras. Es el punto de litigio más grave de la actual administración, que condujo a la mayor caída de la favorabilidad del alcalde Gustavo Petro, como lo probaron los índices de la encuesta de febrero de 2013.

El tiempo del POT

“El momento resulta oportuno…para dar una mirada profunda al concepto de densificación que defiende la alcaldía y que contempla como eje de desarrollo ampliado.”. Editorial de El Tiempo, 10.05.2013, p. 22.

                                                       Cerremos con el asunto más definitivo para construir las bases de la nueva Bogotá, la suerte del POT. Vino precedido por 67 jornadas de trabajo, a las que asistieron 2400 ciudadanos, con la presencia del funcionariado distrital. Trabajaron en 20 localidades, y en 36 diferentes espacios. Es una pobre participación, no hay duda. La pieza maestra del POT  tiene que ver con la destinación de un cuadrante de 11.000 has, donde, dice El Tiempo, “se pretende concentrar el crecimiento de la ciudad y desestimular la edificabilidad en sus bordes, garantizar acceso a servicios y empleo, mejorar la calidad de vida y reducir la segregación”.

La participación es precisamente el mayor lunar de las tres administraciones de la izquierda en Bogotá. Sus gobiernos no han logrado quebrarle el espinazo al clientelismo, y a los fantasmas de la representación que delegan en unos cuantos la suerte de millones de pobladores. Más bien, reforzaron el gobierno representativo, y Petro y su equipo no ha logrado quebrar esta situación. Dicha participación será definitiva en el combate a la segregación citadina, donde la puja entre el norte desarrollado y el sur deprimido, tendrá en el centro de la capital un punto de enlace y desenlace juntos, será el campo en disputa.

La discusión del POT se ha hecho, se arguye por la actual administración, con el liderazgo de las asociaciones civiles y políticas. Se ha movido lo que John Sudarsky llama el capital social bogotano, los líderes locales y comunitarios, asociaciones civiles y religiosas, junto con los funcionarios de las alcaldías locales y la mayor. Los grandes temas son: comercio combinado en zonas residenciales, redensificación contra la segregación entre norte y sur, con la  zona centro como punto neural de la nueva Bogotá.

A  todo lo anterior se refirió la ex secretaria de movilidad María Valencia, la nieta de J.E. Gaitán, quien respondió en un extenso escrito al otro proyecto urbanístico, el del neoliberal y exalcalde Peñalosa, derrotado en la pasada elección, que lidera el partido del norte y los urbanizadores que lo secundan.

También fueron y son tópicos de similar importancia la prostitución y las zonas de tolerancia, el cambio climático y el uso del suelo, la seguridad, donde los indicadores mejoran, dice el nuevo secretario de gobierno,  “pero la percepción de seguridad no”. El problema de roce con el gobierno nacional, a propósito de la vivienda gratuita, bandera social de la reelección de Santos, y capital político del segundo en la lista, el ministro Germán Vargas Lleras es también muy significativo.

La reforma económica en curso

Ahora bien, para hacer viable el sostén económico de la ciudad social, el músculo económico tiene que ser fortalecido en la economía popular, contrarrestando los efectos negativos de la fórmula neoliberal del TLC, implementado en el 2012. En materia de comercio, se pasó del 13.8 en el 2010 al 8.9 en el 2012. En la parte industrial, Bogotá apenas creció un 2 por ciento. 

Jorge Pulecio, un economista de la Nacional, forjado en  la nueva izquierda, la URS de los años setenta, al frente del IPES,  señala el cobro “gota a gota” con el que se esquilma a los trabajadores independientes. Este microcrédito de usura del 53 por ciento efectivo anual tiene que acabarse. Aquí radica la urgencia de  un banco público, dedicado a la economía popular, lo cual subleva a los tiburones del capital financiero, quienes apoyan la revocatoria del alcalde por debajo de cuerda, a la vez que miran con codicia y disposición depredadora el articulado del POT, donde la renovación del CAN es una presa jugosa que quiere extender sus tentáculos hasta el espacio vital de la Universidad Nacional.

Pulecio indica, que el 65 por ciento de la economía bogotana depende de la actividad económica de las pymes, que son las mayores empleadoras. A ellas destinarán una suma relativamente modesta, $7.000 millones para su auxilio. Contrastémoslo con los miles de millones robados por los contratistas de las obras civiles, quienes todavía no reciben un castigo efectivo, y los de los urbanizadores piratas, así como los que tributan poco o evaden los impuestos, como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Comparémoslo con los billones que obtienen ganados en la especulación financiera, y el auxilio se achica como la piel de zapa.

Estos empresarios legales y mayoritarios en número obtendrán créditos de hasta 25 salarios mínimos con un interés del 12 por ciento, y plazos hasta de 36 meses. Y a ellos se apoyará con formación empresarial específica, en concreto, 14 mil cursos que el SENA dirigido por Gina Parody, ofrecerá  a a partir de la reestructuración actual de esta institución minada por el clientelismo nacional y local que la afectó en las dos administraciones Uribe.

 El director anterior del SENA, fue uno de los grandes electores de la seguridad “democrática”, al lado de los programas asistencialistas, y la coacción para-política. Los tres  resumen el tiempo de la excepcionalidad de hecho y de derecho, para cooptar y someter a las masas de pobres y pobres extremos. Características sobresalientes del régimen para-presidencial, cuyo desmonte es tarea ciudadana, con el liderazgo provisional de Santos, arriba, Petro, en el centro, y con la ciudadanía de Bogotá y Colombia, las multitudes, auto-organizadas en el campo.

Una llamada de alerta

Los de abajo, los grupos y clases subalternas, auto-organizadas, participando con decisión  harán posible la nueva Bogotá, corrigiéndole la plana al alcalde actual en sus ademanes autoritarios que los tiene.  Alejando de él y sus inmediatos colaboradores  la manía sectaria. Conviene que no olviden que en el pasado existió un referente útil en materia política,  la Alianza democrática-M19.

Esta fórmula permitió que fueran la segunda fuerza en votos para la Asamblea constituyente, con lo cual fue posible la construcción común de la Constitución de 1991, y dar un certero golpe constitucional al bipartidismo bicentenario.  Es un acto que aprecia y defiende el alcalde Petro, y cuya copaternidad reclama Antonio Navarro, en la dirección del movimiento Progresistas, que procura una candidatura presidencial de consenso entre las fuerza de izquierda y democráticas, para disputarle en serio el triunfo a la reelección, y al candidato del Centro democrático.

Más aún,  esta experiencia de la AD-M-19 tiene un reto mayor en el historial de los grupos y clases subalternas colombianas. Tiene que ser ampliada si se le quiere ganar el pulso a la guerra,  para, de una parte, corregir el rumbo y el derrumbe a la que representó el PDA, presa de una corrupción monumental en los ejercicios de representación legal, del gobierno de Bogotá, de modo principal; de otra ser capaz de hacer un claro deslinde con el falso evangelio neo-liberal, que proclama y prohija la ciudad segregada, llenando de contenido social efectivo a la Bogotá humana, estimular y respaldar la participación de las multitudes sin distingos partidistas, y  sin propósitos clientelistas de corto alcance que son las tentaciones de los políticos tradicionales.



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