EL DEBATE EN TORNO A LA PAZ
LA VOZ DE
LOS GRUPOS Y CLASES SUBALTERNAS
Tomado del blog del representante Iván
Cepeda.
Desbrozando ideas (III): La capacidad de
pervertir la verdad
Timoleón Jiménez
La
dominación ideológica, el apoderarse del pensamiento de millones de personas
para que obren en consonancia con los intereses de los amos, adquiere en los
tiempos que corren una importancia trascendental para las clases dominantes.
Hacer ver como cierto lo que no le es y convertir en monstruos a quienes se les
oponen, les resulta vital para perpetuar sus ganancias.
Esa
compulsión está moviendo a las élites a emprender una peligrosa cruzada contra
el proceso de paz de La Habana. Cuando voceros oficiales en la Mesa, acusan a
las FARC de estar haciendo política por pronunciarse con frecuencia sobre
diversos aspectos del acontecer nacional, están poniendo en evidencia su
indignación porque salga a flote otra versión sobre la realidad.
Mediante una
sencilla tabla de comparación entre los contenidos del Acuerdo General firmado
en la Habana en agosto de 2012 y el ramillete de propuestas presentadas por las
FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, nuestros voceros demostraron ante el
mundo que ninguna de nuestras posiciones se halla al margen de lo acordado. El
régimen simplemente ignoró el ejercicio.
Voces del
alto gobierno aseguran que la demora en los avances obedece a nuestro continuo
esguince a la Agenda pactada, cuando en verdad se trata de lo contrario. Los
puntos de la Agenda se abordan en el orden que las partes acuerdan, y, por
ejemplo, el tema de la refrendación aún no corresponde. El gobierno, no
obstante, quiso imponer a toda costa, sin éxito, el Referendo.
La misma
Agenda contempla un punto específico para el tema de las víctimas. Sin embargo,
aún antes de llegar a él, se nos advierte que el tema quedará circunscrito a lo
establecido en el marco legal para la paz, proyecto que el gobierno adelantó
por su cuenta sin contar para nada con nuestra opinión. Se aspira a que nos
limitemos a deliberar acerca de las penas a pagar.
Si el propio
Fiscal General de la Nación anuncia que uno de los más difíciles escenarios a
tratar tras un Acuerdo Final será el de la guerra sucia contra los insurgentes
reincorporados, es porque existe la certeza de que sobre su vida y
posibilidades de actuar políticamente pesan gravísimas amenazas. Pese a ello,
nuestra insistencia en garantías plenas choca con los tabúes del gobierno.
La
consideración para vetar ciertos asuntos se limita a afirmar que no hacen parte
de la Agenda, cuando es verdad sabida que la doctrina que inspira la existencia
y actividad de la fuerza pública en nuestro país, que parte de considerar como
enemigo interno al opositor político, ha sido la columna vertebral de la guerra
sucia, el paramilitarismo y los innumerables crímenes de Estado.
Entonces no
es tan cierto que la ausencia de acuerdos concretos obedezca a nuestra taimada
necedad. Ya habíamos puesto de presente que más bien puede corresponderse a la
aspiración con que el Establecimiento concibió la solución política, una forma
barata de aniquilarnos definitivamente, para con las manos libres poder
implementar a sus anchas el proyecto neoliberal.
Pero bueno,
resulta legítimo, aunque no se las comparta, que cada una de las partes llegue
a la Mesa con sus propias aspiraciones. Precisamente allí, en el intercambio
dialéctico, pueden darse puntos de encuentro que posibiliten algunos grados
admisibles de consenso para los dos interlocutores. Siempre que exista
realmente la voluntad de pactar y no la de imponer.
De un tiempo
para acá resulta demasiado notorio que nuestras decenas de propuestas se
tropiezan con la actitud intolerante del gobierno. A lo que se suma además una
campaña mediática de inmensas proporciones contra nosotros, inspirada desde los
más altos niveles de la Administración. Ella comienza por considerarnos inferiores
y ajenos a todo derecho.
Lo cual
contradice abiertamente el protocolo riguroso observado por el gobierno
nacional con nosotros desde las primeras aproximaciones. Somos sujetos
políticos activos, reconocidos oficial e internacionalmente. No le hacen ningún
bien al ambiente de reconciliación los permanentes calificativos de
terroristas, narcotraficantes, abusadores, usurpadores y demás.
Así que todo
eso tiene que perseguir un propósito específico, deliberadamente trazado por
los estrategas del régimen y aplicado al dedillo por sus funcionarios. Y ese no
puede ser otro que el de preparar el terreno para una ruptura, decisión fatal
que quién sabe si el Presidente Santos haya sopesado en su aterradora
dimensión. No somos nosotros, sino el país quien se sepulta con ello.
No pasa un
día sin que tras el decomiso de algún cargamento de droga, salga un alto
oficial del Ejército o la Policía a asegurar que pertenecía a un Frente de las
FARC. Lo cual coincide con la invitación presidencial ante la ONU para que las
FARC cambiemos de bando y nos sumemos a la tarea de erradicar cultivos
ilícitos. Así nadie en el mundo dudará de nuestra condición de narcos.
Aunque sea
completamente falso. La gigantesca campaña por la reinserción, que incluso
alardea de incluir el trabajo de presión sobre las familias de los
guerrilleros, táctica miserable que envuelve secuestros, torturas y amenazas de
muerte contra centenares de familias inocentes, también difunde todo tipo de
bajezas en torno a la condición de las mujeres guerrilleras.
Con ello se
busca tocar la sensibilidad de las múltiples organizaciones femeninas que
luchan justamente por los derechos de la mujer, a objeto de que conviertan en
blanco permanente de sus denuncias a las guerrillas. Para alejarlas aún más de
cualquier influencia política sobre la población. Igual sucede con las
acusaciones de minería ilegal y despojo de tierras.
Cuestiones
en las que las élites sí que tienen intereses concretos, como queda visto con
el personaje nombrado en el ministerio de agricultura, que pone en evidencia la
falsedad de todas las bondades expresadas por el Presidente en torno a la
cuestión campesina. También saben Santos y la gran prensa de nuestro compromiso
de no realizar retenciones con fines financieros.
Pero no
esquivan la oportunidad de calificarnos como secuestradores y faltos a la
palabra cuando quiera que un soldado, policía o sospechoso extranjero es objeto
de retención, por encima de que trabajen para aniquilar unidades guerrilleras
completas. Toda la capacidad de pervertir la verdad es puesta en juego por la
casta dominante con tal de impedir la merma de sus beneficios.
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