PRAXIS SUR

PREPARANDO LAS DELIBERACIONES EN EL XIII SEMINARIO INTERNACIONAL, 14-16 NOVIEMBRE

Presentación

Este escrito nos lo comparte el colega y compañero ecuatoriano, quien fuera profesor de Economía Política en la U. Central, y quien es profesor en el programa de maestrías de la U. Simón Bolívar, en Quito, Ecuador.

Destacado director y animador de revistas y publicaciones de izquierda, quien es animador de nuestro proyecto editorial, la revista Pensamiento de Ruptura, y el proyecto de una sección de deliberación y acción de los gramscianos en la Subregión Andino Amazónica y Latinoamérica, que con el nombre Sociedad GlobAL Gramsci, propusimos hace un año, cuando realizamos el X SEMINARIO INTERNACIONAL GRAMSCI, en Bogotá.

POLITICA Y CORRUPCION EN ECUADOR

Francisco Muñoz Jaramillo.

I Antecedentes

Una impactante ola de creciente difusión de escándalos y denuncias relacionados con hechos de corrupción, se extiende actualmente en toda Latinoamérica. Este fenómeno que impera en los estamentos del poder oficial incluye al Ecuador en todos los ámbitos de la corrupción pública.

Nunca se registró una acción tan moralmente relajante y de tanto impacto en la economía y el desarrollo humano, como el que desató la corrupción y la impunidad en el gobierno de Rafael Correa.

Es toda una década, donde el envilecimiento y la minusvalía moral se generalizaron y profundizaron bajo el dominio y abuso político de elementos estructurales creados per se para institucionalizar y salvaguardar el poder oficial.

Para comprender y explicar este fenómeno de corrupción pública se requiere hacer una disección de la política. Vale decir, examinar su carácter y desentrañar su modelo y principales componentes sistémicos. En tal sentido, es necesario identificar los elementos que han estructurado el poder en su vínculo con la corrupción, esto es, el carácter determinante de la acumulación en esta década, que ha requerido una determinada forma de estado y régimen político.

Al examinar el carácter y desentrañar el modelo político de esta forma de gobernar, aparecen de cuerpo entero las grandes empresas transnacionales y sus relaciones de alto nivel gubernamental, para actuar en el campo del extractivismo y la re-primarización de las economías locales.

Sus tentáculos y formas corruptoras se enseñorearon especialmente en la explotación petrolera y minera; y, se extendieron a las millonarias obras de construcción de presas, represas, plantas hidroeléctricas, acueducto, poliductos, proyectos de vialidad así como hidroeléctricos y termoeléctricos.

Esto nos lleva a examinar algunos factores y características del modelo político que fue implantado durante el largo período del correísmo, que incentivó y encubrió sistemáticamente actos contrarios a la moral pública, suscitados por funcionarios enancados en las altas esferas del Estado, tal como ha ocurrido en otros países de la región.

Dicha comprensión requiere por otro lado tener en cuenta el contexto internacional, que se ha visto matizada por la disputa hegemónica mundial, con la presencia de China en la región, creándose así un momento y una novedad en el carácter de la dependencia de los países latinoamericanos.

I. Coyuntura y conflicto

Poco esperó la coyuntura para poner de manifiesto el conflicto y la contradicción de la escena, principalmente entre dos sectores de Alianza País, el uno liderado por Rafael Correa y el otro, representado por el actual presidente Lenin Moreno.

Antecede a esta significativa tensión la situación que se originó en julio de 2016, en torno a la decisión tomada al interior del movimiento oficialista para definir las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república .

En aquella ocasión afirmé que el oficialismo buscaba una fórmula feliz para mantener la unidad y dirimir entre sectores discrepantes del partido de gobierno. Efectivamente, el binomio Moreno –Glas se concretó y terció en las elecciones presidenciales de 2017, habiendo obtenido en segunda vuelta el triunfo para la presidencia y vicepresidencia de la república.

El mencionado resultado electoral se dio en el marco de una gran tensión política. Los dilemas e incertidumbres, así como los conflictos entre el mandatario saliente y el entrante hicieron posible la formulación de las siguientes preguntas:

-¿De qué calibre es este conflicto? -¿Es tan solo un “tongo” entre aliados que circunstancialmente se distancian? -¿Representa un reacomodo de fuerzas dominantes, como han sostenido algunos analistas, o, como dicen otros, es una “pelea entre mafias” de Alianza País?; o como cuestionan otros ¿es la coartada para impulsar una línea política de derecha neoliberal?

En medio de estos cuestionamientos que han marcado la situación coyuntural conflictiva caben también otro tipo de preguntas: ¿Se han abierto ciertos resquicios democráticos que pueden permitir que se modifiquen situaciones anteriores y se generen procesos democráticos que fortalezcan la organización y el desarrollo ideológico-cultural de los sectores sociales?

Esta situación de tensión agravada por el “intercambio de sablazos” políticos entre Lenin Moreno y Rafael Correa, por otro lado, contó con un ingrediente adicional de presión, provocación y detonación del conflicto político coyuntural subyacente. Que se manifestó a través de las denuncias de corrupción a funcionarios del más alto nivel del gobierno correísta –v.gr. los contratos efectuados con la empresa brasileña Odebrecht y otras- donde se encuentra involucrado principalmente, el vicepresidente actual Jorge Glass.

En este contexto, la actuación de la Comisión Nacional Anticorrupción ha sido premonitoria. Destapó la “olla de grillos” en el caso de la corrupción del Contralor Carlos Pólit. Posteriormente demandó a la Fiscalía General la investigación a fondo y la sanción penal ejemplar a los altos funcionarios implicados en las coimas del caso Caminosca, como Jorge Glass y Esteban Albornoz actual asambleísta de Alianza Pais. Graves casos que –al margen de su gran cobertura de medios de comunicación- ponen en una situación de difícil recuperación al vicepresidente Jorge Glass que ha sido señalado como “la cabeza” de una estructura piramidal mafiosa.

La necesidad de enfrentar la tensión en desarrollo del flamante gobierno de Lenin Moreno ha puesto en juego las virtudes del llamado al diálogo y al consenso, hecho por el presidente de la república, lo que ha generado un ánimo de tranquilidad y confianza en el país, haciendo posible un mayoritario y descollante respaldo de la población ecuatoriana. Según últimas encuestas, la aceptación popular del Presidente Moreno asciende a un 80%.

En efecto, durante sus primeros tres meses de gestión, el Presidente Moreno ha promovido un proceso de deliberación con diversos sectores sociales, productivos, empresariales, gremiales y políticos, así como un inteligente acercamiento a instituciones tales como las universidades. En concordancia con su llamado, Moreno ha puesto de manifiesto no solo su diferencia de estilo y de conducta, sino su crítica y contrariedad con la forma de ejercer el poder por el entonces Presidente Rafael Correa. Tempranamente dio el indulto a algunos dirigentes indígenas acusados de protesta y rebelión. Mantuvo una importante reunión con la cúpula de la CONAIE y abrió la perspectiva de impulsar otras alianzas con sectores sociales, dejando entrever en todas estas actitudes su diferencia y distancia con el estilo y política del correato.

Al mismo ritmo de galope político, Moreno ha logrado saldar diferencias con las organizaciones sociales y sindicales, principalmente la CONAIE, al mismo tiempo que evidenciar la confrontación de las tendencias internas de Alianza País, entre el correato y el morenismo, donde se debate, según aparece en escena, el dilema “continuidad o ruptura”.

Precisamente aquí radicaría el nudo gordiano de la coyuntura y la posibilidad de su desenlace. Por eso cabe plantearse la cuestión ¿será posible sostener un equilibrio y dar lugar a una conducción de tipo “bonapartista” que le permita a Lenin Moreno representar en hábil juego de fintas el uno y el otro aspecto del dilema?

Así, ensayando una síntesis de tan intrincada coyuntura, digamos que luego de las elecciones del 2 de abril de 2017, en los primeros 100 días de gobierno del nuevo mandatario, se ha configurado una expresión democrática contraria a ciertas formas autoritarias de ejercicio del poder, de las que hizo uso y abuso el ex presidente Rafael Correa, como expresion populista y bonapartista del ejercicio del poder, elmismo, que se combinó y articuló, como causa y efecto, con la corrupción pública al más alto nivel y magnitud inimaginable.

Más allá de las lucubraciones legítimas de una coyuntura que no se deja eviscerar, lo cierto es que en las primeras semanas de su gobierno, Lenin Moreno retiró las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glas en una manifestación clara de desconfianza en quien fue su binomio ganador en las reñidas elecciones pasadas.

Al mismo tiempo, Moreno ha obtenido importantes coincidencias y apoyos sociales e institucionales, v.gr. el espaldarazo de las Fuerzas Armadas que se manifestó el 10 de agosto pasado, por parte del Jefe del Comando Conjunto, cuando proclamó el respeto militar a la libertad y a la lucha contra la corrupción.

Moreno también ha influido - ¡sin meter las manos en la justicia!- garantizando el respeto a la autonomía institucional, en las decisiones de la Fiscalía General del Estado, para que se investigue y encarcele a determinados ex funcionarios vinculados a diversos casos de corrupción, y se abra la indagación respectiva a técnicos “de cuello blanco” relacionados a la empresa Odebrech.

Esta escudería brasilera de la corrupción internacional, a la que el gobierno de Rafael Correa dio a dedo (con licitación amañada) la ejecución de proyectos en los sectores estratégicos. Instancia donde Jorge Glas fue el responsable mayor.

Situación que se encuentra matizada por una de las la decisiones tomadas por el Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, de involucrar a Jorge Glas en la indagación del delito de “asociación ilícita” y obtener la autorización de la Asamblea Nacional para proceder a la investigacion del vicepresidente. Si bien es cierto que se han dado manifestaciones en torno a la diferencia interna en Alianza País, no se puede advertir aún sino indicios del desenlace del conflicto en la tienda partidaria gobernante. El llamado a Consulta Popular por parte del presidente de la república, como efectivamente se ha anunciado para el 2 de Octubre, podría constituirse en la espada que corte el Nudo Gordiano, por supuesto salvando la distancia entre Lenin Moreno y Alejandro Magno.

Sea como sea, el Ecuador se encuentra ante el reto de resolver el grave atasque político del momento y que puede hacerlo vía la consulta. En medio de todo esto se especula sobre ciertas posiciones correistas que impulsan una negociación interna en el bloque gobernante, para salvaguardar Alianza País –la reina en el tablero de ajedrez– poniendo en la picota la cabeza de un peón, esto es, de Jorge Glas, lo que sería como hablar de un nuevo caso de “chivo expiatorio” o modo de salvar un conflicto coyuntural larvado desde los días del correato.

Se ha anunciado así mismo, por parte de Correa, en su última visita a Bogotá la decisión de enfrentar a Lenin moreno. Queda en el desenlace de la coyuntura, en medio del llamado a consulta popular, mucha “tela que cortar”.

Lo que sí parece cierto es que la táctica política del presidente con el llamado a la consulta tendrá dos objetivos básicos, derrotar y arrinconar al correismo y neutralizar a la derecha política. that is the cuestión. Asunto que en los próximos días abrirá un nuevo ciclo de la lucha política coyuntural, que se expresara durante y después, del referéndum anunciado.

I. Modelo político y corrupción

En los diez años de gobierno, Rafael Correa, estructuró un modelo político que, tal como se ha mostrado públicamente, incentivo la corrupción pública, en medio de las posiciones antidemocráticas reiteradas. Se vuelve necesario identificar ahora los intereses y conflictos abiertos o soterrados que se dieron en su gobierno entre grupos económicos y fracciones sociales, que a lo largo de este proceso han demandado y usufructuado repartos de poder en el aparato del estado en beneficio de sus negocios e intereses privados.

¿Cuáles son entonces las determinaciones estructurales que han llevado a estos conflictos y límites de coyuntura y, sobre todo, a engendrar situaciones propicias al cometimiento de hechos de corrupción generalizada? Lo que corresponde a un modo de entender, hacer, ver y concretar el ejercicio del poder del Estado usando mecanismos y dispositivos institucionales, definidos e implementados en la fase del correato, funcionales en la estructuración de una forma de estado y régimen político.

En esta línea de interpretación metodológica cabe, en primer lugar, referirse a la relación mantenida por parte de fuerzas dominantes como resultado de los procesos de acumulación, en el contexto de la modernización capitalista implementado en la etapa correísta. Durante esta fase se pusieron de manifiesto importantes privilegios y vinculaciones con grupos económicos como Eljuri en Cuenca, o el Novis, de la empresaria guayaquileña Isabel Noboa Pontón. Pero también relaciones con nuevos sectores económicos. Grupos emergentes que se formaron a raíz de la crisis del año 2000, en condiciones de la quiebra de los bancos, o la dolarización de la economía.

Sectores principalmente asentados en Guayaquil, fortalecidos gracias a su apalancamiento en el aparato de Estado durante el gobierno de Rafael Correa. En esta línea cabe identificar la existencia de un grupo liderado por el hermano del expresidente Correa, Fabricio Correa altamente dependiente de los contratos con el gobierno . Algunos de los antes mencionados sectores se han vinculado especialmente en proyectos extractivistas con la importante y significativa inversión de la Republica China

En dicha configuración y articulación se encuentran personajes relevantes del gobierno de Rafael Correa, como el cuestionado vicepresidente Jorge Glass, o los hermanos Alvarado Espinel, o el asesor jurídico presidencial Alexis Mera, entre otros tantos. Todos estos personajes y nuevos grupos han usado el aparato de estado y sus recursos para generar –como lo dice Harvey– una “acumulación por desposesión” , la misma que no solo se ha manifestado en la actividad extractivista, en los sectores minero e hidrocarburífero, sino -en este contexto- se ha expresado a través de actos de corrupción vinculados, los mismos que, en un cálculo estimado, llegarían a un monto de prejuicio al Estado de 40 mil a 60 mil millones de dólares, acumulados por desposesión en los últimos diez años. Al mismo tiempo que mostrar la relación de grupos y capitales que surgen de la corrupción y se insertan en la dinámica del capital financiero internacional, tal el caso de los paraísos fiscales

“Los paraísos fiscales se encuentran orgánicamente articulados- dice Pablo Iturralde- al sistema financiero internacional, son consustanciales a la globalización financiera y, como es bien sabido, permiten la acumulación secreta de riqueza proveniente de delitos. Esta trama financiera es empleada por los grupos económicos para dirigir su proceso de ampliación y concentración económica, al tiempo que incrementan su poder sobre las estructuras políticas del Estado.”… “Un análisis rápido sobre la posición económica del grupo Eljuri, nos muestra que estos actos de corrupción dependen de un sistema de normas, instituciones y poderes que sirven principalmente para garantizar la concentración económica, utilizando mecanismos que normalmente no son ilegales, pero debido a la desigualdad social que crean, se puede acordar que son mecanismos injustos e ilegítimos.”

Cabe así mismo poner de manifiesto el vínculo con los intereses y necesidades del capital financiero internacional, en disputa con la significativa inversión financiera de la China. Situación que durante el decenio del correísmo coadyuvó a la estructuración del bloque en el poder y su hegemonía. Contexto de disputa en el que resultaron subordinados ciertos sectores económicos de la tradicional oligarquía guayaquileña y grupos serranos, especialmente quiteños, vinculados a la actividad industrial, comercial y financiera. Y que hoy se manifiesta como tensión entre grupos asentados en las distintas regiones, principalmente Quito y Guayaquil.

En la inmediatez de las coyunturas económicas, especialmente de las crisis, el predominio de uno u otro sector se desplazó desde el predominio de los sectores importadores, al de los sectores del mercado externo. Forcejeo que marcó el paso del desenvolvimiento del gobierno de Rafael Correa y que mostro, en determinadas circunstancias, la condición caudillista/bonapartista para arbitrar e imponer definiciones en el bloque dominante.

En segundo lugar, desde otro ángulo de enfoque, , en la fase correísta y condicionado por las necesidades de reproducción de la economía principalmente extractivista, se ha configurado una forma de estado intervencionista que ha suplantado a la sociedad y ha reducido al mínimo la incidencia de los actores sociales a las determinaciones del estado y su aparato.

En este sentido, se requiere reconocer que en los diez años pasados se ha recuperado la acción y decisión del estado frente a las ejecutorias neoliberales que en la etapa anterior a Correa, lo desmantelaron y lo redujeron a la condición de apéndice directo e inmediato de los intereses privados hegemónicos.

Esta forma de estado, por otro lado, limitó la participación social y ciudadana y la institucionalizó en un aparato del Estado denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según la disposición constitucional elaborada en Montecristi, selecciona y designa los más altos funcionarios del Estado, v.gr. el Contralor General, el Fiscal General, los Jueces de la Corte Constitucional, las autoridades de la Función Electoral, entre otras.

Todo esto es coherente en el contexto de la concentración de poderes de la década correísta, o régimen híper-presidencialista, para de modo arbitrario imponer funcionarios públicos claves que han coadyuvado y protegido situaciones y hechos de corrupción e impunidad, como se ha demostrado en los últimos años, y se ha evidenciado la coyuntura en los últimos meses.

Estatismo que ha determinado formas de comportamiento gubernamental que en el ejercicio del poder ha puesto el énfasis en la coacción antes que en el consenso, en las políticas regresivas antes que progresivas, o como lo dice Zibechi al analizar la situación ecuatoriana:

“… Un Estado capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un ‘Estado capilar’ complemento del ‘Estado fuerte’. (…) Un Estado fuerte para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. (…) Mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador o progresista partidario del Socialismo del Siglo XXI” .

En tercer lugar, en esta perspectiva de reforzamiento del Estado, se ha configurado una forma de régimen democrático representativo, un modelo político de comportamiento que ha puesto el acento en el carácter presidencial-reforzado conocido como híper presidencialismo, que ha ejercido el poder de forma verticalista y autoritaria.

Régimen político que se ha constituido a través de dispositivos caudillistas y populistas, causa y efecto de la forma presidencialista y verticalista del ejercicio de gobierno, lo que me llevó a comprender el fenómeno -en la investigación mencionada realizada en la Universidad Central - como un tipo de “bonapartismo/cesarismo”, es decir, como una forma de ejercicio del poder que arbitra, equilibra e impone las decisiones del estado, gracias a la concentración de funciones y la arbitrariedad, para lo cual es indispensable una intervención estatal fuerte en correspondencia con los intereses y necesidades de estructuración de la nueva hegemonía y del bloque dominante.

“… la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales, da paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como ‘enemigo público’ a todo aquel que se le enfrente o disienta” . En esta línea, en el gobierno de Rafael Correa se ha expresado la concepción de Carl Schmitt sobre la política, quien la concibe como enfrentamiento entre “amigos–enemigos”.

Es un régimen definido, de corte bonapartista, que pone por delante la representación personal o el carisma del liderazgo, y lo combina con una fuerte presencia y dirección vertical de corte populista. En este sentido, en los diez años pasados se ha construido un régimen político centrando la actividad gubernamental en torno a la simpatía de, o antipatía a la figura carismática y su política.

En cuarto lugar, uno de los aspectos estructurales más importantes de la implementación del régimen ha sido la constitución de un sistema de partidos disperso y débil, que ha creado las condiciones para la constitución de un partido de gobierno predominante: Alianza País.

En el curso del gobierno de Rafael Correa se intentó la formación de un partido único, ligado íntimamente al aparato del Estado, y unos cuantos partidos satélites débiles funcionales a dicho sistema. En todo caso, partido predominante en consecuencia que ha articulado relaciones sociales y ha cooptado las organizaciones populares, vinculando procesos que derivan a favor de situaciones de corrupción flagrantes.

Importante estructuración que construyó un aparato centrado en el líder carismático y en la conducta incondicional de sus dirigentes de cúpula.

Una suerte de réplica de los partidos populistas-caudillistas tan conocidos en la historia de América Latina. Agrupación que, paradójicamente, engendra debilidad sustancial en tanto partido moderno, pero que combina con fortaleza funcional al momento de conducir las coyunturas detrás del caudillo, de implementar mecanismos clientelares, de representar a amplios sectores de la población, de resguardar y proteger actos de corrupción si fuese necesario.

Carácter del Estado y régimen, entonces, que ha desarticulado organizativa, ideológica y simbólicamente la voluntad social colectiva nacional, en el proceso de consolidación de la hegemonía para modernizar el capitalismo ecuatoriano “desde arriba”, implementando un patrón de reproducción o acumulación extractivista de los recursos naturales, y la reprimarización de la economía en el marco de una renovada dependencia a las necesidades de penetración y articulación del capital financiero mundial, modificado como consecuencia de la crisis de 2008; y que replantea el contenido y la forma de la dependencia en la región.

En el artículo mencionado que circuló el 24 de mayo dije lo siguiente:

“… en consecuencia, (el régimen correista) representa el carácter, cambio y consolidación de la norma constitucional y la arquitectura jurídica en la perspectiva de afianzar la forma del dominio político. Al mismo tiempo deja ver el comportamiento arbitrario del Estado de excepción, del régimen y del liderazgo correísta; ingresando sus propias “reglas” en una condición de inestabilidad. De tal manera que no existe –o se manifiesta vulnerable- un sistema jurídico que prevea sus transformaciones en forma parecida a como se impuso el estado de excepción fascista en momentos de aguda crisis política en Alemania” .

“En esta perspectiva analítica, entonces, el derecho en rigor – decía el documento citado- ya no limita el poder. En cuyo caso se “despliega hacia la esfera de la intervención estatal”, que produce efectos sobre la función parlamentaria que se encuentra sometida a la rama del Ejecutivo a causa de la trasformación del derecho”.

En este documento se ha podido exponer una breve descripción de algunos de los elementos estructurales del modelo político correísta, el estatismo, el régimen político verticalista y autoritario, el régimen de partido predominante combinado con la débil estructuración partidaria.

Modelo, en consecuencia, que ha tejido una urdimbre de factores, los mismos que han creado las condiciones de posibilidad para extender y profundizar la corrupción, e implantar políticas antidemocráticas. Al mismo tiempo que se afianzó el régimen a través de una arquitectura jurídica creada ad-hoc, vía la consulta que “metió la mano a la justicia” en el 2011, las llamadas “enmiendas constitucionales” en el 2015, y otras reformas ex profeso, así como actuaciones arbitrarias y autoritarias contrarias a la Constitución de Montecristi.

III. Conclusión

Concluida la etapa de despegue del gobierno de Lenin Moreno, considerando las condiciones existentes y descritas en los párrafos anteriores, evidenciados los conflictos y retos, las incertidumbres y dilemas, se abre en consecuencia un periodo de efectivas reformas democráticas que influiran en el cambio del modelo estatista y antidemocrático afincado primordialmente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de una consulta popular.

Teniendo presente el límite de este mecanismo democrático se requiere tener conciencia de la necesidad de avanzar, en tanto maduren las condiciones, hacia una legitima Asamblea Constituyente para debatir y aprobar una nueva Constitución, salvaguardando principios y derechos fundamentales, especialmente el estado plurinacional y los derechos de la naturaleza, consignados en la Carta de Montecristi, y corrigiendo el híper-presidencialismo. En esta perspectiva también se requiere reformar la Ley de Comunicación y el Código Penal e innúmeros decretos ejecutivos dictados al arbitrio de Rafael Correa y que deben ser derogados.

En el artículo mencionado que circuló el 24 de mayo a propósito de la posesión de Lenin Moreno como presidente sugerí:

“En la perspectiva política que se inicia formalmente el 24 de mayo cuando se posesione Lenin Moreno como Presidente de la RepÚblica, se perfilan las siguientes propuestas programáticas, de cuya realización depende la definición del periodo de transición:

• Aquellas relativas a las demandas democráticas, principalmente el indulto y la amnistía de los dirigentes y luchadores populares que fueron enjuiciados, sancionados y encarcelados. Las reformas al Código Orgánico Penal y a la Ley de Comunicación entran en este ámbito de demandas programáticas, donde debe contemplarse también la posibilidad abierta de reformar la Constitución vía Asamblea Constituyente o Consulta Popular como prevé la Carta Magna en vigencia.

• Frente a la corrupción, se demanda que haya investigaciones serias y la formulación de un sistema que atienda la institucionalización y la cultura anticorrupción. En esta perspectiva, se ha destacado de forma emblemática la presencia y actuación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, se requiere hacer ajustes institucionales que articulen los organismos de control, fiscalización y justicia, creándose, así mismo, un sistema capaz de cambiar la cultura de inclinación valorativa a favor de la corrupción por parte de la sociedad.”

A continuación del mismo artículo sugerí una línea de conducta política a los sectores sociales, democráticos y de izquierda, que decía:

“La reflexión de la coyuntura poselectoral nos ubica en esa perspectiva estratégica, misma que requiere plantearse los modos de recuperar y recrear en su conjunto el movimiento social y la tendencia de izquierda, que ha sufrido en el Ecuador contundentes embates ideológicos, sociales, simbólicos y políticos durante los diez años de correísmo. Posicionamiento que además demanda el despliegue de actividades ideológicas para contribuir con el cambio cultural, es decir la transformación del “sentido común” de los sectores subalternos. Este desarrollo teórico, ideológico y cultural será un punto de apoyo de la renovada organización social estratégica en el futuro inmediato, mismo que debe tener como función y objetivo construir la contra hegemonía.

Comprender -por otra parte- que la actuación en la coyuntura demanda de coincidencias, alianzas y acuerdos, que deben partir de la movilización y resistencia de los sectores sociales. Participación coyuntural que debería orientarse a la creación de condiciones políticas institucionales para transitar en la organización y desarrollo desde abajo. En esta perspectiva, la izquierda y los movimientos sociales deben identificar los puntos en los que se puede acordar y coincidir con otros actores, en el contexto del gobierno de Moreno.

La táctica de unidad social y política de la izquierda y el movimiento social, como de acuerdos con sectores democráticos, que exige reivindicaciones sociales al gobierno de Moreno, debe diferenciarse de las estrategias y medidas de restauración conservadora que laten en el seno del oficialismo y son vistos con beneplácito por sectores de la derecha tradicional, es decir, por las fuerzas retrógradas que presionan y aspiran a volver a dirigir el Ecuador.

Singular característica de la realidad ecuatoriana que tiene en esta política la clave para el efectivo cambio y el desmontaje -aunque fuere parcial- del correísmo. En esa medida, poner fin a esta etapa histórica que hemos vivido desde el 2006. Acuerdo que incluya las posiciones, los actores y las organizaciones democráticas, y se convierta en un marco de apoyo y fortalecimiento de todos aquellos procesos que se emprenden y desarrollan desde abajo, para conducir el cambio de los sectores subalternos en perspectiva contra- hegemónica. Que se diferencie y separe del pacto o unidad del bloque dominante, que busca nuevamente hacer caer el peso de la crisis económica y de las medidas correctivas en las espaldas de los trabajadores y los sectores populares y medios.

La izquierda y los movimientos sociales así como las fuerzas democráticas de oposición obligaron al correísmo a dar un paso atrás y en tal sentido deponer la participación de Rafael Correa como candidato en el año 2017. Ahora se trata de superar ese momento e ir más allá, haciendo posible los cambios necesarios de la transición que debe operativizar el presidente Moreno, como resultado de estas exigencias y coincidencias, de tal manera que se emprenda en las reformas y rupturas, para superar la etapa que se ha vivido el Ecuador y avanzar en el proceso de transición” .

Quito, 29 de Octubre de 2017

Referencias Bibliográficas

Harvey, David. “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”.

Iturralde Pablo. Eljuri mas allá de la corrupción o sobre la lupemburguesia

Muñoz, Francisco; Mario Unda, Carlos Michelena Ordóñez, “Coyuntura Política e Izquierda Ecuatoriana, Régimen, Crisis, Elecciones e Izquierda”.

Muñoz, Francisco, editor, et.al. “Balance Crítico del Gobierno de Rafael Correa”. Universidad Central del Ecuador. Primer Premio Universidad Central 2016.

Muñoz, Francisco, “24 de Mayo 2017: Dilemas e incertidumbres”. Publicado en Plan V, versión digital. Quito, 2017.

Ospina Pablo. Coyuntura Política septiembre 2017

Poulantzas, Nikos. “Fascismo y Dictadura”.

Schimitt, Carl. “Teología política”.

Volenweider, Camila. “La revancha de las élites y el teatro del golpe”.

Zibechi, Raúl. “La construcción de un nuevo modelo de dominación”.